Mañana testificará en la Audiencia Nacional Jaime Ponce, expresidente del FROB. Lo hará por videoconferencia tras alegar que no se podía desplazar desde Estados Unidos por su trabajo actual en el FMI.
Esta declaración viene precedida de la polémica decisión del organismo de no entregar los correos electrónicos relacionados con la resolución del Banco Popular con la excusa de que «no los encuentran». Este hecho sería causa suficiente para que el magistrado instructor pudiera adoptar la decisión de dictar un oficio para un registro de la sede del FROB.
Diario16 ha tenido acceso a las actas que sí ha entregado en la Audiencia Nacional el organismo ahora presidido por Paula Conthe. Las conclusiones tras su análisis son demoledoras.
Javier Torres, el exdirectivo del Santander
En primer lugar, resulta sorprendente que una persona como Javier Torres Riesco, exdirectivo de Banco Santander, participase en las reuniones de planificación de la resolución, puesto que existía un evidente conflicto de intereses.
Según el acta del 30 de mayo de 2017, el entonces director de Estrategia y Resolución asistió a dicha reunión de la Comisión Rectora y, no sólo eso, sino que, tal y como expuso Jaime Ponce, una parte de su departamento trabajó en un equipo de trabajo creado ad hoc para la resolución del Popular.
Cooperación con la JUR y liquidez
El entonces presidente del FROB señaló en dicha acta que el parámetro más preocupante era el de la liquidez, jamás se menciona nada respecto a la solvencia. En este sentido, cabe señalar que Ponce afirmó que «la cooperación con la JUR es estrecha y constante, debiendo poner de manifiesto que se le ha comunicado a la JUR la posición de tesorerla del FROB en la entidad que no se va a modificar por entender que no procede realizar ningún movimiento de retirada de depósitos».
Sorprende sobremanera esta afirmación, más aún si se tiene en cuenta que en abril de 2017, tal y como publicamos en exclusiva, el FROB anunció a Banco Popular que «durante el mes de mayo se iniciarán salidas para realizar pagos ordinarios y que estas salidas se prolongarán durante los próximos meses dejando la posición que mantienen con nuestra entidad en el 10% de los saldos mantenidos en los últimos tiempos, es decir, 40MM. € aproximadamente». Casualmente, esta comunicación a la JUR se realizó a finales de mayo, justo cuando el plazo dado en abril se había cumplido.
En el acta, además, se afirma que la fuga de depósitos se había estabilizado, algo que, casualmente, se torció al día siguiente de la reunión con la publicación por parte de Reuters de una filtración de la JUR en la que se advertía de la resolución del Banco Popular.
La tipología de la resolución
Por otro lado, Ponce expuso ya las opciones de la resolución y volvió a referirse a la estrecha colaboración existente entre el FROB y la JUR. «la JUR trabaja en estrecha cooperación con el FROB y es en ese sentido en el que se está procediendo a realizar un análisis que permita a la JUR adoptar la mejor decisión posible. En cualquier caso, elemento fundamental para que la JUR se incline por una u otra opción es la valoración que, de no poder ser definitiva por razones de tiempo, podrá ser provisional, según la misma normativa prevé», afirma el acta.
Las opciones que presentó Ponce fueron, en primer lugar, la amortización y conversión de instrumentos de capital, en función de la valoración, seguida de la venta del Popular transfiriendo las nuevas acciones a un comprador seleccionado tras un procedimiento de subasta. Es decir, la opción que se aplicó finalmente.
La segunda alternativa expuesta por Jaime Ponce fue la amortización y conversión de instrumentos de capital y la venta de los activos y pasivos de mayor calidad a un comprador determinado a un precio positivo. Por su parte, la entidad residual con los activos y pasivos no transferidos sería liquidada por la vía concursal.
La tercera alternativa propuesta fue la creación de una sociedad de gestión de activos a la que se traspasarían los activos tóxicos relacionados con el sector inmobiliario, mientras que el resto de los activos permanecerían en la entidad original, que sería la que se pondría a la venta.
Sorprende que, de las tres opciones planteadas, sólo a la primera, es decir, la que se implementó, no presenta objeciones, sino sólo argumentos positivos:
Respecto a las otras dos alternativas, que hubieran tenido una consecuencia no tan lesiva para los afectados del Banco Popular, Ponce sí puso muchas objeciones:
Finalmente, Ponce señaló que los siguientes pasos a dar eran la contratación las empresas asesoras para «seguir apoyando a la JUR tanto en las tareas preparatorias de la resolución como en las discusiones con el BCE relativas a la determinación de la inviabilidad».
La línea de financiación de emergencia
En la misma reunión participó el entonces subgobernador del Banco de España, Javier Alonso, quien expuso las condiciones para conceder una línea de financiación de emergencia (ELA) dado que el principal problema del Popular era, precisamente, la liquidez. «Dichas condiciones se centran, esencialmente , en la aportación por parte de la entidad de garantías adecuadas y en la no oposición del BCE en caso de que la financiación fuese superior a 2.000 millones de euros. Mientras tanto, se está esperando ver cómo finaliza el proceso de venta privado. En cuanto a las posibilidades de la ampliación de capital, se desconoce la cifra que está manejando la entidad», afirmó Alonso, según el acta.
En este sentido, sorprenden varios aspectos. En primer lugar, tal y como publicamos en Diario16, el Popular disponía del contrato de la ELA con el Banco de España desde el día 1 de junio:
En segundo término, las cartas cruzadas de Luis María Linde con Mario Draghi en la que le informa de la situación del Popular y de la aprobación de una ELA de 9.500 millones por parte del BCE, y la posterior comunicación por parte del supervisor europeo de una modificación in extremis de las fechas de caducidad de dicha línea de liquidez, son una muestra de que, o el subgobernador no estaba informado, o de que desde Europa se trabajaba en la línea de llevar la operación del Banco Popular a la resolución, sin otra alternativa posible. Todo ello, como bien afirmaba Jaime Ponce, colaborando estrechamente el FROB y la JUR.
Los asesores contratados para la resolución
Tal y como publicamos en estas páginas en el año 2019, el FROB anunció esa contratación el día 31 de mayo de 2017. Los vencedores fueron Arcano & Jefferies y el despacho de abogados Baker&McEnzie.
En este último caso sorprende que se eligiera esta opción, sobre todo si se tiene en cuenta que, en la actualidad, es uno de los despachos que lleva la defensa de Emilio Saracho. El exfiscal Jesús Santos trabaja para ese bufete. El actual decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, fue presidente de Baker&McEnzie y acompañó a Saracho a la Audiencia Nacional.
Por otro lado, el otro despacho que defiende los intereses del expresidente del Popular, Corporate Defense, está presidido por Carlos Gómez-Jara, quien, según información a la que ha tenido acceso Diario16, es uno de los bufetes que trabaja con el FROB y que mantiene relaciones empresariales con Baker&McEnzie, como se puede comprobar en su facturación. Por ejemplo, en el año 2016, el despacho de Gómez-Jara facturó al FROB 153.024,26 euros y a Baker&McEnzie 465.659,80 euros. ¿Casualidad?
Este punto es importante, puesto que el próximo jueves, ¿los letrados de Saracho no podrán preguntar a Jaime Ponce por tener conflicto de intereses?
Mañana testificará en la Audiencia Nacional Jaime Ponce, expresidente del FROB. Lo hará por videoconferencia tras alegar que no se podía desplazar desde Estados Unidos por su trabajo actual en el FMI.
Que poco alegó a los Propietarios del Banco Popular Español, por su trabajo con nocturnidad y alevosía la noche del 6 al 7 de junio de 2.017, el hijo este cuatro pelos de la gran puta, viajó mucho esa noche y no durmió nada para ser un gran colaboracionista del ROBO a las 3:12 de la madrugada.
Podía haber solicitado el cambio de fecha al señor Juez si estaba muy liado la fecha del 27 de este mes por estar atando sacas de $ ó €.
No se como los Mexicanos no le echan mano y lo entierran en el desierto no lo entiendo
No puedo creerme que una entidad pública como el FROB, con tantos medios informáticos y telemáticos a su disposición, y llena de personas tan inteligentes, diligentes y bien formadas, hayan «perdido» los correos electrónicos. Eso da una imagen de desorganización interna muy lamentable. No me extraña que hicieran una chapuza y una marranería de resolución. O también pudiera ser (que seguro que lo es), que estuvieran chuleándole al juez Calama. Nada, nada: orden de registro con un buen par de informáticos forenses. ¡Serán cabrones los del FROB!