UGT, CCOO, otros sindicatos y decenas de organizaciones del ámbito civil, como la Plataforma Afectados por la Hipoteca promovieron conjuntamente el pasado jueves, un manifiesto en el que piden al Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos que la próxima Ley estatal de vivienda, cuyas negociaciones se han reanudado ayer, regule el precio del alquiler, prohíba los desahucios a familias vulnerables o aumente el parque público de vivienda, desde el 2,5% actual hasta el 20%.
En Palma hace dos años desde la Unión General de Trabajadores. (UGT) dieron el pistoletazo de salida para un verdadero derecho a una vivienda digna. Su secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social, Mari Carmen Barrera, pidió en marzo de 2019 al Gobierno socialista que instaurase “un verdadero derecho de vivienda” y que se implemente “un Plan de Vivienda que proteja a los ciudadanos de la pobreza. No podemos volver a repetir el drama de los desahucios”, señaló.
“Es necesario que se recupere la inversión en vivienda, porque prácticamente ha desaparecido. La época de los recortes ha pasado”, destaco por aquel entonces Mari Carmen Barrera.
Un año después, semanas antes de que se declarase la emergencia sanitaria en España por la Covid-19 y un confinamiento durante meses, los secretarios generales de CCOO y UGT presentaron una iniciativa sindical por el derecho a la vivienda en la que planteaban que se modificará la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
Un debate todavía no resuelto y, en el que tienen que estar presentes los sindicatos porque “la vivienda hoy en día se ha convertido en uno de los elementos fundamentales para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Tiene tanta importancia para su disponibilidad de renta, como negociar bien su convenio colectivo. Por eso hay que propiciar que se tomen medidas y se adopten políticas para tener una vivienda digna en unas condiciones compatibles con su salario”, afirmaron.
Han pasado dos años desde aquella primera jornada sobre vivienda, organizada por UGT, el Govern Illes Balears y el Ajuntament de Palma y en la que participó el ministros José Luis Ábalos.
Ahora las conversaciones entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) y la secretaría de Estado de Agenda 2030, se pausaron a comienzos de este mes de febrero para no interferir en las elecciones catalanas.
Las fuertes discrepancias en el Gobierno de coalición, entre el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, y la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, han creado cierta preocupación en los sindicatos y organizaciones sociales.
Por esa razón, el pasado jueves se presentó un manifiesto que quiere recordar a los dos partidos que es urgente “limitar los precios del alquiler en las zonas tensionadas, que se establezcan fórmulas para movilizar vivienda la vacía hacia el mercado del arrendamiento asequible, sobre todo, las que son propiedad de los bancos, la prohibición de los desahucios a hogares vulnerables o la definición de gran propietario, entre otros puntos”.
“Tras 42 años de absoluta vulneración de este derecho humano, debemos remarcar que la nueva Ley será papel mojado si no protege y garantiza de manera efectiva el Derecho en todo el territorio” recoge el comunicado conjunto que firman, entre otros, UGT, CCOO, CGT, los Sindicatos de Inquilinos o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
«No dejaremos escapar la oportunidad que brinda la elaboración de la primera ley estatal en la materia para conseguir un avance histórico en la cobertura de este derecho fundamental”.
Durante la rueda de prensa, Pepa Ávalos, técnica de la secretaria Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, señalo que “la crisis ha agravado el problema de la vivienda en España para los trabajadores y trabajadoras, en los últimos años y más después de la reforma laboral, y ahora, la crisis sanitaria de la COVID-19 que ha mostrado, más que nunca, que la vivienda es el soporte para el desarrollo de otros derechos humanos fundamentales como la dignidad, la intimidad, el desarrollo personal o la seguridad”.
El problema de la vivienda ha sido denunciado por todo tipo de organizaciones y por el relator de Naciones Unidas. “Esta vez vamos a encontrar una alternativa real a cantidad de sectores sociales que necesitan superar la emergencia habitacional: desde las personas sin hogar hasta la juventud que no puede formarlo, pasando por más del millón de hogares que han sido desahuciados de sus viviendas por no poder pagar la hipoteca, la renta de alquiler o no tener título y por la enorme cantidad de familias que no pueden hacer frente ahora al pago del alquiler”, señala el manifiesto.
La próxima ley “debe garantizar el derecho a una vivienda digna, asequible, accesible y adecuada como derecho subjetivo”.
Regular el precio de los alquileres
Otras medidas que reclaman las organizaciones es un mecanismo para regular el precio de los alquileres y adecuarlos a los salarios de la población en cada zona del territorio, así como modificar la ley de arrendamientos urbanos “para dar protección y estabilidad a los inquilinos del conjunto del país”.
Vivienda social
En el manifiesto exigen “ampliar las dotaciones presupuestarias para vivienda y políticas sociales hasta llegar al promedio europeo de parque público, destinando como mínimo el 2% del presupuesto estatal”. Para ello, apuntan al uso de una parte de los fondos europeos.
Garantizar los suministros básicos
También piden “garantizar los suministros básicos de agua, luz, gas y acceso a las telecomunicaciones para evitar la brecha digital como parte de una vivienda digna”.
Hogares con deudas hipotecarias
Por último, reclaman una segunda oportunidad efectiva para los hogares con deudas hipotecarias, y desarrollar medidas contra el sobreendeudamiento y los abusos financieros e inmobiliarios».
