Durante muchas décadas los países más desarrollados del mundo han mantenido una lucha salvaje para atraerse a sus territorios a las multinacionales globales a través de bajadas irresponsables de impuestos que provocaban más perjuicios que beneficios a sus propias ciudadanías, dado que lo que ganaban en puestos de trabajo se perdía en mayor medida con la pérdida de capacidad para mantener el estado del bienestar.

El capitalismo es cruel e inhumano y las multinacionales no tienen problemas de flexibilidad a la hora de exigir más reducciones impositivas a los países en los que se establece con el argumento de que ya hay otro que se los pone más bajos. Ese es el momento en que las multinacionales dejan de lado aspectos como la ubicación geográfica o la cercanía a los centros de poder global para centrarse únicamente en su cuenta de resultados y en los beneficios para sus grandes accionistas.

Sin embargo, esas grandes empresas globales han abusado tanto de ese planteamiento, llegando, incluso, a mover más de 1 billón de dólares para no pagar impuestos, que la nueva secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, a posicionarse a favor de la creación de un impuesto mínimo global para las multinacionales, algo que las grandes corporaciones no esperaban. Este anuncio de Yellen supone un paso adelante en la guerra de la humanidad contra el capitalismo inhumano que ha conseguido gobernar a través del control de los sistemas macroeconómicos de las democracias occidentales.

Estados Unidos se une, de esta forma, a la iniciativa de la OCDE y que cuenta con el apoyo del FMI que propone la implantación de este tipo de impuesto global tanto a las multinacionales como a las grandes fortunas.

El anuncio de Yellen fue celebrado por España, Alemania, Francia o la Comisión Europea ya que podría acelerar el ritmo de las negociaciones que desde hace casi 10 años no han conseguido lograr un acuerdo mundial.

El impuesto global a las multinacionales

La propuesta de crear un impuesto mínimo global a las empresas multinacionales busca que los países lleguen a un acuerdo y se comprometan a poner un límite para evitar cobros impositivos demasiado bajos.

El objetivo principal es detener la competencia entre los países por ofrecer impuestos cada vez más bajos a las grandes corporaciones y que los Estados sigan perdiendo capacidad impositiva para mantener el bienestar de la ciudadanía.

Hasta ahora no se ha definido cuál sería esa tasa mínima de impuestos, pero la nueva Administración de Joe Biden ha propuesto un mínimo impositivo de 21%, muy por encima de lo que habían barajado los países europeos, que oscilaba entre un 12% y un 15%.

Aunque los gobiernos podrían seguir fijando cualquier tasa impositiva, en la práctica, los países de origen de las compañías podrían incrementar sus impuestos a la tasa mínima acordada, lo que eliminaría la ventaja fiscal de trasladar los beneficios a un paraíso fiscal.

Este impuesto mínimo global es un modo de homogeneizar el sistema tributario internacional para evitar que las multinacionales cambien sus operaciones de un país a otro en busca de mayores ventajas. Un sistema impositivo con menos beneficios para las multinacionales permitiría que los gobiernos aumenten su recaudación fiscal.

Cada vez son más las multinacionales que transfieren sus beneficios a paraísos fiscales, en una cantidad de un billón de dólares anuales. Por ello, la aprobación de este impuesto mínimo global es una medida de justicia social y de responsabilidad humana que, hasta ahora, el capitalismo salvaje y cruel de las multinacionales y de las grandes fortunas ha querido imponer como normal.

Sin embargo, hay voces discordantes. Los defensores del libre mercado argumentan que, del mismo modo que la competencia entre empresas incrementa la eficiencia, la competencia tributaria genera beneficios a los países. ¿Cómo se puede afirmar esto cuando los Estados pierden un billón de dólares anuales que van a parar a paraísos fiscales? ¿Cómo repercute esa evasión de impuestos en beneficio de los pueblos? Sólo es beneficioso para los grandes accionistas de estas compañías que aumentan sus cuentas bancarias al mismo nivel que la ciudadanía pierde derechos.  

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