Ben Emerson es letrado especialista en derecho internacional europeo, derecho público internacional y derecho penal, con más de 25 años de experiencia, y entre 2011 y 2017 ejerció como relator especial de la ONU para los derechos humanos y lucha contra el terrorismo. 

Precisamente ayer anunciaba en sus redes sociales que hoy, a las 17.30 habrá una rueda de prensa en la que se presentará el dictamen del grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias relativo a los presos políticos catalanes.

Aunque oficialmente no conoceremos nada hasta «la hora del té», anoche ya se adelantaba Naciódigital y en primicia lanzaba el titular: «La ONU pide la liberación inmediata de los Jordis y Junqueras». 

El periodista Ferrán Casas informa en su pieza de que tras el revés jurídico que ayer recibió el soberanismo catalán (refiriéndose a la desestimación por parte del TEDH de la demanda presentada por 76 diputados contra el auto de suspensión del pleno del 9 de octubre de 2017), en tan solo 24 horas «se conocerá un posicionamiento que será una victoria en toda regla».

Y es que, a las 17.30 está previsto que el grupo de trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (que depende de la Oficina de Derechos Humanos), pedirá la liberación inmediata de Oriol Junqueras, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Además, afirmará que España debería indemnizar económicamente a los presos políticos por haberlos privado de libertad sin haber sentencia firme, además de no tener los acusados responsabilidades ejecutivas.

El dictamen hablará de Junqueras, Sánchez y Cuixart puesto que la comunicación fue presentada en nombre de ellos tres ante el grupo de trabajo de Naciones Unidas. Sin embargo, su dictamen va dirigido para la situación de todos los presos políticos encausados por el procés.

Grupo de trabajo contra la Detención Arbitraria

Es una entidad vinculada a la ONU, integrada por expertos en Derechos Humanos independientes que estudia casos donde se puedan estar produciendo violaciones de la normativa internacional. Y de manera específica, investiga situaciones de arrestos y detenciones arbitrarias por parte de los estados.

Sus resoluciones no son vinculantes, pero suponen información de referencia para los distintos gobiernos en materia de derecho internacional.

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