El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía han dado su visto bueno al traslado al vertedero de Nerva, en Huelva, de al menos 110.000 toneladas de residuos tóxicos muy peligrosos procedentes de Montenegro, a más de 3.000 kilómetros de distancia de su lugar de destino definitivo. Ambas administraciones permiten de este modo que este recinto, único por sus características en todo el país, colmatado desde hace años y protagonista de incontables incidentes medioambientales, siga recibiendo miles de toneladas de residuos altamente contaminantes aunque sean procedentes de países ajenos a la Unión Europea, cuando en el momento de su creación, a finales de los años 90 del pasado siglo, sólo iba a acoger exclusivamente vertidos de una parte de Andalucía. Los hechos constatan una vez más el deseo no admitido por ambas administraciones para que Nerva sea el vertedero de referencia a nivel europeo.
Esta decisión unificada de ambas administraciones, a favor de permitir este polémico traslado de una cantidad ingente de residuos muy peligrosos a más de 3.000 kilómetros de su lugar de origen, choca frontalmente con las posiciones que los distintos partidos políticos al frente del Ejecutivo central y del Gobierno andaluz tienen sobre la ampliación del vertedero. PSOE, Unidas Podemos y Partido Popular mantienen posturas claramente contradictorias en su seno según se analice la problemática a nivel estatal, autonómico o incluso municipal.
Tanto el PSOE como Adelante Andalucía (formado actualmente por la confluencia de Podemos e Izquierda Unida en el Parlamento andaluz) apoyaron en el Parlamento de Andalucía en junio de 2020 una proposición no de ley de Adelante Andalucía para frenar el proyecto de ampliación del saturado vertedero onubense. PP, Ciudadanos y los ultraderechistas de Vox dieron su visto bueno a la ampliación. Los ediles populares del municipio que albergan estos residuos, en cambio, llevan años exigiendo a las administraciones competentes el cierre definitivo de estas instalaciones en el ojo de la polémica.
Mientras, el Gobierno bipartito andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla tramita actualmente desde abril de 2020 la solicitud de ampliación del vertedero de Nerva pese a que numerosos estudios han evidenciado que el recinto sobrepasa desde hace años en un 300% su capacidad real de contener residuos peligrosos.
Primer envío de Montenegro en 2019
El primer envío desde Montenegro a Nerva, a más de 3.000 kilómetros de distancia, se realizó en 2019, como denunció Ecologistas en Acción. En un primer momento, el Gobierno de Pedro Sánchez no autorizó la entrada en el vertedero de Nerva de unas 40.000 toneladas porque no cumplía los requisitos que estipula el Convenio de Basilea sobre el control transfronterizo de desechos peligrosos y su eliminación. Ahora, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica han confirmado a Diario16 que estos residuos peligrosos sí se llevaron a Nerva con el consentimiento expreso del ejecutivo central después de que Ditecsa, que gestiona el recinto, aportara más información de la empresa emisora sobre el contenido de los residuos trasladados en barco hasta el puerto de Sevilla, y desde aquí hasta Nerva en miles de camiones por carretera durante los 80 kilómetros que separan la capital andaluza con el municipio onubense.
“Ante la oposición al traslado, la empresa Valgo interpuso un recurso en febrero de 2020 en el que argumentaba la adecuada caracterización del residuo aportando documentación al efecto. Tras evaluarla junto con los técnicos de la Junta de Andalucía, se consideró que se podía proceder a la estimación parcial de las alegaciones presentadas en el recurso interpuesto y autorizar el traslado, si bien sometido a una serie de condicionantes”, confirman a este diario fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. “En consecuencia, y dado que se contaba con el consentimiento previo de la Junta de Andalucía –la administración competente en materia de gestión de vertederos–, esta Dirección General ha autorizado sendos traslados de residuos”, apuntan estas fuentes ministeriales. En total, son al menos 110.000 toneladas de residuos tóxicos y muy peligrosos las que se están trasladando a Nerva desde 2019 en unos 6.000 camiones.
El Ministerio para la Transición Ecológica confirma que también el envío inicial de 2019 obtuvo su permiso tras aportar la empresa más información sobre el contenido de los desechos
Estas fuentes ministeriales han explicado a este diario que las analíticas aportadas por la empresa responsable de recibir y gestionar los residudos “no incluían información sobre la naturaleza contaminante que afecta al residuo que quería eliminarse mediante depósito en vertedero, para verificar la idoneidad del tratamiento planteado (D9)”. Debido a ello “se decidió oponerse al traslado de los residuos con código LER 12.01.16* “residuos de granallado o chorreado que contienen sustancias peligrosas”, con destino a Nerva “dada la falta de precisión en la caracterización del mismo, lo que no permitió valorar con precisión si el tratamiento de eliminación al que iba destinado, vertido en lugares especialmente diseñados (D5), era el más adecuado para el residuo objeto del traslado”.
Indignación vecinal
Organizaciones ecologistas y ciudadanas como Nerva, Salud y Dignidad han mostrado su indignación con este “ninguneo” al que las distintas administraciones están sometiendo a su población, después de conocer que todas ellas juegan “al despiste” con un problema que lleva años enquistado y ninguna responde al clamor vecinal que reclama el cierre definitivo de estas polémicas instalaciones, protagonistas de incontables incidentes medioambientales desde su puesta en marcha en 1998 por el Gobierno socialista de Manuel Chaves.
Esta plataforma vecinal ha iniciado la campaña ‘Mi tierra en tus manos’, con la que pretende concienciar a los políticos andaluces para que no permitan la proyectada ampliación del recinto nervense. Los 109 parlamentarios andaluces están recibiendo en la sede de la Cámara autonómica miles de sobres con una bolsa de tierra de la localidad onubense y una carta, enviados a todas las formaciones políticas, en los que se reclama el cierre definitivo del vertedero.
