El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, la pasada semana en un acto oficial en Málaga.

Lo que el Gobierno de Andalucía define como “medidas de agilización administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía”, según el Decreto-ley 3/2021, de 16 de febrero, los conservacionistas de Ecologistas en Acción lo traducen de manera bien distinta como una artimaña legal vía decreto-ley para eximir de los preceptivos controles medioambientales a empresas que decidan invertir en la comunidad andaluza. La diputada no adscrita en el Parlamento de Andalucía Teresa Rodríguez lo califica como “neoliberalismo de Estado” o, lo que es lo mismo, “con la excusa de los fondos europeos de rescate el PP, Cs y Vox se cargan los requisitos ambientales para implementar proyectos de impacto urbanístico”.

Como claro ejemplo de la nueva política medioambiental del ejecutivo andaluz sirve el caso del proyecto de la instalación de una planta de tecnosoles en la cuenca minera de Riotinto para convertir de facto la comarca en el basurero oficial de Europa, con el referente palpable de las saturadas instalaciones del vertedero de Nerva, que recibe basuras muy tóxicas sin control incluso desde fuera de la Unión Europea, como es el caso de las 40.000 toneladas recibidas de Montenegro en 2019.

Los ecologistas denuncian que la Junta de Andalucía pretende alentar la inversión europea eximiendo a las empresas de los controles de impacto ambiental

Ecologistas en Acción ha dado la voz de alarma ante el decreto-ley de la Junta andaluza y asegura que supone un “nuevo intento de la Junta de Andalucía de modificar leyes de manera oscurantista y sin debate parlamentario o social”. En este caso, la modificación de la Ley andaluza de gestión de calidad ambiental (GICA), que da carta de libertad al equipo de Moreno Bonilla para eximir, “por defecto”, a determinados proyectos del preceptivo trámite de Evaluación Ambiental sin dictar ningún acto motivado.

Los conservacionistas aseguran que, con este decreto, la Junta de Andalucía busca la modificación de una norma que debería garantizar la calidad ambiental, como es la GICA, “para eludir el control que suponen los procedimientos de Evaluación Ambiental, que se realizan ante la propia administración autonómica”. Desde Ecologistas en Acción apuntan que en estos procedimientos pueden intervenir las entidades y personas interesadas, como lo es la propia Ecologistas en Acción, y es un derecho que viene recogido en diversa legislación europea y española, como el Convenio de Aarhus. “Afectaría a determinados proyectos europeos, que serían eximidos de evaluación de impacto ambiental sin motivar dicha decisión. Estas evaluaciones son importantes para salvaguardar los derechos de la ciudadanía en relación al medio ambiente”, señala la organización en un comunicado.

Ampliación del vertedero de Nerva

A este respecto, el proyecto de la planta de tecnosoles que se pretende ubicar a apenas un kilómetro de la población de Minas de Riotinto ha recibido el rechazo unánime no sólo de numerosas asociaciones vecinales como Nerva, Salud y Dignidad sino también de formaciones políticas e incluso de los siete alcaldes de la comarca minera, todos ellos del PSOE. La Administración andaluza ha visto en la cuenca minera de Riotinto un lugar idóneo para convertirlo en el basurero oficial de Europa con la intención de atraer proyectos como el de la empresa de reciente creación Green Soil Solutions S.A. para la planta de tecnosoles, o también darle salida al proyecto de ampliación de las saturadas instalaciones del vertedero de residuos peligrosos de Nerva, ubicado a escasos 700 metros del núcleo de población y que acumula en más de dos décadas de existencia incontables incidentes medioambientales como vertidos incontrolados, incendios o camiones volcados en las carreteras de acceso, entre otros.

La ampliación de las instalaciones de Nerva la decidió el Gobierno de Moreno Bonilla en pleno confinamiento domiciliario el pasado abril, y las numerosas alegaciones presentadas mantienen el proyecto, casi un año después, en reposo, con un absoluto oscurantismo y ausencia de transparencia por parte del ejecutivo autonómico.

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