Pedro Sánchez convocó ayer un Consejo de Ministros extraordinario a las 10.00 de la mañana para estudiar los términos de un nuevo Real Decreto de estado de alarma. El presidente ofreció el viernes a las Comunidades esa posibilidad. La propuesta fue acogida positivamente por la mayoría de las Comunidades Autónomas, que así lo han solicitado. Sin embargo, no conllevará las medidas restrictivas y de confinamiento del mes de marzo, sino que, en un principio, su función será la de dar una cobertura legal a las comunidades autónomas para que puedan aplicar restricciones como el toque de queda, decisiones que no son legales si no se activa el estado de alarma.
El Ejecutivo llevaba ya tiempo pensando en volver a activarlo, como ya hizo con la Comunidad de Madrid tras la rebelión de Isabel Díaz Ayuso. No obstante, el incremento de los datos de contagios, fallecimientos y ocupación de los hospitales provocó que varias comunidades autónomas, ninguna gobernada por el Partido Popular, iniciaran el viernes una escalada de peticiones de estado de alarma que colocó en una situación en la que el Gobierno se veía casi obligado a decretar ese estado de alarma cuanto antes. La primera fue la Ciudad Autónoma de Melilla y continuaron, casi en cascada, Euskadi, Asturias, Extremadura, La Rioja, Cataluña, Navarra, Cantabria, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.
Todos los presidentes autonómicos, de todos los signos políticos menos del PP, reclamaron la activación del estado de alarma para que, desde sus competencias autonómicas, pudieran aplicar medidas restrictivas inmediatas viendo el incremento de la expansión del virus.
Pedro Sánchez afirmó en una declaración institucional por la mañana del viernes que venían «tiempos muy duros» y el ministro de Sanidad, Salvador Illa, reclamó los apoyos políticos necesarios para poder establecer un toque de queda en toda España y ello sólo es posible si se decreta el estado de alarma.
El Gobierno ya tiene los apoyos parlamentarios necesarios. No precisaría del concurso de los escaños del Partido Popular (con los de Vox no se cuenta) puesto que un movimiento de Ciudadanos dejó una situación similar a las últimas prórrogas del mes de mayo. Hay que recordar que los primeros 15 días del estado de alarma no precisan de la aprobación del Congreso, por tanto, esos apoyos serán necesarios si se hace inevitable que el gobierno tenga que recurrir al Parlamento para nuevas prórrogas.
Sin embargo, la declaración del estado de alarma, quizá, llega ya tarde. Las cifras de contagios, muertes y ocupación de los hospitales se llevan disparando desde hace semanas. Diario16 ya lo advirtió en verano que se avecinaban medidas restrictivas si no se adoptaban las decisiones adecuadas. La presión para no frenar la temporada estival y que afectara al turismo hizo que no se tomaran mientras se podía comprobar la irresponsabilidad ciudadana y de algunos sectores del ocio.
Fue el propio Fondo Monetario Internacional, que no es sospechoso de ir en contra de los intereses de las élites económicas y financieras mundiales, afirmó que era preferible paralizar temporalmente la actividad para evitar unas consecuencias económicas aún más graves. No obstante, los sectores empresariales han seguido presionando para evitar que se aplicaran las medidas precisas, permitiéndose que se siguieran masificando los medios de transporte públicos utilizados por los trabajadores para acudir a sus centros de trabajo para no parar la economía.
No haber frenado la expansión del virus después del verano para no paralizar la actividad económica supone una irresponsabilidad de tal calibre que sólo puede ser respondida con la dimisión inmediata de quien, para proteger los intereses empresariales, está poniendo en riesgo la vida de toda la ciudadanía, sobre todo si se tiene un sistema sanitario muy debilitado por los recortes impuestos por los defensores del neoliberalismo. Quienes están en el bando de despreciar la vida para defender las cuentas de explotación suelen utilizar un eufemismo cruel: «Hay que convivir con el virus». ¿Cómo se puede afirmar esto de una pandemia para la que no hay tratamiento médico ni vacuna?
Posible contenido del decreto
La Cadena SER, citando a fuentes del Gobierno, informó ayer de que el Ejecutivo está trabajando en el decreto para declarar el estado de alarma de cara al más que previsible Consejo de Ministros Extraordinario pero que aún no ha sido convocado.
Según la cadena de radio, el Gobierno estaría preparando un decreto que pretende generar garantías uniformes en toda España. El objetivo no es otro que dar un soporte jurídico a las medidas restrictivas que están intentando implementar las diferentes comunidades autónomas y que, en su mayor parte, fueron aprobadas el pasado jueves en el Consejo Interterritorial.
Además, esta uniformidad lo que pretende es evitar la disparidad de los criterios que están adoptando los diferentes tribunales superiores de justicia.
En el decreto que previsiblemente se aprobará hoy, según la SER, se incluirían restricciones a la movilidad nocturna, lo que comúnmente se llama «toque de queda», algo que ya se ha aplicado en otros países de la Unión Europea. Fue precisamente la falta de un instrumento jurídico que garantizara la legalidad de decretar esas restricciones lo que hizo que muchas comunidades autónomas decidieran aplazarlas y, de ahí, que el viernes por la tarde se produjeran las solicitudes en cascada provocadas por lo catastrófico de las cifras de contagios y fallecimientos.
Entre los puntos principales aprobados en el Consejo Interterritorial, que previsiblemente también aplicará el Gobierno en el decreto del estado de alarma, se incluye el establecimiento de 4 niveles de alerta que será revisable de manera periódica en función de cómo estén evolucionando los indicadores de expansión del virus.
