El presidente andaluz y la consejera de Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, guardan silencio sobre los residuos de Montenegro sepultados en Nerva.

Los más de 3.200 kilómetros que recorrieron entre marzo y agosto del pasado 2019 las 40.000 toneladas de productos muy tóxicos y peligrosos desde Montenegro hasta ser sepultados en el vertedero de Nerva, en Huelva, se trasladaron en barco hasta Sevilla sin el consentimiento obligatorio y preceptivo del actual Gobierno de España y con el conocimiento de la Junta de Andalucía, como se pone de manifiesto en las dos solicitudes de permisos remitidas desde el Gobierno autonómico de Juan Manuel Moreno Bonilla al de Pedro Sánchez en 2019, ambas rechazadas.

La asociación conservacionista Ecologistas en Acción, que denunció a finales del pasado octubre este traslado de productos tóxicos e incluso cancerígenos para la población, señaló la posibilidad del “posible tráfico ilícito de residuos peligrosos” procedentes de este país de la extinta Yugoslavia contraviniendo el Convenio de Basilea, que prohíbe expresamente la importación de sustancias peligrosas, como las que durante el pasado año se sepultaron en el polémico vertedero onubense, gestionado por la empresa Ditecsa, que en la actualidad está pendiente de recibir el visto bueno a un proyecto de ampliación, impulsado por el Gobierno andaluz en pleno confinamiento el pasado marzo, que rechazan de plano diversas asociaciones vecinales y conservacionistas, así como los partidos de la oposición parlamentaria andaluza (PSOE y Adelante Andalucía) e incluso el Partido Popular de Nerva, que se posiciona en contra de los planteamientos a favor del proyecto de su formación política a nivel autonómico.

La Consejería de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible remitió a finales del pasado 2019 al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dos solicitudes de traslado de más residuos procedentes de Montenegro y con destino al vertedero onubense de Nerva que no fueron autorizadas, según han confirmado a Diario16 fuentes de este Ministerio.

El Gobierno de Moreno Bonilla guarda silencio mientras tramita el proyecto de ampliación del colmatado vertedero onubense, al que se opone incluso el PP local

“Cualquier traslado a un vertedero en el territorio de una comunidad autónoma necesita el visto bueno de la autoridad autonómica y además, en el caso de países terceros de la UE, la autorización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con la que no cuentan en este caso”, explica a este diario un portavoz del Ministerio para la Transición Ecológica.

En estos momentos, la empresa Ditecsa, que gestiona el vertedero de Nerva, ha recurrido la decisión del Gobierno central y este se encuentra estudiando el recurso en estos momentos. En caso de que se estime total o parcialmente la reclamación, la empresa está obligada a volver a realizar una nueva solicitud de traslado.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha confirmado a Diario16 que “ahora mismo” no tiene constancia “de otros traslados” procedentes de Montenegro, por lo que las 40.000 toneladas que se sepultaron el pasado verano en Nerva se hicieron contraviniendo presuntamente la legalidad vigente ya que no se sabe qué instancia oficial dio autorización a este traslado.

Diario16 se ha puesto en contacto en reiteradas ocasiones con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, que hasta el momento ha rehusado dar su versión de los hechos denunciados por Ecologistas en Acción. El diputado del Grupo Parlamentario Adelante Andalucía (AA) en la Cámara autonómica Ismael Sánchez registró el pasado 30 de octubre una pregunta parlamentaria al departamento que dirige la consejera Carmen Crespo, del Partido Popular. El diputado de AA pregunta al Gobierno de Moreno Bonilla si tiene conocimiento de la llegada de residuos a Nerva procedentes “de fuera de la Unión Europea”, así como del volumen de residuos peligrosos procedentes de países no pertenecientes a la UE desde la apertura del vertedero de Nerva en junio de 1998.

El polémico traslado llega al Congreso de los Diputados

También Unidas Podemos ha presentado en la Mesa del Congreso de los Diputados varias preguntas relativas al saturado y polémico vertedero de Nerva, ubicado a menos de 700 metros del núcleo poblacional y a idéntica distancia del famoso río Tinto, pendiente de su declaración como Patrimonio de la Humanidad y que cuenta con el estatus de Paisaje Protegido en la actualidad, una circunstancia que choca frontalmente con el proyecto de ampliación del vertedero de Nerva.

El diputado Juan López de Uralde se hace eco de la denuncia de Ecologistas en Acción y pregunta al Gobierno en el Congreso, entre otros aspectos, si ha permitido esta importación de residuos, una duda sobre la que esta información de Diario16 arroja algunos datos importantes al respecto. El diputado de Unidas Podemos pregunta también sobre cómo se ha llevado a cabo este traslado de las sustancias peligrosas desde Montenegro a Nerva. Por último, López de Uralde pregunta por los detalles de los posibles acuerdos con el país de origen, así como de los posibles incumplimientos de la normativa internacional sobre residuos peligrosos.

Residuos de Montenegro que han sido trasladados durante el verano de 2019 al vertedero de Nerva, en Huelva.

Ecologistas en Acción solicitó a finales de octubre al director general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Ismael Aznar Cano, información sobre el movimiento transfronterizo de las 40.000 toneladas procedentes de Montenegro y la posible vulneración del artículo 9 del Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su eliminación, lo cual sería, según la asociación ecologista, “constitutivo de tráfico ilícito de residuos peligrosos en caso de que no haya un acuerdo bilateral específico para ello entre España y Montenegro, que parece que no lo hay”.

Ecologistas en Acción asegura que entre las 40.000 toneladas trasladadas a Nerva desde el país balcánico se incluye arena contaminada proveniente del desmantelamiento del astillero de Bijela y también una parte del arsenal de Tivat, ambos en Montenegro, y ha sido importada por la empresa francesa Valgo a granel en barcos al Puerto de Sevilla con destino final a depósito en el vertedero de Nerva. “Se trata de residuos clasificados en la Lista Europea de residuos (LER) como 12 01 16* y como A1020 según el Convenio de Basilea, cuyo movimiento transfronterizo está prohibido”, detalla la organización conservacionista.

Entre la composición de la arena contaminada habría supuestamente asbestos, “un material demostradamente cancerígeno que requiere un tratamiento separado de cualquier otro contaminante; así como tributilo de estaño, un compuesto orgánico que se utiliza como agente biocida de las pinturas antiincrustantes y que es un disruptor endocrino muy peligroso que produce irritación y edema pulmonar, contaminando el suelo y las aguas por un plazo de unos 40 años”.

Yates de superlujo en Montenegro

Ecologistas en Acción apunta que Montenegro ha recibido del Banco Mundial 50 millones de euros para financiar este proyecto de descontaminación de cinco áreas ecológicamente declaradas puntos negros, como el astillero de Bijela, donde se persigue construir un puerto de yates de lujo y superlujo para promocionar el turismo de alto nivel. Según Ecologistas en Acción, “en ese país consideran que en España es arrojado en una mina abandonada con técnicas de las que no se dispone en Montenegro”.

El Gobierno andaluz mantiene un absoluto mutismo sobre el proyecto de ampliación de las colmatadas instalaciones de Nerva, protagonista de numerosos incendios e incidentes de seguridad en los últimos años. Tampoco el Ayuntamiento de Nerva, gobernado por el PSOE, ha vuelto a convocar la Mesa de Diálogo para el cierre ordenado de las instalaciones como prometió a la oposición política, así como a asociaciones ecologistas y vecinales, como Alternativa Ciudadana Nerva, Salud y Dignidad, que mantiene un amplio calendario de actividades de protesta contra la ampliación y espera sumar a su proyecto a vecinos y todo tipo de colectivos sociales, económicos y culturales en contra de los planes de la Junta de Andalucía y la empresa que gestiona el vertedero.

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