Banco Popular: Jaime Ponce carga contra Elke König

Hoy ha declarado ante el magistrado José Luis Calama Teixeira Jaime Ponce y, sorprendentemente, la testifical ha tenido que ser suspendida por problemas de conexión. El expresidente del FROB ha declarado por videoconferencia desde Estados Unidos, donde trabaja actualmente en el FMI. Cuanto menos, sorprendente. Los problemas técnicos surgieron, según fuentes consultadas por Diario16, cuando Ponce estaba siendo preguntado por la reunión de Emilio Saracho con el FROB y la JUR. Calama afirmó, con ironía, que esperaba que el corte de la conexión no hubiera sido por la pregunta.

Ponce ha cargado contra Elke König, presidenta de la Junta Única de Resolución (JUR). Ha reprochado hasta en dos ocasiones las filtraciones que se estaban produciendo desde ese organismo.

Correos con queja oficial

El expresidente del FROB ha señalado que remitió dos correos electrónicos a König en los que expuso una queja oficial. Uno por la entrevista que ofreció la presidenta de la JUR a Bloomberg TV el 23 de mayo de 2017. El otro por la filtración a Reuters del 31 de mayo. Ambos hechos provocaron una caída del valor en bolsa de las acciones del Popular y aceleraron la fuga de depósitos.

Hay que recordar que, durante la entrevista televisiva, König afirmó que «nunca hemos hablado de casos individuales, pero hay varias entidades en nuestro radar. Por supuesto, Banco Popular es uno de los casos que estamos mirando, pero no es el único». Estas declaraciones no tuvieron un efecto directo ni sobre el valor en bolsa ni sobre los depósitos.

Sin embargo, una semana después, una filtración publicada por Reuters señalaba que «König dice que el Mecanismo Único de Resolución está siguiendo el proceso [por el Banco Popular] con particular atención particular con vistas a una posible intervención […] Hay preparativos en marcha, aunque todavía no se han tomado pasos concretos».

Las actas del FROB confirman la declaración de König en Reuters

Hay que recordar que, tal y como lleva Diario16 publicando en exclusiva desde hace una semana, las actas del FROB entregadas a la Audiencia Nacional, y a las que ha tenido acceso este medio, señalan que el día 19 de mayo de 2017 Jaime Ponce ya señaló que tenía equipos trabajando en exclusiva y a pleno rendimiento en la situación del Banco Popular y que se mantenía una cooperación directa e intensa con la JUR.

Los correos a los que aludía Ponce en su declaración no los ha podido comprobar el magistrado Calama. El FROB no los ha entregado todavía a la Audiencia Nacional. Al parecer, dicha documentación será remitida en los próximos días por el organismo presidido actualmente por Paula Conthe. Sin embargo, hace unos días señaló que no los encontraban.

Fuentes conocedoras del contenido de la declaración han señalado que el juez Calama Teixeira se ha sentido muy contrariado con la actitud de Elke König. En concreto, se ha mostrado sorprendido de que no se le abriera ningún tipo de expediente a la presidenta de la JUR por violar la confidencialidad a la que debía estar sujeta en este tipo de procedimientos.

La presunta violación de la confidencialidad de König

El artículo 84 de la Directiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, dice, en referencia al secreto profesional, lo siguiente:

«Los requisitos de secreto profesional obligarán a las siguientes personas: a) las autoridades de resolución; b) las autoridades competentes y la ABE; c) los ministerios competentes»

En base a este texto legal, la presidenta de la JUR, Elke König, presuntamente incumplió el artículo 84 de la Directiva cuando el 23 de mayo de 2017 declaró en Bloomberg TV que «Nunca hemos hablado de casos individuales, pero hay varias entidades en nuestro radar. Por supuesto, Banco Popular es uno de los casos que estamos mirando».

Esta presunta ruptura del secreto profesional constituye una evidente causa de nulidad de la resolución de Banco Popular. Lo que sucedió después de las declaraciones de Elke König ya estaba previsto en el párrafo introductorio de la misma directiva:

«Sin embargo, dado que es probable que la información obtenida por las autoridades de resolución y sus asesores profesionales durante el proceso de resolución sea reservada, esta información debe someterse a un régimen de confidencialidad eficaz antes de hacer pública la decisión sobre la resolución.

» Se ha de tener en cuenta que la información sobre los contenidos y detalles de los planes de reestructuración y resolución y los resultados de cualquier evaluación de estos planes podría tener efectos de gran alcance, en particular para la empresa interesada.

» Toda información facilitada sobre una decisión antes de que se tome, ya sea sobre si se cumplen las condiciones de la resolución, sobre el uso de un instrumento específico o cualquier acción durante los procedimientos, puede tener presuntamente efectos en los intereses públicos y privados a los que afecte la acción.

» No obstante, la información de que la autoridad de resolución está examinando a una entidad específica puede ser suficiente para que existan efectos negativos para dicha entidad. Por consiguiente, se ha de velar por que existan los mecanismos adecuados para mantener la confidencialidad de esta información, por ejemplo, el contenido y los detalles de los planes de reestructuración y los resultados de cualquier evaluación llevada a cabo en ese contexto».

Hay que suponer que Elke König conoce bien esta directiva. Entonces surge la pregunta: ¿fue, pues, un comentario intencionado?