La resolución del Banco Popular, que ya debería haber sido anulada por las graves irregularidades que con pruebas documentales lleva demostrando Diario16 desde hace más de 4 años, ha provocado una verdadera guerra judicial que se libra en todas las instancias posibles, tanto en España como en Europa. No es para menos, dado que hay 1,2 millones de personas a las que se arrebató su patrimonio con premeditación, nocturnidad y alevosía, 305.000 familias que se convirtieron, de la noche a la mañana, en las víctimas del rescate encubierto del Santander.

Sin embargo, a pesar de las pruebas documentales, a pesar de las declaraciones en la Audiencia Nacional, los afectados desconfían de lo que pueda ocurrir con la Justicia.

No hay duda de que no todos los jueces y juezas son iguales, y quien piense lo contrario se equivoca. En España hay más magistradas y magistrados éticos que hacen su trabajo con dignidad y cumpliendo con su obligación de impartir justicia justa. Sin embargo, el Santander tiene las influencias necesarias para controlar a la Administración de Justicia. Lo peor es que en el banco presidido por Ana Patricia Botín no se esconden, alardean de ello y lo utilizan como elemento coactivo para que los grandes litigios se resuelvan a su favor.

Las cesiones de crédito, el fraude fiscal y el asalto a Banesto, la ocultación de la participación del 8% en Bankinter, la inversión de 3.000 millones de dólares en la estafa piramidal de Madoff, la operación diabólica del Popular, el patrocinio de los cursos de Baltasar Garzón, el presunto blanqueo de capitales de dictadores como Obiang Nguema, la condena a Alfredo Sáenz por estafa procesal, la compra de los terrenos de la Ciudad Financiera, la finca de Mijas, el fraude fiscal en Alemania de los dividendos Cum-ex, son algunos de los muchos escándalos que el Santander ha protagonizado y en los que algunos miembros de la Administración de Justicia han mirado para otro lado. Los próximos podrían ser el Caso Popular y el Caso Orcel.

La seguridad del Santander de que va a salir sin responsabilidad la dejó clara el secretario general del Consejo, y máximo responsable de los servicios jurídicos del banco presidido por Ana Patricia Botín, cuando afirmó a Andrea Orcel que «no perdemos un caso en los tribunales españoles, si no queremos».

El problema de esa afirmación es que guarda una relación muy directa con lo que ocurre en la realidad cuando el Santander se enfrenta en España a los grandes litigios.  Podrá perder demandas individuales por cláusulas o productos abusivos, reclamaciones de sus clientes o de sus trabajadores y trabajadoras. No obstante, cuando se enfrenta a un caso que pueda afectar, además, a su reputación de cara al mercado, siempre termina ganando.

Uno de los mejores ejemplos lo tenemos en lo referido a Valores Santander, donde el banco presidido por Ana Patricia Botín pierde día sí y día también en los tribunales, pero, al tratarse de demandas individuales, no le afecta. Lo mismo que respecto al IRPH, cláusulas suelo, gastos hipotecarios, Hipoteca Tranquilidad o las Multidivisas. Esas condenas no llegan al mercado.

Sin embargo, el Caso Orcel o el Caso Popular sí que ponen en serio riesgo la posición en los mercados financieros, tanto en España como en el resto del mundo. Por eso, estos dos asuntos son en los que el Santander está poniendo a sus mejores abogados, junto a sus lobistas políticos y  jurídicos, que sin duda existen,  para lograr que la Justicia haga lo que tenga que hacer para que la entidad salga impune, vía una justicia ni justa ni ética..

En el Caso Popular se pudo comprobar cuando, una vez que el juez Calama imputó a la entidad, se movieron todos los resortes necesarios para que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional creara una doctrina ad hoc, la Doctrina Botín II, en la que, para salvar al Santander de la imputación se llegó a no aplicar un artículo del Código Penal, el único modo en el que podía desimputar al banco cántabro.

El verdadero peligro está en que la Justicia justa empezara a apuntar que el responsable de devolver su dinero a los afectados del Popular es el Santander por ser quien se ha beneficiado de banco resuelto. Entonces las alarmas saltarán y las influencias comenzarán a funcionar para que esa parte de la Justicia sometida a los intereses de la entidad cántabra inicie su estudio del Caso para, llegado el caso, retorcer la ley para actuar creando una nueva doctrina legal. Todo ello, evidentemente, aunque las pruebas sean tan contundentes como para condenar al Santander. Eso dará igual porque, como dijo Jaime Pérez Renovales a Andrea Orcel, «no perdemos un caso en los tribunales españoles, si no queremos».

La intervención de la Fiscalía Anticorrupción y el propio Ministerio de Justicia bien podría investigar esta presunta afirmación,  en base a una transparencia democrática y constitucional, con el fin de que no sea presunta y más aun con el fin de informar al pueblo español que nuestra democracia se fundamenta en un Estado de Derecho, de justicia e igualdad real. Ya aplauden a los colaboracionistas del Santander diputados cántabros en el Congreso.

Ya hemos visto sentencias relacionadas con la resolución del Banco Popular que, aunque no favorecen al Santander, demuestran que hay jueces y juezas capaces de obviar información fundamental del caso, ya sea por ignorancia (lo que es muy grave puesto que les acerca a la comisión de una presunta prevaricación) ya sea por desviar la atención hacia otros factores del caso que ya se ha demostrado que no son aplicables.

Eso sí que interesa al Santander. Crear cortinas de humo para que los afectados no focalicen sus reclamaciones hacia el banco presidido por Ana Patricia Botín. A la entidad cántabra no le interesa que los tribunales se llenen de demandas por enriquecimiento ilícito porque entonces la atención judicial se fijaría en ellos. Lo más sencillo es que se busque responsables que no podrían pagar las indemnizaciones a los afectados o que sean el Estado español o la Unión Europea quien se haga cargo de ello, es decir, dinero público que pague el rescate al Santander.

Ni la Justicia ni la democracia pueden permitir que esto ocurra porque entonces se haría efectiva la sospecha de que quien de verdad manda en los tribunales es el Santander y, en consecuencia, que el poder en el Estado español se encuentra en un lujoso despacho del Paseo de la Castellana de Madrid y no en la soberanía popular, tal y como señala la Constitución.

13 Comentarios

    • Exacto, por ahora es así y seguirá siéndolo hasta que no veamos con cadena perpetua a todos los traidores capos del R78.

  1. En una Ciudad de unos 40.000 habitantes, el hijo de puta de expresidente Mariano Rajoy quería quitar al juez de dicha Ciudad, pareceser que el juez no era o no se doblegaba al los gusto de él.
    Est demuestra la mafia de lis políticos de ésta nación o revuelto de dicisiete mierdas pueblerinas autonomías.
    Claro que la Unión Europea va de la mano.

  2. Parte de un escrito que mande a la JUR

    Había dos apartados en la Documentación que te facilitaba la JUR, uno era para personas físicas y otro apartado era para el registro como organización

    Me registre como persona física y con muchos apuros porque estaba todo colapsado por circunstancias técnicas con el formulario técnico

    Confirmo que a fecha 6 de junio de 2017 era accionista del Banco Popular Español, así como era propietario de uno de los instrumentos de capital que fueron amortizados y trasferidos como consecuencia de la implementan de la decisión de resolución del Banco Popular Español que adopto la JUR el 7 de Junio de 2017

    Contestación de la JUR

    Gracias por su paciencia .Hemos recibido su intento de registrarse para el derecho de ausencia en relación a la decisión preliminar en base a la cual no seria necesario conceder compensación y al razonamiento subyacente en el caso del Banco Popular Español .

    Información del departamento de valores de mi banco

    Como resultado de un proceso competitivo y venta organizado en el marco de un esquema de resolución adoptado por la Junta Única de Resolución y ejecutado por el FROB de conformidad con el Reglamento del Parlamento Europeo

    Conclusión. El máximo responsable de esta Operación Diabólica del Banco Popular es la JUR .El segundo es el FROB un Organismo Oficial de Estado que ha estado al servicio para algunos presidentes de gobierno con mentalidad satánica y sin religión.

    La JUR es la responsable en investigar con sus Jueces Europeos que tienen medios para hacerlo , si el Banco Popular era solvente , nos tienen que decir la verdad.
    Tienen que buscar a los presuntos terroristas financieros que han ensombrecidos de tristeza a muchas familias española por culpa del Banco Popular. La COMUNIDAD EUROPEA por el bien de todos y por su futuro no puede permitir que haya columnas podridas en sus instituciones .S2

  3. Es lo que tiene gestionar todas las cuentas del Ministerio de Justicia
    Lo siento pero alguien lo tenía que decir

  4. Le hechan la culpa a la JUr,pero estamos en España,en el momento del robo de nuestro Banco popular,elprincipal ladron fue un gallego un tal mariano Rajoy,que era el presidente del gobierno en el dia del robo,seguido de Guindos, Jaime Ponce, La botina ,Saracho,la VNMV y el BDE.El presidente del gobierno era el que tenia que velar por los mas de 1200.000 españoles robados.LO QUE DIGO ES QUE EL GOBIERNO DE ESPAÑA ES EL QUE ROBO A MAS DE 305.000 FAMILIAS.Que se pongan de acuerdo con el Sanladron y nos devuelvan lo robado.LO QUE ROBARON NO ES NI MAS NI MENOS QUE LA PROPIEDAD PRIVADA DE MAS DE 1200.000 ESPÀÑOLES.

  5. Aleluya. Un articulo en Expansión , puedes leerlo sin pagar ni un euro, hacia meses que no me metía en este periódico digital , tengo mi personalidad propia para las editoriales que cumplen con la obligación de decir la verdad a los ciudadanos , la prensa debe servir a los gobernados , no a los gobernantes .No si esto lo pone la Constitución Española , pero estoy seguro que los padres fundadores de la Constitución de EEUU lo reflejaron , a los periodistas les dieron protección libre para desempeñar su papel en la democracia .
    Sres. de Diario 16 ya pueden mandar un resumen del Libro Operación Diabólica a Steven Spielberg ,estamos en un país que copian todo , incluso los políticos con sus Curriculum Vitae . Me disgustaría mucho que se perdieran la gloria que se merecen después del gran trabajo que realizan todos los días por todos los accionistas del Banco Popular .S2

    La «mano derecha» de Saracho reaviva la investigación sobre el Banco Popular
    NOV. 2020 – 10:56
    Mauricio Skrycky EXPANSION
    La declaración del que fuera director financiero del Banco Popular Miguel Escrig, «mano derecha» del expresidente Emilio Saracho, ha reavivado la investigación a las dos últimas gestiones de la entidad, tras cuestionar aspectos polémicos como las tasaciones que heredaron de la anterior directiva.
    Lejos de centrarse en los hechos que tuvieron lugar bajo el mandato de Ángel Ron, Escrig también se refirió a la recta final del Popular y al proceso frustrado de venta privada del que, aseguró, el Santander dispuso de datos incluso después de reconocer que no presentaría oferta alguna.
    En su testifical, el exdirectivo expuso cómo se organizó ese intento de venta, en concreto el «virtual data room» o base de datos habilitada para que los bancos interesados en el Popular pudieran tener acceso a información.
    Aunque fue la secretaría general técnica la que decidió qué información se subía a la plataforma, no él, sí que se reunió con algunas entidades participantes, como Bankia, porque le interesaba saber dónde veían problemas.
    A mediados de mayo de 2017, el Santander ya había decidido que no presentaría ninguna oferta por un Popular en plena caída de su cotización; sin embargo, indicó Escrig, sí que pudo seguir entrando al «data room» después, ya que tuvo discusiones posteriores con ellos.
    Entre esa información estaba la evolución de liquidez del Popular, unos datos que él personalmente no quería dar por su carácter sensible, pero que fueron volcados por petición expresa de la Junta Única de Resolución (JUR), organismo que más tarde, el 7 de junio, acordó resolver el banco.
    El comentario sobre el funcionamiento del «data room» despertó el interés del juez José Luis Calama, que adelantó que iba a analizar por qué el Santander continuó teniendo acceso a esta documentación tras su negativa inicial, según fuentes jurídicas.
    Financiación de acciones
    Especialmente tajante se mostró Escrig con uno de los asuntos más controvertidos de la pieza que investiga a Ron y su equipo por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que la entidad acometió en 2016: la presunta financiación de acciones.
    A preguntas del magistrado, el exdirectivo, que afirmó que desconocía que esa práctica estaba prohibida por el manual de políticas contables, explicó que ya con Saracho en la presidencia la auditoría interna identificó a 6.000 clientes que recibieron financiación para comprar títulos de la ampliación.
    Según relató, la investigación del banco, que abarcó todos los perfiles posibles, comprobó que los préstamos que se concedieron no se registraron contablemente como préstamos para la compra de acciones, y que solo había 20 operaciones bien anotadas.
    Tales pesquisas llegaron hasta el Banco Central Europeo (BCE), como supervisor, que no dio su opinión al respecto, sino que dijo que lo analizaría «y que mandaría un correo».
    Sin embargo, hace unas semanas, varios ex directores territoriales del Popular negaron que hubiera instrucciones -ni explícitas ni veladas- para financiar que los clientes del banco acudieran a la ampliación.
    De hecho, señalaron que desde la cúpula se les había recomendado «cautela» en la contratación «porque los supervisores estaban muy encima».
    Más allá de la causa que investiga la Audiencia Nacional, la presunta financiación de acciones fue una de las razones que llevó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a abrir un expediente por infracción «muy grave» a Ron y los ex consejeros delegados Pedro Larena, Roberto Higuera y Francisco Gómez, entre otros.
    El procedimiento, cuya tramitación está suspendida al haber un caso penal abierto, apuntaba al ex director financiero Javier Moreno, quien «tuvo conocimiento o, al menos, indicios», de la financiación de la adquisición de acciones, sin comprobar que dicho importe fuera deducido del capital regulatorio del banco.
    Las tasaciones
    En el punto de mira se encuentran también las tasaciones del equipo de Ron, a pesar de que el expresidente defendió que estaban bien hechas y que nunca conoció las supuestas sobrevaloraciones a las que hacía alusión el peritaje de los expertos del Banco de España.
    Al respecto, Escrig admitió que su equipo sí que detectó que un porcentaje significativo daba un valor de los inmuebles más bajo que la original.
    Esa fue la conclusión que extrajeron tras comparar las tasaciones nuevas con el valor neto contable de los inmuebles, y constatar que existía una diferencia contable de 1.400 millones «extraña» teniendo en cuenta que en 2017 el mercado ya era alcista.
    Las filtraciones
    Escrig, que compareció como testigo a petición de Saracho, respondió por último a las cuestiones sobre las presuntas filtraciones acerca de la situación del banco pocas semanas antes de su resolución y posterior venta al Santander, que se investigan en la segunda pieza del caso.
    En concreto, se centró en la noticia publicada el 11 de mayo de 2017, un mes antes del desenlace del Popular, en la que un medio de comunicación ponía en duda la solvencia del banco y anunciaba su quiebra inminente.
    Si bien el ex director de comunicación de la entidad, Carlos Balado, sostuvo hace unos días que fue Saracho quien trasladó esa información, Escrig contó que el propio expresidente le dijo que él no había hablado con el periodista que publicó la noticia, aunque luego sí que le pidió después que rectificara.

    https://www.expansion.com/empresas/2020/11/01/5f9e8642e5fdea61268b45e6.html

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