Como si de las diez plagas de Egipto se tratara, el pequeño municipio onubense de Nerva ha recibido como un mazazo la que consideran la última y definitiva maldición para sus vecinos. Viene remitida de nuevo, como en los años 90 del pasado siglo, con el membrete de la Junta de Andalucía, antes firmado por los socialistas y ahora por la coalición de Partido Popular y Ciudadanos. Con una población de apenas 5.000 habitantes y una tasa de paro juvenil escandalosa, este pueblo de la cuenca minera de Riotinto ha tenido que soportar en los dos últimos años un devastador incendio forestal en sus alrededores y unas inundaciones el pasado diciembre con un centenar de familias afectadas que aún intentan recuperarse y que, cien días después, apenas tienen noticias de las promesas de la Administración autonómica. Y precisamente ahora, en plena crisis del coronavirus con el país en estado de alarma, el Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla ha iniciado el proceso administrativo para ampliar el polémico vertedero de residuos tóxicos y peligrosos, con unas instalaciones ya colmatadas desde hace años, según han denunciado reiteradamente asociaciones vecinales, formaciones políticas y ecologistas.
Este centro de tratamiento de residuos fue levantado finales de la década de los noventa a apenas 700 metros del núcleo urbano de la localidad y causó una profunda división entre sus vecinos, que generó una oleada de protestas contra la Administración autonómica que ahora, con este nuevo proceso iniciado por el ejecutivo de Moreno Bonilla, se reavivarán de nuevo, ya que numerosas organizaciones ecologistas y vecinales de toda la provincia se están organizando para iniciar movilizaciones contra la ampliación del vertedero y a favor de su cierre definitivo.
El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ha publicado este 2 de abril el acuerdo del pasado 17 de febrero de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, para la apertura de un periodo de información pública dentro de un procedimiento simplificado de modificación sustancial de la autorización ambiental integrada para este vertedero de residuos tóxicos y peligrosos gestionado actualmente por la empresa Ditecsa, con presencia en España, norte de Europa y la zona andina de América.
La Junta da un plazo de 20 días hábiles, en pleno estado de alarma, para que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el proyecto o cualquier otra documentación que conste en este procedimiento y presentar alegaciones y pronunciarse tanto sobre la evaluación de impacto ambiental de la nueva actividad como sobre las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la Modificación Sustancial de la Autorización Ambiental Integrada.
Las instalaciones, colmatadas desde hace años según los ecologistas, han sufrido numerosos incidentes e incendios en sus más de 20 años de funcionamiento
A diferencia del último ex alcalde (del PSOE como el actual), el regidor de Nerva, José Antonio Ayala, no ve con buenos ojos la ampliación de esta instalación, que no sólo no trajo el maná de los puestos de trabajo prometidos por la Junta de Andalucía en el momento de ofrecerse para acoger estos residuos peligrosos procedentes de todo el país, sino que ha sumado irregularidades e incidentes de todo tipo durante 20 años de existencia. Por el momento, el equipo de gobierno municipal guarda silencio y asegura que los plazos están suspendidos por el estado de alarma. Una vez finalizado este periodo excepcional, el Ayuntamiento iniciará una ronda de contactos con el resto de formaciones políticas del municipio, así como con las asociaciones vecinales y los ecologistas.
Un pueblo cansado de exigir el cierre
Desde Adelante Andalucía, la parlamentaria por Huelva, María Gracia González, junto a la portavoz de Agricultura de la formación en el Parlamento andaluz, Mari Carmen García Bueno, han criticado que la ampliación del vertedero se anuncie en pleno estado de alarma “para que la noticia pase desapercibida” y recuerdan que la población de Nerva “está cansada de pedir el cierre” y que “mucho menos desea que se amplíen las competencias” de la empresa que lo gestiona, “ni la vida útil del mismo”.
El nuevo proyecto prevé aumentar los vertidos al cauce público y el tratamiento de aguas procedentes de lixiviados o aguas industriales, además de transformar el vertedero en una incineradora de residuos tóxicos, según denuncia Ecologistas en Acción.
Organizaciones de toda la provincia de Huelva preparan movilizaciones para frenar la ampliación del depósito de residuos nervense
El coordinador provincial de IU, Rafael Sánchez Rufo, reclama en este sentido al Gobierno andaluz que ponga en marcha ya “un calendario para cerrar este vertedero e impedir que sigan llegando a sus instalaciones más residuos”. Sánchez Rufo asegura que “en numerosas ocasiones” ha insistido en que estas instalaciones se encuentran colmatadas y repletas por encima de sus posibilidades reales, por lo que considera que “su cierre definitivo es desde hace mucho tiempo una necesidad evidente”.
En 2015, con el PSOE gobernando en la Junta de Andalucía, la Administración autonómica tuvo que obligar a la empresa a adoptar medidas de prevención y corrección, necesarias para evitar que se vieran afectados tanto la población de Nerva como el medio ambiente por las irregularidades recogidas en la autorización ambiental del vertedero.
Otra paradoja es que el Partido Popular, ahora al frente del Gobierno andaluz, ya daba por “finiquitado” este vertedero hace solo un año al considerar que estaba repleto y no permitía una posible ampliación. Es más, su portavoz municipal, José Antonio Lozano, ha exigido a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible que aclare las verdaderas intenciones del Gobierno de Moreno Bonilla con el vertedero de Nerva. Tras el periodo de alegaciones a la ampliación abierto este 2 de abril, con el país confinado en su totalidad, la intención de la Junta de Andalucía parece nítida y clara.
