President Joe Biden walks with a cup of coffee Tuesday, March 2, 2021, along the Colonnade of the White House to the Oval Office. (Official White House Photo by Adam Schultz)

Tal y como publicábamos en Diario16, el nuevo presidente de los Estados Unidos y el rumbo que parece estar tomando su Administración, ha esperanzado a los defensores de la lucha contra la corrupción porque, a priori, el mandato del nuevo presidente en la Casa Blanca puede marcar un punto de inflexión en la lucha contra el blanqueo de capitales y el abuso de los paraísos fiscales, dos problemas superpuestos empeorados por el secreto bancario que protege a grandes sumas de dinero de los recaudadores de impuestos y las autoridades policiales.

Por eso, la agenda del nuevo presidente para este primer mandato incluye una serie de medidas clave para terminar con estas dos lacras.

En primer lugar, Biden tendría previsto tomar medidas enérgicas contra los paraísos fiscales en el país y en el extranjero. Estados Unidos ha servido como un refugio financiero para cleptócratas, evasores de impuestos y delincuentes durante décadas, y ha sido constantemente clasificado entre las principales jurisdicciones que facilitan el secreto financiero por la Red de Justicia Fiscal. El propio Biden fue senador durante 30 años representando a Delaware, un estado conocido como un refugio secreto.

Las conclusiones de un informe de investigadores de la Agencia Tributaria de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) y catedráticos de Economía indican que el 1% de los estadounidenses de altos ingresos evita informar de más del 20% de sus ingresos. Los ricos emplean estrategias sofisticadas para eludir el impuesto sobre la renta, incluida la elusión fiscal en el extranjero.

El nuevo plan de Biden, al que ha tenido acceso Diario16, promete reforzar la capacidad de ejecución del IRS. «Las grandes empresas disponen de lagunas que explotan para evitar o evadir obligaciones fiscales, y un ejército de asesores fiscales y contables bien pagados que les ayudan a salirse con la suya», dice la propuesta. «Un IRS con fondos insuficientes carece de la capacidad para escudriñar estas maniobras fiscales sospechosas».

Durante su comparecencia ante el Comité de Finanzas del Senado la semana pasada, la subsecretaria adjunta del Departamento del Tesoro, Kimberly Clausing, hizo mucho hincapié en la necesidad de reformas y modernización para construir un sistema tributario que sea «adecuado para su propósito, justo y enfocado en las necesidades de todos los estadounidenses».

Clausing añadió, además, que, si bien la desigualdad económica aumentó en las últimas décadas, los gobiernos de todo el mundo han trasladado la carga fiscal de la riqueza y los ingresos corporativos a los trabajadores individuales. «En lugar de atenuar la desigualdad económica, el sistema fiscal la ha exacerbado con demasiada frecuencia», dijo.

A pesar de las medidas adoptadas en Estados Unidos en 2017 destinadas a reducir la transferencia de beneficios de jurisdicciones con impuestos más altos a jurisdicciones con impuestos más bajos, Clausing dijo que «el uso de paraísos fiscales para evitar impuestos continúa sin cesar. Necesitamos mejores protecciones para defender la base impositiva corporativa de Estados Unidos de la transferencia de ganancias corporativas motivada por impuestos a paraísos en el extranjero. Podemos hacer mucho más para garantizar que nuestro sistema fiscal funcione para los trabajadores estadounidenses».

Por otro lado, la Administración Biden tiene como objetivo cerrar las lagunas de la Ley de Transparencia Empresarial de Donald Trump, una reforma que requiere que las empresas estadounidenses informen sobre sus verdaderos dueños a la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FinCEN, por sus siglas en inglés). 

Sin embargo, esta ley tiene importantes lagunas que la limitan. Algunos vehículos de inversión de Wall Street creados por fondos de cobertura están exentos, por ejemplo, al igual que las empresas más grandes y posiblemente los fideicomisos. Un informe publicado por Transparencia Internacional reclamó una expansión de las reglas de diligencia debida para controlar a abogados, contables, capital privado y fondos de cobertura.

Esto tiene como consecuencia que la Administración de Biden vaya a afrontar una reforma profunda de FinCEN, la agencia gubernamental encargada de combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros. Sin embargo, un informe de Global Financial Integrity afirmó que FinCEN no cuenta con los fondos suficientes y está sobrecargado en sus responsabilidades, y que los esfuerzos del gobierno de los Estados Unidos contra el blanqueo de capitales son vistos como ineficientes e ineficaces.

Algunas reformas propuestas a raíz de la publicación por parte del ICIJ de los FinCEN Files han estado paralizadas después de que la Administración Biden impusiera un congelamiento regulatorio sobre las regulaciones pendientes de la Administración Trump. Una de ellas es una propuesta para exigir que los bancos y otros recopilen y compartan con las autoridades información sobre transacciones potencialmente sospechosas enviadas al extranjero por más de 250 dólares, frente a los 3.000 dólares actuales. 

Por otro lado, hay indicios que indican que el sector financiero también quiere una mejor regulación. Una encuesta realizada a más de 300 profesionales de cumplimiento financiero encontró que a la gran mayoría de los encuestados les gustaría ver más orientación de los reguladores y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluida la información sobre actividades financieras sospechosas y la evaluación de riesgos.

Por otro lado, Biden afronta una herencia muy dura: el enjuiciamiento de delitos financieros y las multas a corporaciones alcanzaron un mínimo histórico durante los años de Trump, un tiempo en el que se pretendieron desmantelar las regulaciones anticorrupción.

La nueva Administración dará prioridad a la rendición de cuentas y que el Departamento de Justicia persiga a los actores corruptos del sector financiero. Los grandes bancos han seguido beneficiándose de transacciones sospechosas, incluso después de haber sido multados con cantidades mulmillonarias. Mientras tanto, las agencias gubernamentales responsables de hacer cumplir las leyes contra el blanqueo de dinero rara vez procesan a los grandes bancos que violan la ley.

Entre las personas designadas por Biden para desempeñar un papel fundamental en la aplicación de la ley de delitos financieros está el Fiscal General Merrick Garland, ex juez de la Corte Federal de Apelaciones. Si bien su historial con delitos de cuello blanco no es extenso, Lisa Monaco, su posible Fiscal General Adjunta, formó parte del Grupo de trabajo de Enron, que investigó uno de los casos de fraude más grandes en la historia de Estados Unidos. Su nominación está pendiente de confirmación.

Por otro lado, Gary Gensler, ex ejecutivo de Wall Street que luego se convirtió en regulador financiero, dirigirá la Comisión de Bolsa y Valores. Es conocido por enfrentarse a los grandes bancos después de la crisis financiera de 2008, cuando presidió la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos. El Departamento del Tesoro ahora está dirigido por Janet Yellen, economista y ex presidenta de la Reserva Federal. En ese cargo, impuso restricciones de crecimiento a Wells Fargo después de que el banco admitió que los empleados crearon cuentas falsas para cumplir con objetivos de ventas poco realistas. Su nominación como Secretaria del Tesoro fue aplaudida por grupos financieros, mientras que algunos grupos progresistas expresaron su preocupación. dado que recibió más de 5 millones de dólares en honorarios por conferencias de las instituciones financieras que ahora es responsable de regular.

Respecto a su política contra la evasión fiscal, El plan recientemente revelado por Biden busca recaudar 2 billones de dólares para financiar su agenda de infraestructuras recuperando algunas de las reducciones de impuestos corporativos que los republicanos hicieron en 2017. También propone un aumento de la tasa impositiva sobre las ganancias extranjeras de las empresas estadounidenses, y un 15% de impuesto mínimo sobre la «renta contable» de las sociedades.

Mientras tanto, los senadores Elizabeth Warren y Bernie Sanders han presentado en las últimas semanas proyectos de ley que buscan aumentar los impuestos para los ricos de Estados Unidos.

Sanders, presidente del Comité de Presupuestos del Senado, propuso un plan de impuestos para las grandes fortunas y las grandes corporaciones. El proyecto de ley de Warren busca imponer un impuesto anual del 2% a las personas con un patrimonio neto superior a 50 millones de dólares y del 3% a los multimillonarios. Ambas propuestas incluyen medidas destinadas a disuadir el flujo de dinero a paraísos fiscales.

Sin embargo, Yellen no ha expresado su apoyo a un impuesto sobre el patrimonio porque cree que el mejor camino es la creación de un acuerdo internacional sobre un impuesto mínimo global para las corporaciones multinacionales. Los críticos a estas medidas de incremento fiscal a las multinacionales dicen que un aumento dañaría la competitividad global de Estados Unidos.

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