La Ley de Vivienda vuelve a dificultar las relaciones entre los socios de Gobierno. Si ayer Unidas Podemos lanzaba un mensaje en el que se lamentaba que no se cumplieran los acuerdos pactados en la Ley de Vivienda, después eran las fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana quien defendía «trabajar para impulsar esta norma que pretende ser representativa de toda la sociedad española, que nazca desde el acuerdo con todos los sectores sociales, que huya de sectarismos y piense en todos los ciudadanos y ciudadanas, especialmente en los más vulnerables«.
El Ministerio de Ábalos, de hecho, informaba que ayer mismo continuaron las conversaciones entre la Secretario General de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas (PSOE), con la Secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra (UP), para la configuración de un texto definitivo.
Según el Ministerio, se ha realizado una propuesta en la que se analizan aspectos tan importantes como el objeto y fines de la ley, la función social y el régimen jurídico de la vivienda, la acción de los poderes públicos en materia de vivienda, el derecho a la vivienda y la ordenación territorial y urbanística, la conformación de los parques públicos de vivienda, el posibilitar viviendas dignas a precios asequibles, la colaboración entre administraciones, la soluciones habitacionales para las familias vulnerables, las medidas de protección y transparencia en las operaciones de compra y arrendamiento, la rehabilitación de viviendas, la colaboración público privada y la creación de fondos sociales de vivienda.
En esa reunión se han abordado diferentes problemas en el ámbito de la vivienda y se han estudiado diferentes soluciones, según las mismas fuentes.
Además, el ministerio quiere resaltar la solidez y rigor de las propuestas presentadas, que pretenden conseguir soluciones reales a las necesidades habitacionales en España, ser garantistas con el Derecho a la Vivienda y alejarse de iniciativas que no resuelvan los problemas existentes.
