Esta semana, el miércoles, conocíamos el informe del Grupo de Trabajo sobre detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas (que puede consultar aquí: Informe ONU presos políticos). En él, se señala que la detención de Jordi Sánchez, Jordi Cuixart y Oriol Junqueras son arbitrarias y se exige a España que los ponga inmediatamente en libertad, además de considerar oportuno que sean indemnizados por los graves daños causados por su privación de libertad. El informe habla concretamente de estos tres nombres porque fueron los que presentaron la denuncia ante Naciones Unidas hace un año.

Primera reacción desde el Gobierno: atacar al Grupo de Trabajo de la ONU

El miércoles, después de que se conociera el informe del Grupo de Trabajo de la ONU, la reacción inicial desde el Gobierno de España, a través del minstro Borrell, fue la de considerar que los redactores «no respetaban la separación de poderes en España por pedir la excarcelación de los tres presos». Además, desde el Ministerio de Exteriores se sugería que la publicación del informe en ese momento buscaba influir en el juicio que se está desarrollando en el Tribunal Supremo. 

En este sentido, el ministerio que encabeza Borrell señalaba en un comunicado que «es especialmente grave que este grupo de trabajo haya emitido su informe poco antes de que la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra los denunciantes quede vista para sentencia. Una lamentable circunstancia que podría ser interpretada como una interferencia en un proceso penal en marcha». Además, en este comunicado desde el Ministerio se instaba al Grupo de Trabajo de la ONU a que reforzase el rigor, la independencia y la ecuanimidad de sus trabajos y a permanecer alerta ante los intentos de manipulación.

Además, en ese momento, desde el Ejecutivo se quisieron mezclar las cosas, tratando de dar a entender que la desestimación del recurso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (por la suspensión del pleno del 9 de octubre por parte del Tribunal Constitucional), respaldaba a España ante la vulneración de derechos similares a los que el grupo de trabajo de la ONU sí daba crédito. Una comparación que, desde el estricto sentido jurídico no tiene nada que ver porque: por un lado, la desestimación del recurso por parte del TEDH es sobre una cuestión puntual bien diferente a lo que desde el Grupo de Trabajo de la ONU se trata. Y además, porque en la desestimación del TEDH sobre todo se encuentran los motivos de los defectos en la presentación de la demanda.

A pesar de ello, Irene Lozano, Secretaria de Estado para España Global, lo sucedido en la ONU solamente se puede explicar bajo un razonamiento: «los expertos han sido manipulados».

De hecho, la Secretaria de Estado se ha mostrado muy molesta con la información que este diario publicó ayer, con motivo de dejar en evidencia su cambio de actitud sobre los informes de Naciones Unidas. También nos ha acusado de «desinformar», por el hecho de, precisamente, informar a nuestros lectores de los argumentos que ha dado la Señora Lozano dependiendo de los intereses que ella defiende.

Carta del President Torra al Presidente Sánchez

Durante la misma mañana del viernes, el Govern aprueba un acuerdo en reunión extraordinaria para exigir al Gobierno de España y a la Fiscalía General del Estado la libertad de los presos políticos.

Aquí puede leer la Carta de Torra a Sanchez ONU

Por su parte, Moncloa ha calificado como «despropósito» la carta de Torra. La portavoz del gobierno, Isabel Celaá ha acusado al President de desconocer absolutamente el reparto de poderes en una democracia consolidada. Ha hecho hincapié, además, en que el poder judicial es quien tiene que decidir sobre esta cuestión y no el ejecutivo.

Recusación de dos de los miembros del Grupo de Trabajo de la ONU

En un primer momento las reacciones por parte de distintos miembros del Gobierno fueron en la línea de pretender quitarle importancia a este Grupo de Trabajo, queriendo dar a entender que no tenía entidad suficiente para lo que estaban diciendo en su informe. La Ministra Celaá, por ejemplo, declaró que había un «conflicto de intereses», motivo por el que hoy se ha solicitado la recusación de dos de los cinco miembros que integran el Grupo de Trabajo. Precisamente en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros celebrado esta misma mañana, Celaá ha explicado que el estado español ha solicitado la revisión de los miembros del grupo de trabajo de la ONU al considerar que puede haber conflicto de intereses. Y lo dicen porque entre los expertos, dos de ellos han trabajado en otras ocasiones y tienen cercanía con  Ben Emmerson, quien se ha manifestado públicamente a favor de los «presos independentistas».

Pero concretamente, a quien consideran que están en situación de incompatibilidad es al presidente-relator, José Guevara Bermúdez (mejicano) y al coreano Seong-Phil Hong. 

Por estas razones, desde el Gobierno de España se ha enviado una carta a Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, con la intención de presentar ante ella la queja formal desde España. Según hemos podido saber, Borrell envió un duro escrito a Bachelet donde le indica que el informe que se ha publicado ha sido fruto de la manipulación, llegando a acusar a los expertos de haber incumplido su mandato y pidiendo una auditoría. Concretamente ha dicho en su carta que los expertos «han sido víctimas, quiero pensar que no actores, de una campaña de desinformación». Además, ha aprovechado la carta para señalarle a Bachelet que este informe no sólo daña la imagen de España, sino también la de la propia ONU.

Se despide además, apuntando que España quiere preservar la credibilidad de los procedimientos especiales de la ONU en los que se enmarca la actuación del grupo de trabajo al que se refiere. Pero que, documentos como el que se está comentando en este caso, «hacen que esta tarea resulte particularmente ardua».

Previamente a esta carta del ministro, desde el ámbito diplomático se habían enviado ya tres quejas por supuestas irregularidades en el proceso:

  • la primera hacía referencia a la filtración del documento a los abogados de los presos políticos, al mismo tiempo que se hacía el envío al gobierno de España. La normativa establece que tiene que haber un intervalo de 48 horas.
  • la segunda solicita una revisión de las conclusiones, puesto que son demasiado afines al punto de vista de los presos políticos
  • la tercera es la que solicita la recusación de dos de los cinco expertos

El encargado de presentar unas notas verbales ante la ONU fue Cristóbal González-Aller, el embajador ante la ONU en Ginebra.

Cuestiones sobre el procedimiento en la elaboración del informe 

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias ha emitido, desde que fue creado en 1991, un total de 245 resoluciones de este tipo. Solamente dos hacían referencia a Estados Miembro de la Unión Europea: Francia y Polonia. En los dos casos los Estados Miembros siguieron las indicaciones que desde Naciones Unidas se dieron y pusieron en libertad a los presos.

Si bien es cierto que el veredicto emitido no es vinculante para España, tiene una gran relevancia a la hora de preparar la demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Este Grupo de Trabajo depende directamente del alto Comisionado para los Derechos Humanos, que forma parte del Secretariado de la Organización de Naciones Unidas y tiene el mandato expreso y directo de la Asamblea General de velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos en todo el mundo.

España solicitó un mes de ampliación del plazo para responder y no pidió recusación de ningún tipo 

A pesar de que el embajador de España ante la ONU en Ginebra ha solicitado que se revise el informe, lo cierto es que ya no hay tiempo para hacerlo. Precisamente dentro del procedimiento reglamentariamente establecido, que en un principio acababa el 8 de octubre.

Lo sorprendente no es solamente que España no hablase entonces de impugnar o revocar a ningún miembro en el plazo que tuvo para hacerlo (desde agosto hasta octubre de 2018), sino que además, solicitó que se ampliase un mes más este plazo, como ha señalado la letrada Isabel Elbal. Y le concedieron hasta el 8 de noviembre.  Tampoco entonces dijo nada de lo que ahora está denunciando. 

A partir de ahora, España tiene seis meses para responder a la decisión del Grupo de Trabajo. Pero la respuesta no puede ser sobre el contenido del informe, sino sobre las actuaciones que ha decidido llevar a cabo para enmendar lo que le señalan desde Naciones Unidas. Tiene distintas opciones: modificar legislación para armonizarla con las obligaciones internacionales, poner en libertad a los presos.. o quedar como el único país de la UE que no respeta lo que le está exigiendo la Organización de Naciones Unidas.

No sería la primera vez que España incumple

En julio de 2014, el grupo de trabajo contra las desapariciones forzadas, presentó un «demoledor informe» tras su visita y pidió al Gobierno (por entonces del PP) que sumiera su obligación, tomase medidas y dotara económicamente en lo necesario para abrir las fosas.

En el informe de aquel momento se recordaba que «España está obligada por el derecho internacional y la Declaración sobre protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que ratificó en 2010 a asumir su responsabilidad y elaborar una política de Estado comprensiva, coherente y permanente que permita a los familiares de los desaparecidos durante la Guerra civil y la dictadura saber qué pasó con sus seres queridos y recuperar sus restos.

Entre las «recomendaciones» que se hacían en el informe, se encontraba una relativa al Valle de los Caídos. Concretamente, la ONU pedía a España que proporcionase los fondos adecuados para que la ley de memoria histórica pueda aplicarse y se cumplan, entre otros, los artículos relativos a la retirada de símbolos y vestigios del franquismo. Y se hacía referencia concreta a la retirada de los restos de Franco y convertir el lugar en un museo de la memoria similar al que acoge en la actualidad la Escuela de Mecánica de la Armada Argentina.

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