El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros extraordinario, celebrado desde las 10 horas de esta mañana, el estado de alarma en todo el territorio nacional, tal y como pidieron 10 autonomías, ninguna del Partido Popular, el pasado viernes.
En espera de la comparecencia del presidente del Gobierno, dos puntos del nuevo decreto son claves: toque de queda obligatorio desde las 23 horas hasta las 6 de la mañana. En segundo término, además del confinamiento nocturno, se ha establecido la restricción de viajar de unas comunidades autónomas a otras, salvo por causas de fuerza mayor y en base a las decisiones que adopten las propias comunidades.
A diferencia de lo que ocurrió en marzo, la autoridad delegada para la aplicación del estado de alarma serán los presidentes y presidentas autonómicos, que tendrán la capacidad de adelantar o atrasar las horas del toque de queda una hora, pero no podrán eliminarlo.
No hay un cierre de fronteras, salvo en el caso de los pasillos turísticos a Canarias.
El texto del decreto ha sido realizado por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, experta constitucionalista, y por el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Respecto a la duración del estado de alarma, a falta de confirmación oficial, la intención del Ejecutivo es prorrogarlo durante 6 meses, es decir, hasta principios del mes de mayo una vez que pasen los 15 días que marca la Constitución. La intención es aprobar la prórroga en el Consejo de Ministros del próximo martes y que sea debatido en el Congreso la semana que viene.
Un estado de alarma necesario
El presidente ofreció el viernes a las Comunidades esa posibilidad. La propuesta fue acogida positivamente por la mayoría de las Comunidades Autónomas, que así lo han solicitado. Sin embargo, no conllevará las medidas restrictivas y de confinamiento del mes de marzo, sino que, en un principio, su función será la de dar una cobertura legal a las comunidades autónomas para que puedan aplicar restricciones como el toque de queda, decisiones que no son legales si no se activa el estado de alarma.
El Ejecutivo llevaba ya tiempo pensando en volver a activarlo, como ya hizo con la Comunidad de Madrid tras la rebelión de Isabel Díaz Ayuso. No obstante, el incremento de los datos de contagios, fallecimientos y ocupación de los hospitales provocó que varias comunidades autónomas, ninguna gobernada por el Partido Popular, iniciaran el viernes una escalada de peticiones de estado de alarma que colocó en una situación en la que el Gobierno se veía casi obligado a decretar ese estado de alarma cuanto antes. La primera fue la Ciudad Autónoma de Melilla y continuaron, casi en cascada, Euskadi, Asturias, Extremadura, La Rioja, Cataluña, Navarra, Cantabria, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.
Todos los presidentes autonómicos, de todos los signos políticos menos del PP, reclamaron la activación del estado de alarma para que, desde sus competencias autonómicas, pudieran aplicar medidas restrictivas inmediatas viendo el incremento de la expansión del virus.
