Vox pretende controlar al monopolio legal de la violencia

Vox, como buen partido populista de extrema derecha, sabe muy bien cómo ganarse a la gente: manteniendo un discurso basado en algo tan eficiente como decir lo que las personas quieren escuchar. Su mensaje de odio xenófobo está calando entre los más jóvenes, no hay más que ver las imágenes de tres adolescentes en el Metro protagonizando una escena racista contra unos inmigrantes latinoamericanos. Su mensaje de odio homófobo y tránsfobo está calando en la población, no en vano los ataques personas LGTBi han aumentado de manera exponencial desde que Vox está en las instituciones. Su mensaje negacionista de la violencia machista también está calando y lo peligroso está en que los maltratadores y asesinos ven legitimadas sus acciones por las proclamas que hacen desde el partido ultra contra las políticas de género.

Sin embargo, lo más peligroso se está produciendo en silencio, sin grandes titulares en los medios de comunicación: la penetración de Vox en las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, es decir, entre las instituciones que tienen el monopolio legal de la violencia, de las personas que, por ley, tiene legalizada la posesión y manejo de armas, tanto cortas, como largas o capaces de generar una elevada potencia de fuego. 

Por un lado, nos encontramos con cómo Vox ya controla, de un modo externo, eso sí, al principal sindicato de la Policía, Jupol. Poco a poco van entrando más contacto con las asociaciones de la Guardia Civil y, tal y como se pudo comprobar en la manifestación celebrada el sábado, ya están intentando monopolizar las reivindicaciones de las Fuerzas Armadas, con lo que pretenden convertirse en el interlocutor político de los militares.

El sistema que utiliza Vox para penetrar en las instituciones que tienen el monopolio legal de la violencia es sencillo: recopilar las reivindicaciones históricas de estos cuerpos y hacerlas suyas, además de hacer acto de presencia en todas y cada una de las concentraciones o manifestaciones convocadas por sindicatos y asociaciones. Es el mismo sistema que, históricamente, ha utilizado los partidos ultras y que no suele tener un final muy alentador para los regímenes democráticos.

Esta situación es muy inquietante y unas consecuencias ignotas, sobre todo después de lo que ocurrió durante el confinamiento, en el que Vox intentó derribar al Gobierno legítimo y llegó a presentar su proyecto de Ejecutivo de concentración nacional, con Felipe González a la cabeza.

Dos semanas después de la implantación del estado de alarma, Santiago Abascal reclamó la dimisión de Pedro Sánchez y que el Ejército se haga cargo de los servicios esenciales del Estado, un llamamiento a un golpe de Estado encubierto. Además, la reclamación de Abascal de que se cree un gobierno de Emergencia Nacional no es otra cosa que la transposición a 2020 de lo que pretendieron los golpistas del 23F, un gobierno que, entonces, iba a estar encabezado por el general Armada.

En el mes de abril, en los canales de comunicación creados tras la implantación por parte de las redes sociales y las aplicaciones de mensajería de sistemas de detección de bulos, se hicieron claros llamamientos a dar un golpe de Estado. En muchos de esos canales escriben u opinen dirigentes y representantes de Vox en las instituciones democráticas.

A principios del mes de abril, la página web España es Voz, dirigida por un candidato de Vox, se publicó una encuesta en la que se preguntaba a los lectores de este espacio ultra si Felipe VI debe disolver las Cortes, convocar al Ejército y tomar el mando. Es decir, un golpe de Estado en toda regla.

Que los ultras estuvieran durante meses valorando la posibilidad de dar un golpe de Estado es peligroso, pero que estén logrando penetrar en las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad lo es mucho más, porque, en silencio, se podría estar gestando un ejército en la sombra que cogerá sus armas cuando el líder dé la orden o mande un mensaje de Telegram con la palabra «Covadonga».

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