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Ábalos pone la imagen del Consejo de Ministros para el fin de los desahucios en pandemia

Advierte el ministro que esta medida excepcional «no legitima la ocupación de viviendas»

María José Pintor
María José Pintor
Periodista en cuerpo y alma, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco.
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análisis

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Ha sido una larga lucha dentro del Consejo de Ministros ante la insistencia de Unidas Podemos, pero por fin se ha aprobado el fin de los desahucios en el CM. Y quien da la cara y lo cuenta, en la rueda de prensa posterior, es el ministro de Transporte, José Luis Ábalos. Por eso de crear equilibrio para la puesta en marcha de esta iniciativa, ha dado las gracias igualmente a la Vicepresidencia Primera, Carmen Calvo, que la vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. Probablemente los dos miembros del Ejecutivo más equidistantes.

En su intervención, Ábalos anuncia la extensión de la moratoria de prohibición de los deshaucios «para un momento de excepcional dificultad para preservar el derecho constitucional a la vivienda y proteger a las familias más vulnerables y los derechos de los arrendadores». Avisa que es una normativa que «no legitima la ocupación de viviendas».

La foto hoy de la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros muestra a tres socialistas, Calvo, Montero y el propio Ábalos. Una instantánea que no puede pasar desapercibida para Unidas Podemos, que lleva meses luchando tanto por la prohibición de desahucios en la pandemia, como la restricción de cortes de agua, luz y energía a las personas vulnerables en estos tiempos de crisis por la Covid. Las medidas más visibles que hoy se aprobaban en este Ejecutivo.

El ministro manifiesta que se trata de «motivar una respuesta habitacional sin perjuicio de los arrendadores» y subraya que se trata de una medida excepcional con fecha de expiración, que será en mayo, cuando acabe el estado de alarma.

«Es importante que podamos alargar esta situación y hacerlo más si cabe en estas fechas tan entrañables», ha explicado José Luis Ábalos. «Aplazamos hasta el 9 de mayo las suspensiones fijadas hasta el 31 de enero e incorporamos otros colectivos vulnerables en una medida claramente excepcional», aclara.

Condición vulnerable

Cualquier persona inmersa en un procedimiento de desahucio podrá alegar su condición de vulnerable. Con ello, se suspenderá el proceso y los servicios sociales autonómicos verificarán y dictaminarán ante un juez. Este podrá paralizar el desalojo a la espera de que los servicios sociales de la comunidad autónoma hallen «una solución habitacional digna»

Texto

A partir de los tres meses de la emisión del informe de vulnerabilidad por los servicios sociales, especifica el texto, “si no se hubiese facilitado una alternativa habitacional se compensará a los arrendadores desde el momento en el que se acordara la suspensión”.
El texto aprobado en el Consejo de Ministros exige también que el presunto perjudicado por la paralización del desalojo espere tres meses y, además, sea capaz de demostrar un «perjuicio económico» por la medida. Solo en ese momento podrá solicitar la indemnización económica. Si no, “no recibirán compensación”.

En caso de contar con un contrato de alquiler, demostrarlo será relativamente sencillo para el propietario, según explica la ministra portavoz, María Jesús Montero.

Ayudas comercio y turismo

La portavoz avanza también tras este Consejo de Ministros que «el Gobierno va a movilizar 4.220 millones de euros en apoyo al sector del comercio y el turismo.

El esfuerzo más significativo hasta ahora ha estado en los ERTE, o 16.000 millones del fondo covid que sirvieron para liberar recursos que se tradujeron en ayudas para estos sectores. Este plan es un nuevo paso para reforzar estos sectores. El plan tiene cinco objetivos: reducir el coste de los negocios a través de reducir el coste fijo de arrendamiento, facilitar liquidez, aliviar la carga fiscal a través de la rebaja y aplazamiento de impuestos, reducir cotizaciones al objeto de aliviar el coste fijo, flexibilizar medidas regulatorias».

El Gobierno amplía la prohibición del corte de suministro de electricidad, agua y gas hasta el fin del estado de alarma el 9 de mayo, según se ha aprobado en el Consejo de Ministros.

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