Las actas notariales de la venta del Popular ya deberían ser públicas

El día 2 de julio de 2020, la Abogada General de la Unión Europea, Juliane Kokott, dio un duro golpe a la estrategia de opacidad mantenida por las instituciones europeas, por el Estado español y Banco Santander a la hora de entregar documentación tanto a los afectados del Banco Popular como al propio magistrado José Luis Calama Teixeira.

Tanto la JUR como el BCE, en muchos casos por indicaciones de la entidad presidida por Ana Patricia Botín, están enrocados en no entregar dicha información en base a las excepciones del artículo 4 del Reglamento 1049/2001. Sin embargo, según el dictamen de la Abogada General, esta negativa a entregar esa información deja a los afectados del Popular en una situación de indefensión.

Desde la resolución, si un afectado del Banco Popular quiere acceder a determinada documentación en poder de la JUR o del BCE, está obligado demostrar que se trata de información de interés público, lo que deja a estas entidades con todo el poder decisión. Esta estrategia está cimentada en el argumentario preparado por el despacho de abogados del que el actual presidente de la CNMV, Sebastián Albella, fue presidente en España: Linklaters.

Ocultar documentación clave

Una de las claves del Caso Banco Popular está en la documentación que muestra todos los procedimientos que se adoptaron para que un banco sistémico, solvente y viable terminara siendo resuelto y vendido por un euro.

Los organismos europeos están ocultando información en base a la protección de la privacidad de los datos personales y empresariales de los implicados en el proceso de resolución.

Las instituciones europeas que estuvieron implicadas en la operación del Banco Popular están ocultando información crucial para los afectados, es decir, para el pueblo, puesto que, según los argumentos preparados por Linklaters, publicar dichos documentos o entregarlos a las familias arruinadas por la resolución, podría provocar un efecto negativo en el sistema económico de la Unión Europea.

Argumentos vacíos para proteger la resolución

La importancia de esos datos personales y empresariales es mínima, por lo tanto, el argumento de la protección de la privacidad se cae por su propio peso. Lo que en realidad se busca en esos documentos que mantienen ocultos a pesar de que deberían haber sido hecho públicos en los días posteriores al 7 de junio de 2017.

Los datos que reclaman tanto los afectados como los bufetes independientes y que las instituciones económicas de la Unión Europea, algunas de ellas bajo la responsabilidad de, entre otros, Luis de Guindos, no son de carácter personal, sino que buscan resolver la duda de qué acciones se ejecutaron durante el procedimiento de resolución, tanto personas físicas como jurídicas y su implicación directa o indirecta en los procesos de la propia intervención y de la venta al Santander por un euro.

Las actas notariales

Pongamos como ejemplo lo ocurrido en la madrugada del día 7 de junio en una notaría de Madrid cercana al Santiago Bernabéu, donde, según distintas fuentes consultadas, estuvieron presentes, entre otros, representantes del despacho de cabecera del Santander.

No tiene mucha importancia desde el punto de vista de la privacidad si los abogados del bufete de referencia del Santander participaron directa o indirectamente en la confección de las actas notariales, pero sí que la tienen los documentos se pusieron encima de la mesa del notario para la realización de las tres actas que se realizan y es la tercera la que se firma.

Esto sí que es importante puesto que el documento contractual de la venta del Popular al Santander por un euro provocó que hubiera que levantar hasta tres actas porque quienes estaban en el proceso desconocían el modelo de registro de una operación de este tipo al ser el primero que se realizaba a través de la aplicación del Mecanismo Único de Resolución.

La primera acta era un contrato de compraventa al uso, algo que el Santander no podía permitir porque había que blindar la operación. Por eso, según las mismas fuentes, impusieron el documento preparado por Uría y en el que se recogía de forma específica que la venta era consecuencia de un proceso de resolución para, de este modo, evitar responsabilidades judiciales posteriores y que esas responsabilidades fueran para la JUR y el FROB.

Ese documento sólo se firmó una vez que el Popular había sido resuelto, es decir, cuando la JUR y el FROB ya habían ejecutado la reducción a cero del valor de las acciones y los bonos. Esta fue la forma por la que se justificó el euro que se pagó en metálico.

Esas tres actas son cruciales y no se hacen públicas porque, según la versión del BCE, la JUR, el FROB y el Santander iría en contra de la privacidad de las personas que estuvieron en esa notaría cuando, en realidad, lo verdaderamente importante es el contenido de esos documentos.