Ha pasado un año de esta noticia: “El informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre los presos políticos: análisis para comprender lo sucedido”.

En ese momento tratábamos de explicar que desde Naciones Unidas se señalaba que la detención de Los Jordis y de Junqueras habían sido arbitrarias. Se pedía a España que fueran puestos inmediatamente en libertad. Se hablaba concretamente de estas tres personas porque fueron los primeros en denunciar su situación.

Se pedía, además, indemnizaciones por el tiempo que habían pasado privados de libertad.

La representación española se ausentó de la reunión en la que se presentaba el informe. Una señal que ya anunciaba lo que después sucedería.

La respuesta que dio el Gobierno de España hace un año fue la de ridiculizar al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas. De esta manera, pretendían quitarse de encima “el marrón” de tomar decisiones que pudieran incomodar al Tribunal Supremo.

Borrell era ministro de Exteriores y emitió un comunicado donde decía que consideraba “extremadamente grave” que el grupo de trabajo hubiera emitido el informe antes de que el Supremo dictase sentencia. Y se permitía, además, la licencia de darle recomendaciones al grupo de trabajo de la ONU, señalando que debían “reforzar el rigor, la independencia y la ecuanimidad de sus trabajos”. Además les recomendaba que estuvieran alerta ante los “intentos de manipulación”.

Y es que, Irene Lozano, que en ese momento era la Secretaria de Estado de España Global, afirmó que el resultado del informe se debía únicamente a la manipulación a la que sus expertos habían sido sometidos. Y se quedó tan a gusto.

El president Torra envió una carta al presidente Sánchez para que tuviera en consideración la decisión del grupo de trabajo de la ONU. No le hicieron ni caso. Isabel Celaá, entonces portavoz del gobierno, contestó a Torra que el ejecutivo no tenía nada que decir en este asunto.

Después de desprestigiar el trabajo del grupo de la ONU, se solicitó desde el Gobierno de España la recusación de los cinco miembros que conforman el grupo de trabajo. Se alegó que había un “conflicto de intereses”. Y todo porque entre ellos figuraba Benn Emmerson, alguien que se había manifestado públicamente a favor de la libertad de los presos políticos. Enviaron una carta a Michelle Bachelet para presentar ante ella queja formal del Gobierno de España.

Con esa carta se sumaban tres en total: la primera que se envió fue para denunciar la supuesta filtración del documento a los abogados de los presos políticos al mismo tiempo que se hacía llegar al Gobierno español; la segunda solicitaba una revisión de las conclusiones porque se consideraban demasiado afines a los presos políticos; la tercera, era para pedir la recusación de los expertos del grupo.

El veredicto del informe no es vinculante para el Gobierno. Sin embargo, es necesario recordar que las cartas de protesta que enviaron son incoherentes con el procedimiento, ya que en ningún momento previo a conocer el informe intentaron recusar a los miembros ni plantearon las cuestiones pertinentes.

La ONU reconoce al pueblo catalán como “minoría nacional”

El relator de la ONU para las Minorías Nacionales, Fernand Varennes, hizo público el pasado mes de marzo un demoledor informe a raíz de su visita al Estado español.

En el documento reconoce que los catalanes conforman una “minoría nacional” y que el Estado español tiene la obligación de proteger los derechos humanos y detecta “lagunas” en los derechos de las minorías en España, especialmente en el ámbito de la lengua y la enseñanza.

Respecto al procesamiento y las condenas a los presos políticos, manifestó “su seria preocupación”, al considierar que se trata de “figuras políticas y manifestantes pertenecientes a la minoría catalana”. Además, hizo hincapié en el hecho de que han sido juzgados por actos políticos “no violentos”, en la misma línea del informe del grupo de trabajo anteriormente analizado en esta pieza.

La Corriente Revolucionaria de los Trabajadores, pide la puesta en libertad

La Corriente Revolucionaria de los Trabajadores del Estado español exigió la inmediata puesta en libertad de Oriol Junqueras para que pudiera tomar posesión de su acta de eruodiputado el pasado mes de diciembre de 2019.

El informe de Amnistía Internacional

El pasado 13 de mayo la organización Amnistía Internacional también pidió la puesta en libertad de Los Jordis. Lo hizo en el informe elaborado sobre la sentencia que dictó en octubre de 2019 el Tribunal Supremo.

Dirigió un escrito a todas las partes del proceso, solicitando la inmediata liberación de los dos líderes catalanes, así como urgiendo al ejecutivo para que pusiera en marcha las medidas legislativas pertinentes con el fin de modificar la redacción del delito de sedición del código penal.

El relator de la ONU por la libertad de expresión pide la libertad de los presos políticos catalanes

Poco después de conocerse el informe de Amnistía Internacional, el 27 de mayo, el relator especial de la ONU para la libertad de opinión y de expresión, David Kaye, reclamó la excarcelación inmediata de los presos políticos catalanes.

En una conferencia afirmó que los presos se encuentran encarcelados por “razones intolerables” y no “por delitos violentos”.

Manifiesto conjunto de partidos de izquierda por la libertad de los presos

El manifiesto “por el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad” fue presentado el pasado 11 de mayo y contó con el respaldo de partidos como Unidas Podemos (hoy en coalición con el PSOE para el Gobierno del Estado), ERC, JxCAT, CUP, Bidu, PNV, BNG, Compromís y Más País.

En el manifiesto solicitan al Gobierno la excarcelación de los presos en situación de vulnerabilidad ante el COVID-19, especialmente en los casos de personas enfermas, de avanzada edad y aquellas que hayan cumplido las 3/4 partes de condena.

En el texto también se exige el acercamiento de los presos a sus familias.

La Internacional de los Cristianos contra la tortura pide al TC que retire la condena a los presos políticos

Esta misma semana hemos conocido también que FIACAT, la Internacional de los Cristianos contra la Tortura, una organización no gubernamental francesa, ha emitido un comunicado a través del cual pide que se retire el delito de sedición a los presos políticos catalanes “porque ejercieron pacíficamente sus derechos de libertad de expresión, reunión y de asociación”.

El premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, firmante de la petición de libertad de los presos políticos catalanes

Fue en 2018 cuando diferentes personas activistas del panorama internacional sumaron sus firmas a un manifiesto que pedía la puesta inmediata en libertad de los, por entonces, recién encarcelados presos políticos catalanes. Entre todos ellos, Pérez Esquivel, Premio Nobel de la paz.

La Organización Mundial contra la Tortura, también

En 2018 la Organización Mundial contra la Tortura también se posicionó abiertamente contra la situación de los presos políticos. Exigieron su puesta en libertad.

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