Botin Audiencia Nacional
La presidenta del Santander, Ana Patricia Botín, el día de su declaración en la Audiencia Nacional

Tal y como publicamos en Diario16, la Fiscalía admitió y remitió al Juzgado Central de Instrucción nº 4 una denuncia anónima recibida el pasado 18 de enero de 2021 en el que se señalaban determinados aspectos de la operación que terminó con la resolución del Banco Popular y su venta por un euro a Banco Santander, operación de la que se está beneficiando la entidad cántabra cuando aún la Justicia no ha resuelto sobre la viabilidad de la misma, hecho del que es responsable la actual ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, por aprobar la fusión por absorción cuando aún están pendientes cientos de recursos en Europa y paralizados, en espera de la decisión del Tribunal General, en la Audiencia Nacional.

El juez José Luis Calama Teixeira ha dictado un auto fechado el 1 de marzo de 2021 en el que ha decidido no admitir a trámite esta denuncia porque, a su entender, «Su precariedad indiciaria hace indefectible su inadmisión a trámite. Si el anónimo denunciante quisiera identificarse y aportar “elementos de prueba” de los hechos que consigna en su denuncia, este Instructor reconsideraría su decisión. Obviamente, las denuncias anónimas que se presenten en el futuro, sin fundamento indiciario, correrán la misma suerte, a saber: su inadmisión a trámite».

Es cierto que la denuncia carece de documentación indiciaria de los hechos que se plasman en ella. Sin embargo, según fuentes jurídicas consultadas por Diario16, esta decisión se trata de un error, puesto que Calama Teixeira podría, antes de inadmitir la denuncia, haber dado traslado de los hechos denunciados a la Policía o la Guardia Civil para que fueran ellos los que buscaran los indicios o las pruebas que apuntan. Una vez realizado esto, evidentemente, es más que probable que el denunciante anónimo, con las protecciones necesarias, saliera del anonimato y ayudara a dicha investigación.

El sistema judicial español está demasiado acostumbrado a que las pruebas sean presentadas y a no buscarlas, por muy graves que sean los delitos denunciados. Si una persona es conocedora de unos hechos, no necesariamente tiene que disponer de todos los documentos probatorios. Para eso están los órganos judiciales y las fuerzas de seguridad del Estado.

La denuncia, por muy anónima que sea, plantea una serie de elementos muy importantes para dilucidar el Caso Popular y muestra aspectos que, quienes conocemos los entresijos de la operación a través de cientos de documentos que fueron entregados a la Audiencia Nacional, admitidos y de los que no sabemos qué uso se está dando, obligarían, en justicia, a adoptar una serie de medidas antes de llegar a la inadmisión de dicha denuncia. Sin pretender decirle al juez lo que debe hacer, estos serían algunos:

  • Llamar a declarar al escolta de Rodrigo Echenique
  • Llamar a declarar a los escoltas y chóferes presentes en la reunión de Sotogrande referida en la denuncia
  • Llamar a declarar a los responsables de KPMG para que expliquen en qué consistió el asesoramiento fiscal sobre el pago de los 90 millones a Emilio Saracho y quién pagó dicho asesoramiento y, si fuese necesario, verificar si hubo algún tipo de irregularidad con Hacienda
  • Volver a llamar a declarar a Emilio Saracho
  • Volver a llamar a declarar a Rodrigo Echenique
  • Volver a llamar a Ana Patricia Botín para que esclarezca cuánto pagó el Santander a JP Morgan a través de su matriz o de sus filiales
  • Llamar a declarar a Juan Rodríguez Inciarte, directivo de Banco Santander
  • Llamar a declarar a Enrique Casanueva, exdirectivo de JP Morgan
  • Llamar a declarar a Jamie Dilon, presidente de JP Morgan para verificar las condiciones en las que se le permitió a Emilio Saracho el cobro de su bonus de jubilación
  • Llamar a declarar a los responsables de Marshall Wace
  • Ordenar registro en la sede de Banco Santander
  • Ordenar registro en la sede de KPMG
  • Ordenar registro en la sede de JP Morgan España
  • Ordenar registro en los domicilios de Emilio Saracho
  • Ordenar registro en los domicilios de Rodrigo Echenique
  • Tramitar con las autoridades británicas y estadounidenses para ejecutar registros en las sedes de JP Morgan y Marshall Wace
  • Verificar los correos enviados por KPMG a Emilio Saracho, que existen
  • Hacer declarar de una vez a Miguel Ángel Moral, hombre clave en todo el procedimiento y que dispone de mucha información sobre la operación y sobre cómo se ejecutó.

Los hechos que se incorporan a la denuncia, por muy anónima que sea, son de tal gravedad que requieren una mayor diligencia por parte del juez y no el archivo de la misma en apenas 5 días desde que entró en el registro de la Audiencia Nacional tras ser remitida por la Fiscalía Anticorrupción.

Respecto a la Fiscalía, también podría haber iniciado una investigación independiente sobre los hechos incluidos en la denuncia.

Por otro lado, el hecho de que la denuncia sea anónima no implica que los hechos denunciados tengan más o menos verosimilitud ni, por supuesto, que se aporten pruebas concluyentes en la misma. Hay que recordar que los hechos denunciados pueden ser considerados como un tipo de corrupción y, en consecuencia, el denunciante anónimo está amparado por la Directiva 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, la llamada «Directiva Whistleblowers».

La razón principal por la que el denunciante no ha mostrado su identidad al presentar su denuncia es, evidentemente, el miedo a las represalias que pueda sufrir porque, señor Calama, le recuerdo que en este país es muy peligroso ir en contra de los intereses de Banco Santander. De un modo u otro, al final, quienes denunciamos los escándalos de esta entidad, siempre terminamos sufriendo las consecuencias.

La directiva señala, con claridad, que cuando la denuncia es anónima, cuando implica el descubrimiento de un delito o cuando se denuncia a un tercero porque no se confía en el buzón de denuncias de la institución realmente denunciada el trámite debe producirse de todas maneras. Además, obliga a los tribunales a establecer procedimientos para la recepción el seguimiento de los hechos denunciados.

Por otro lado, como bien recuerda el magistrado Calama Teixeira, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que validó una denuncia anónima como origen de una investigación interna en una empresa para destapar un fraude. Sin embargo, él no aplica la doctrina del Supremo.

El tribunal destaca la importancia de este tipo de denuncias, en las que el autor opta por el anonimato, como «notitia criminis» en especial en los casos como el analizado en el que la empresa no tenía un programa de cumplimiento normativo interno. El tribunal recuerda que el ‘canal de denuncias interno’, también denominado «whistleblowing», ha sido incluido en la reciente Directiva 2019/1937. Señor Calama, lo que ha hecho el denunciante ha sido utilizar un buzón de denuncias, a través de la Fiscalía.

Además, el juez Calama debería tener en cuenta que el hecho de que si el denunciante saliera del anonimato, estaría obligado a protegerle de las posibles represalias que, además y según la Directiva 2019/1937 porque está prevista, además, la inversión de la carga de la prueba, de manera que si se adoptan medidas contra alguien que tenga el estatus de denunciante se presumirá (salvo prueba en contrario) que esa medida se ha adoptado precisamente en represalia por la denuncia. Dicho de otra forma, corresponde a quien adopte la medida que perjudica al denunciante justificar que no guarda ninguna relación con la denuncia y que está justificada.

Aunque usted no se lo crea, en España la gente tiene miedo a las represalias que puedan ejecutarse si te enfrentas a determinados órganos de poder, público o privado. Por eso ponen denuncias anónimas.

En mi caso personal, le contaré, por si no lo sabe, que yo, por escribir en favor del diálogo, tuve que llevar escoltas puestos por el Ministerio del Interior. Yo no los pedí y, cuando la banda terrorista ETA anunció el alto el fuego definitivo, pedí la retirada de dicha protección oficial. ¿Usted piensa que mis escoltas no tenían información sobre mi vida? Yo no tengo nada que ocultar, pero ellos lo conocían todo. Sabían con quién me reunía, dónde y cuándo. ¿No es importante el testimonio de los escoltas del señor Echenique Gordillo? A mi entender es fundamental.

Además, señor juez, en el año 2007 yo fui una de las personas que formaban parte, como independiente, de la lista electoral de Mondragón por el Partido Socialista. A esa candidatura la llamaron «la lista de los locos» por la situación que allí se vivía. Era el momento de mostrar el compromiso con la paz y así lo asumí, con el riesgo que ello conllevaba. Pero había que hacerlo y se hizo. De esa lista, le quiero recordar, formaba parte el último político asesinado por ETA, el concejal del Ayuntamiento de Mondragón, Isaías Carrasco.

Por otro lado, son muchas las personas que, por enfrentarse al Santander sufren unas represalias brutales, no sólo del propio banco, sino desde los organismos públicos. Ejemplos hay muchos, están documentados y publicados tanto en estas páginas como en otros medios de comunicación. Diario16 nunca ha trabajado con el Santander y con el Caso Popular llevamos publicando desde antes de la resolución y denunciando los escándalos del banco cántabro. Sin embargo, en los últimos meses, personas y empresas cercanas están sufriendo estas presuntas represalias con, incluso, decisiones judiciales sorprendentes en las que se dictamina una cosa y a los pocos días se decide lo contrario. A esas empresas les ejecutan avales mientras tienen facturas sin pagar que fueron aprobadas y recibieron el visto bueno de Rodrigo Echenique. En algunos casos, se producen movimientos espurios, junto a despachos de abogados, que modifican la realidad para proteger a entornos vinculados, de un modo u otro, con la presidenta del banco. Banco Santander es conocedor de que esa empresa está reclamando el valor de esa factura de forma amistosa porque no tiene la capacidad económica para hacer frente a las tasas judiciales injustas que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó y que el actual de PSOE y Podemos aún no ha eliminado, una ley que genera indefensión y desigualdad en la ciudadanía.

Esta situación sólo puede ser calificada como maltrato y, en cierto modo, presuntamente podrían ser calificadas de una represalia directa, con la supuesta connivencia de organismos públicos que deberían estar para defender a la ciudadanía. Muchas veces, por desgracia, las dictaduras públicas y las privadas sólo pueden sobrevivir en simbiosis.

Las casualidades no existen y le voy a poner un ejemplo personal de dos cosas que me sucedieron últimamente y que, presuntamente, cualquiera podría pensar que pudieran estar relacionados con nuestra actividad periodística. Dios quiera que no fuese así.

Recientemente tuve un extraño accidente de tráfico que se produjo un mes después de haber pasado la revisión oficial: sufrí un reventón cuando conducía en autovía por debajo de límite de velocidad. Esa misma semana, una fuente quedó conmigo para reunirse de manera confidencial. Cuando llegó al lugar de reunión, me entregó un papel y me dijo que se tenía que ir. A los pocos minutos me llamó para comunicarme que estaba contagiado de Covid19. Tal vez las intenciones fuesen solamente tenerme recluido durante 10-15 días. Lo cierto es que también me reuní con otras personas en esos días. Afortunadamente para mi salud no fui contagiado. Sin tener la certeza de que exista relación de estos hechos con nuestras denuncias periodísticas, ¿no puede comprender que el denunciante anónimo, por más que pudiera ser una persona importante dentro del mundo empresarial español, haya presentado su denuncia como lo hizo por miedo?  

Evidentemente, señor juez, no pretendo ni acusar directamente a nadie ni comparar a ETA con Banco Santander, no obstante, muchas veces los comportamientos determinan la valoración que uno pueda hacer de lo que tiene frente a sus ojos y lo que los míos pueden ver es que la impunidad se convierte en tiranía y eso es algo que la Justicia no puede ni debe permitir.

Señor Calama, puede que usted se haya precipitado al archivar una denuncia que, por más que sea anónima, al no agotar todas las posibilidades, las que he expuesto anteriormente y muchas más que, seguramente, existen, antes de decidir archivar la denuncia que le envío la Fiscalía. Y digo esto porque, incluso, el departamento de investigación periodística que desde hace más de cuatro años (mediados de julio del 16) lleva trabajando en el Caso Popular, tal como quedó publicado en mi libro, Banco Popular. Una Operación Diabólica, que fue presentado sin asistencia de jueces, fiscales, ex jueces, del director general de Comunicación del Santander, presidente del PP, Sr Casado, el Sr Presidente de Galicia, el Presidente de ACS, y otros lobbies de la City madrileña, estos últimos influyentes de las presuntas dictaduras privadas de este país y del mundo económico global, como usted, señor Calama, bien conoce por nuestras publicaciones, tal vez hubiésemos estado o estemos en condiciones de ayudar a la causas como venimos haciendo día a día en este caso, incluidas las decenas y decenas de documentos que oficialmente hemos hecho llegar a la justicia, tanto a la Audiencia Nacional, a su Juzgado en época de su antecesor, y, meses después, otras decenas de documentos a la Fiscalía.

Seguimos a su disposición, seguimos periodísticamente investigando y seguiremos intentando que disponga de más información de la que usted posee por nuestra parte para que, sin duda, en el ejercicio libre e independiente y sólo en favor de la justicia usted la aplique, sin ninguna duda, justamente.

Los Gobiernos, el poder ejecutivo, siempre disponen de razones de Estado para hacer, en ocasiones, lo contrario de lo que el pueblo espera, esperanzado, que considerarán en sus decisiones los motivos por los que le votaron o que cumplirán las promesas que hicieron a través de la coherencia. De usted, de su Poder Judicial, el pueblo, en este caso el más de un millón afectados y afectadas directamente e indirectamente, sólo espera Justicia justa.

Y, con ello, evitar que los primeros de la Lista Falciani no puedan seguir permitiéndose la desfachatez de decir o comentar, pública o privadamente, que el Banco Santander sólo pierde en los tribunales los casos que ellos deciden.

Tanto el Gobierno del PP, casi al completo, y el actual de coalición, a través de la ministra de Asuntos Económicos y del vicepresidente segundo (éste por lo que se esperaba de él y por no llevar sus palabras a los hechos, tal vez forzado, tal vez porque las mieles del poder le han endulzado demasiado), siguen permitiendo la impunidad del Santander.

En concreto, el Ministerio de Asuntos Económicos se lo puso muy fácil al Santander para terminar de ejecutar la operación por autorizar la fusión por absorción y la eliminación de la personalidad jurídica al Banco Popular a pesar de que tenía conocimiento de que la resolución puede ser anulada en cualquier momento por los cientos de recursos que hay interpuestos tanto en la Justicia española como en la europea y que, como me dijo una muy importante personalidad de este país no muy dada a tirarse faroles, «Domínguez, en Europa se va a ganar».  

Señor juez, después de los años que lleva en la instrucción debería haberse dado cuenta de que el Caso Popular no es más que la consecuencia de una operación diabólica presuntamente ejecutada desde lo público y lo privado. Y así lo venimos demostrando con nuestra investigación, nuestras denuncias y los miles de páginas de documentos con los que trabajamos a diario. La JUR, el FROB, la presunta complicidad pagada y necesaria de JP Morgan, de las auditoras, el Santander se benefició de las estrategias de Emilio Saracho, políticas que, como usted bien sabe, fueron asesoradas por el bufete Uría y Menéndez que, al fin y al cabo, es el despacho de cabecera del banco cántabro.

El problema, señor juez, está en que 1,2 millones de personas se vieron afectadas y arruinadas por esta operación y esperan justicia justa. No van contra nada ni contra nadie, sólo esperan de usted que resuelva con justicia justa y que sus errores, que todos los cometemos, no sean el ariete final para que los responsables vuelvan, una vez más, a ser tan impunes e inviolables como lo es el rey emérito.

Reconozco que hay demasiadas personas con poder en este país a los que la presencia de Diario16 incomoda, y mucho. Por desgracia, se ha perdido la costumbre de tener una cabecera libre e independiente que respeta las esencias por las que nació. Por eso este medio está sufriendo las consecuencias. Francisco de Quevedo decía que «donde hay justicia es un peligro tener razón». Y eso es lo que está ocurriendo con el maltrato constante, bajo la mirada atenta del Santander, por parte de unos ciudadanos venezolanos a los que se les han abierto ya diligencias por estafa y administración desleal y cuyas empresas han sido calificadas por las fuerzas de seguridad como entramado empresarial. Sin embargo, señor juez, Diario16 continuará adelante. Diario16 no traicionará su defensa de los valores que deberían distinguir al cuarto poder porque no hacerlo sería, además de una traición, caer en la corrupción más grande, la de los medios de comunicación que ponen precio a su libertad. Y, por supuesto, Diario16 colaborará con la Justicia cuando se le requiera porque ese es un modo, desde el respeto a la democracia y al estado de derecho, de defender la libertad.

Para terminar, señor juez, permítame sugerirle que lea el artículo de Esteban Cano publicado el 28 de junio de 2018, porque, probablemente, entre los documentos que enviamos a la Audiencia Nacional y a la Fiscalía, junto con el contenido de dicho artículo, pueda encontrar evidencias de lo que se indicaba en la denuncia anónima que ha archivado. También le recomiendo la lectura de los cuentos de Lola Socor en los que también podrá usted ver las relaciones en la finca El Socor de Emilio Saracho y Rodrigo Echenique. A pesar de todo, gracias, señor magistrado, por leer con frecuencia Diario16. Siempre a su disposición y al de la Justicia.

13 COMENTARIOS

  1. ESTAFAR A 1,2 MILLONES DE ESPAÑOLES CUANDO ESTAMOS HABLANDO DE GENTE NORMAL DEL PUEBLO QUEDAN ABANDANADOS A SU SUERTE.
    LA FISCALÍA ESTÁ PARA INVESTIGAR tweets.
    ESPAÑA PAIS BANANERO DONDE LAS ELITES ROBAN AL PUEBLO CON TOTAL IMPUNIDAD.
    ¿QUÉ INTERESES TIENE EL PP EN LA RENOVACIÓN CGPJ ???? PARA SEGUIR ROBANDO AL PUEBLO….

  2. Sr. Dominguez, se puede decir más alto, pero no más claro. Ojalá el Juez Calama tenga en cuenta su sincera y valiente exposición y piense en el sufrimiento de miles de familias ajenas a la jungla del poder, llena de hienas sedientas de sangre.
    Clamamos justicia justa.

    • SI no presta atención a esta soberbia exposición de datos y hechos, es que es un cobarde de mierda y otro golfo perteneciente a la misma piara.
      La Persona denunciante debería dar la cara, en la vida solo hay que tener miedo a la muerte, y ni siquiera eso, por ser un acto natural y un derecho a reclamar lo que te han robado por la noche, e incluso en este caso a puta de pistola.
      Guarras las dos, y la de la foto con sus machos cabrios. -que guapo esta el merelles-
      Ya caerán.

  3. Repugno el hedor del PP , pero casi lo supera el de estos de la foto que se hacen llamar socialistas y que recogen las migajas que les deja el poder económico.
    Asco de Pais. Cada vez se hace más necesario gobiernos en coalición que la banca buitre sea incapaz de alimentar por ser muchos e inestables.

    • Lo que hace falta es un dictador cabrón, que lo primero que haga al llegar, sea cargarse a tantos políticos, hacer limpieza de la buena y cambiar el nombre del frontispicio del congreso que implantó la reina Isabel II, y reponer Congreso Nacional, que actualmente es un nido de amor y de un impedido físico y mental con carricoche, y sobre todo hacer unificación general de todos los Pueblos del Reino de España y fuera el comedero y abrevadero de las comunidades 17 + 2 = 19 golferías, y mandar a sus políticos y secuaces a escardar cebollino y a tomar por culo a los maricones y por ambos lados a lesbianas.

  4. Lo que hace falta es un dictador cabrón, que lo primero que haga al llegar, sea cargarse a tantos políticos, hacer limpieza de la buena y cambiar el nombre del frontispicio del congreso que implantó la reina Isabel II, y reponer Congreso Nacional, que actualmente es un nido de amor y de un impedido físico y mental con carricoche, y sobre todo hacer unificación general de todos los Pueblos del Reino de España y fuera el comedero y abrevadero de las comunidades 17 + 2 = 19 golferías, y mandar a sus políticos y secuaces a escardar cebollino y a tomar por culo a los maricones y por ambos lados a lesbianas.

  5. Gracias Diario16 por vuestra valentía y por intentar ayudar a q se haga justicia aportando información y documentación. Ya son casi 4 años de sufrimiento de las víctimas, q hemos visto como, literalmente, de la noche a la mañana, nos hemos empobrecido para enriquecer al Santander. Esperemos q se haga justicia, son demasiadas cosas oscuras… el banco superaba los test de estrés pero se han esfumado nuestros ahorros, ¿cómo podíamos los ahorradores preveer este dramático final, qué mecanismos teníamos? Alguien hizo cosas indebidas para llegar a este final…

  6. Estas paginas de diario 16 ennoblecen la profesion de periodista que el resto de periodicos españoles ensucian y pisan .
    otra pagina para la historia del periodismo un nuevo yo acuso.
    calama lleva el mismo camino que Andreu .
    se va a por lo que tiene menos importancia y no investiga el meollo de la estafa ,si sigue asi parece un vendiddo .

    despierte señor Calama no se da cuenta de la importancia de este caso, solo el banco santander tiene 16000 denuncias interpuestas como anita reconocio y se cachondeo de ello.
    pongase a trabajar de una puñetera vez y no se vaya por los cerros de ubeda.
    ………………………………………………..
    18/09/2019
    articulo que saca los colores ala justicia Española
    Denuncian a España ante la UE por la corrupción judicial sistémica
    https://diario16.com/denuncian-a-espana-ante-la-ue-por-la-corrupcion-judicial-sistemica/

    • Un juez con amor propio y con amor a su carrera, ya habría llamado, mínimo a todos los que han prestado declaración ante su Persona, por haberles mentido en su cara.
      Pero si es un cobarde y solo presume de puñetas bien planchadas, entonces es un personaje indigno de llevar sotana.
      Porque no llama al inductor mariano rajoy brey a declarar. eh.
      Porque no llama a la maría-soraya saenz de santamaría antón.
      Huevos escarchados o escalfados.

  7. «Su precariedad indiciaria hace indefectible su inadmisión a trámite. Si el anónimo denunciante quisiera identificarse y aportar “elementos de prueba” de los hechos que consigna en su denuncia, este Instructor reconsideraría su decisión. Obviamente, las denuncias anónimas que se presenten en el futuro, sin fundamento indiciario, correrán la misma suerte, a saber: su inadmisión a trámite».
    Analizando el texto del juez Calama, llama la atención que ponga entre comillas los elementos de prueba. Como dando a entender que en un principio consideraría a dichos elementos de prueba en caso de que se presentaran, como de dudosa solvencia. Por otra parte, indica que en caso de identificarse el denunciante y aportar pruebas «reconsideraría su decisión». Ojo al dato, no dice que admitiría inmediatamente a trámite la denuncia, sino que se lo pensaría. ¿ Traición del subconsciente tal vez?. ¿ Un estilo de redacción algo laxo? ¿Exceso de trabajo? ¿ Falta de horas de sueño? ¡ Quién sabe !
    Una posible solución a todo esto sería que el denunciante revelara su identidad sólo al juez Calama. Aunque desconozco cómo sería el procedimiento para llevarlo a cabo.
    En cuanto a su artículo, Sr. Domínguez, deja sin palabras. Hoy en día es muy difícil encontrar un periodismo así. Y coincido con Usted en que el juez Calama se precipita. Creo que ha tomado el camino más fácil, y en aras de la justicia, no debería ser así.

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