El Ministerio de Economía de Sánchez se alía con el Santander para intentar que los afectados del Popular no recuperen su dinero

A lo largo de los próximos días analizaremos un informe del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), al que ha tenido acceso Diario16, en el que se recogen todos los argumentos presentados por las partes personadas en los litigios relacionados con el Caso Popular que pretenden la anulación de la resolución.

Tal y como hemos publicado en diferentes ocasiones en estas páginas, España, a través de la Abogacía del Estado, se alió con la JUR y el Santander para generar una potencia legal tan fuerte que hiciera imposible a los afectados poder lograr la nulidad de la operación.

Esto se produjo en los últimos días de mandato de Mariano Rajoy. Sin embargo, Pedro Sánchez no ha hecho nada para retirar a la Abogacía del Estado de los procedimientos y, lo que es peor, es el responsable directo del trabajo realizado por dicho organismo público a la hora de gestar la estrategia legal. En consecuencia, Sánchez se ha aliado con el Santander y con la JUR para intentar evitar, utilizando recursos del pueblo, que los afectados del Popular recuperen lo que ilegítimamente se les arrebató, con nocturnidad y alevosía, en la madrugada del 7 de junio de 2017.

A lo largo de estos días analizaremos el documento y mostraremos a nuestros lectores cómo tanto Pedro Sánchez como el Ministerio de Economía, responsables últimos de la Abogacía del Estado, se han posicionado en favor de los intereses del Santander y en contra de los de su pueblo.

Después de esto, queda demostrado que, después de ver los argumentos presentados por la Abogacía, la posición del Estado está más cerca de Luis de Guindos, Isabel Díaz Ayuso, Santiago Abascal o Pablo Casado que de lo que de verdad debería representar un presidente que se autodenomina «socialista».

La resolución y el grave incumplimiento de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE

Uno de los puntos por los que la resolución debe ser anulada se halla en el hecho de que la JUR incumplió su deber de motivación, establecido en el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (CDFUE).

Es un hecho que el dispositivo de resolución no fue hecho público de forma íntegra, a pesar de que algunos de los fragmentos censurados son esenciales para conocer su motivación. Por otra parte, la valoración 2 de Deloitte no fue comunicada. Por tanto, a los afectados les fue imposible conocer los criterios de valoración empleados por el experto independiente contratado por la JUR.

A esto hay que añadir que el propio Panel de Apelaciones de la JUR declaró que la denegación de acceso al contenido esencial del dispositivo de resolución y de las valoraciones constituía un indicio de que no se había respetado el derecho a una resolución motivada y a una tutela judicial efectiva.

No es cierto, como alega la Comisión Europea, que solo el destinatario del dispositivo de resolución, es decir, el FROB, tenga derecho a una decisión motivada. Los afectados tienen legitimación activa para impugnar el dispositivo de resolución. Por tanto, también ostentan el derecho a una resolución motivada. La publicación en febrero de 2018 del dispositivo de resolución y de las valoraciones 1 y 2, en versiones censuradas, no permitía cumplir a posterioriel deber de motivación.

Por otro lado, este defecto de motivación afecta al derecho de los afectados del Popular a la tutela judicial efectiva, en la medida en que el hecho de no conocer los motivos que justifican la resolución y la valoración 2 les impide ejercitar su derecho de defensa.

Por otro lado, el hecho de que la valoración 2 no fuera comunicada constituye una vulneración de su derecho a acceder al expediente, según se indica en el artículo 41 de la CDFUE. Además, según el Reglamento 806/2014, la valoración 2 solo es confidencial durante el período anterior a la adopción del dispositivo de resolución.

La Abogacía del Estado apela al interés general del Santander

A pesar de que los argumentos legales presentados por los afectados son irrefutables, el Estado español considera que, si existiera una restricción del derecho de acceso al expediente, esta estaría justificada por razones de interés general relativas a la estabilidad del mercado financiero. Esto es muy grave, puesto que es un reconocimiento explícito por parte de la Abogacía del Estado de que el interés general de España corre paralelo al de Banco Santander.

Además, sorprendentemente, el Estado español sostiene que la JUR observó lo exigido en el Reglamento 806/2014 al publicar en su sitio de internet un anuncio en el que se resumen los efectos de la medida de resolución, lo cual constituye una motivación suficiente para los accionistas.

En primer lugar, esto se hizo después de la resolución y, en segundo término, esta argumentación es falsa, puesto que el resumen publicado contiene omisiones muy importantes que, en realidad, encubren las graves irregularidades cometidas.

Por otro lado, la Abogacía del Estado apela nuevamente al Reglamento 806/2014 y a la CDFUE para justificar razones de interés general para proteger la información confidencial del Santander.

Según el informe del TGUE, España considera que la difusión de cierta información tiene relevancia inmediata en el comportamiento de los mercados financieros, de los agentes que intervienen en ellos y de los depositantes, lo cual puede generar una reacción desproporcionada que comprometa gravemente la eficacia de las medidas de resolución. ¿Las medidas de resolución o la cuenta de resultados del Santander?

Banco Santander pretende deslegitimar a los afectados

Por su parte, el Santander sostiene que lo reclamado por los afectados en referencia al derecho de acceso a las valoraciones 1 y 2, se refieren al acceso del público a los documentos. Además, el banco cántabro señala que el Reglamento 806/2014 concede únicamente un derecho de acceso al expediente a las personas que son objeto de las decisiones de la JUR, lo que excluye a los afectados, los legítimos dueños de Banco Popular, de esa categoría. Esto es, cuanto menos, escandaloso.

Además, Banco Santander insulta a la inteligencia de los afectados del Popular al afirmar que están confundiendo la obligación de motivación con su derecho de acceso a determinados documentos. Para la entidad presidida por Ana Patricia Botín, dado que la versión pública del dispositivo de resolución ha permitido a las demandantes presentar un recurso detallado, no se ha incumplido el deber de motivación.

¿Cuál es el interés general de Pedro Sánchez y Nadia Calviño?

La argumentación de la Abogacía del Estado es cuanto menos sorprendente. Entonces surge la pregunta: ¿cuál es el verdadero interés general para Pedro Sánchez y Nadia Calviño? Desde el año 2018 han tenido tiempo suficiente para retirarla de los recursos presentados por los afectados del Popular. Sin embargo, no han hecho nada y han permitido que la Abogacía, pagada con el dinero de la ciudadanía, desarrollara en estos años toda la estrategia legal que, casualmente, coincide en muchos puntos con la que Linklaters diseñó para la JUR.

La realidad es que un presidente democrático, de izquierda y progresista, está obligado a poner como prioridad del interés general al pueblo frente a los poderosos. Sin embargo, estando el Santander de por medio, lo habitual de los gobernantes españoles es convertir la resolución de las dificultades de ese banco en una cuestión de Estado.

¿Es de interés general salvar a una entidad cuyos máximos accionistas son fondos y bancos que están investigados por las autoridades, por ejemplo, de Estados Unidos? Sánchez debería saber que uno de los principales accionistas del Santander se encuentra entre los máximos responsables de las operaciones de blanqueo de más de 2 billones de dólares, tal y como refleja la documentación filtrada por Natalie Edwards, acción honorable por la que la Justicia la ha condenado a una pena de prisión. ¿Esa condena también es interés general?

Lo hemos dicho muchas veces y, tal vez, al señor Sánchez haya que repetirle las cosas muchas veces para que pueda entender la verdadera realidad de los afectados del Popular. No son especuladores bursátiles profesionales, sino trabajadores, jubilados, autónomos, pequeños empresarios, a los que se arruinó «por el interés general». A lo largo de estos 4 años, Diario16 ha recibido los testimonios de cómo lo están pasando estos 1,2 millones de personas.

Un ejemplo de ello fue el testimonio que viví en primera persona en la presentación en el salón de actos de la Asociación de la Prensa de Cádiz de mi libro Banco Popular. Una Operación Diabólica. A ese acto asistieron más de un centenar de personas y ninguna eran fiscales, magistrados o exjueces cercanos al Santander. Allí estaban los afectados.

Uno de ellos, un chico joven, en medio de lágrimas me contó que su padre, «en su lecho de muerte, me dejó 35.000 euros en acciones del Banco Popular» para que este joven y su novia pudieran casarse cuanto antes. Sin embargo, ese dinero se lo llevó la resolución y se enteró de ello el 7 de junio de 2017 cuando a las 7.30 de la mañana se dirigía a su puesto de trabajo en los astilleros de Cádiz. ¿Esta situación es el interés general para Pedro Sánchez?

Quizá el único interés general que tenga ahora el pueblo es la dimisión inmediata del presidente del Gobierno porque no hay mayor escándalo democrático que un Estado utilice sus recursos para atacar a su pueblo o para defender los intereses de los poderosos, tal y como ya hicieron los dictadores y los reyes del pasado.