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La derecha defiende que las multinacionales no paguen impuestos

Todo ello a pesar de los escándalos que las grandes empresas protagonizan a diario utilizando paraísos fiscales o países que aprovechan políticas de fiscalidad laxa que impiden que las multinacionales paguen los impuestos que les corresponden en los Estados donde operan

José Antonio Gómez
Escritor y analista político. Autor de los ensayos políticos "Gobernar es repartir dolor", "Regeneración", "El líder que marchitó a la Rosa" y de las novelas "Josaphat" y "El futuro nos espera".
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Tanto el G7 como el G20 y la OCDE han aprobado un complejo plan para tomar medidas drásticas contra los paraísos fiscales corporativos que está avanzando rápidamente en el escenario geopolítico. Sin embargo, el destino de este proyecto podría, en última instancia, estar en los pasillos de un Congreso de los Estados Unidos profundamente dividido.

Después de más de 10 años de discusiones y negociaciones multilaterales, impulsadas por los escándalos de elusión de impuestos corporativos, los avances que este plan tributario está dando en el escenario global en los últimos meses son impresionantes.

Sin embargo, su mayor prueba hasta ahora puede ser si puede encontrar la aprobación parlamentaria oficial en los muchos países cuyos líderes lo han respaldado recientemente.

La derecha de los Estados Unidos

Estados Unidos ocupa un lugar destacado entre ellos. La Administración Biden tendrá que impulsar proyectos de ley importantes en los que se basa el plan a través del Congreso. Uno de los pilares clave del plan se basa en la creación de nuevos mecanismos para gravar a las empresas a través de las fronteras.

Según el Wall Street Journal, distintos especialistas creen que el plan se basará en que el Congreso de Estados Unidos ajuste los tratados internacionales para garantizar la participación en el nuevo sistema tributario.  Los cambios a los tratados a menudo requieren el voto favorable de dos tercios en el Senado, una rara mayoría para un plan que equivaldría a una gran victoria partidista para los demócratas.

Por esta razón, los republicanos del Senado ya han anunciado su oposición. El senador Pat Toomey declaró en Insider que «¿por qué querríamos comprometernos a duplicar nuestro impuesto mínimo global? Esa es una política muy mala».

Un editorial del Wall Street Journal calificó el acuerdo de «malo para Estados Unidos» porque haría menos competitivas a las empresas estadounidenses.

Las multinacionales deben pagar

En este mes de julio, las 20 principales economías del mundo respaldaron un ambicioso plan fiscal global que crearía efectivamente la base sobre la que los países podrían establecer colectivamente impuestos a empresas altamente rentables para desalentar la evasión fiscal.

La aprobación del G20 se produjo poco después de que 130 de los Estados miembros que componen la OCDE firmaran para respaldar un plan para el plan a principios de este mes.

Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos y una de las principales impulsoras de este plan global, afirmó que «la carrera hacia el fondo está un paso más cerca de llegar a su fin», porque los países que han patrocinado este plan representan el 90% del PIB mundial.

El proyecto establecería una tasa impositiva mínima global del 15% para las multinacionales. En general, no obligaría a los países a aumentar sus tasas impositivas, pero obligaría a las empresas a pagar a las agencias tributarias nacionales en los países en los que operan para que las facturas fiscales anuales de las empresas alcancen el umbral global del plan.

El nuevo sistema tributario buscaría obligar a las empresas a pagar más impuestos donde realmente operan, en lugar de canalizar las ganancias a jurisdicciones de impuestos bajos, como Irlanda, Países Bajos y las Islas Caimán, donde las empresas aprovechan varias lagunas legales para evitar pagar sus impuestos.

El PP pretendió proteger las inversiones en paraísos fiscales

En el mes de enero de 2021 el Partido Popular presentó una enmienda al Proyecto de Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal en la que defendía de posibles sanciones a las inversiones que se realicen o estén comprometidas en territorios que entren a formar parte de la lista de paraísos fiscales porque, según argumentaba el partido conservador, había que preservar la seguridad jurídica y la competitividad de las empresas españolas en su internacionalización. Es decir, el mismo argumento que ahora señala el Wall Street Journal o los republicanos americanos.

El Partido Popular no quería que a las empresas que invierten en paraísos fiscales se les retiraran exenciones fiscales, se les obligara a presentar declaraciones tributarias específicas para este tipo de inversiones (como se le haría a cualquier ciudadano), o que no pudieran deducirse determinados pagos. Es decir, una defensa a ultranza de los modelos neoliberales basados en buscar el modo de pagar menos impuestos.

Para el Partido Popular que esos paraísos fiscales tengan una baja o nula tributación no debería ser causa para entrar en la lista negra. Además, los populares propusieron que los paraísos fiscales dejaran de ser tratados como tales sólo con la firma de un convenio entre España y el territorio para evitar una doble imposición con cláusula de intercambio de información para, de este modo, evitar que estos países sean tratados como paraísos fiscales.

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