La Fiscalía Anticorrupción interrogó el pasado miércoles al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, en calidad de testigo, en relación con el contrato de emergencia para el suministro de material sanitario con el que se relaciona a Tomás Díaz Ayuso, hermano Isabel Díaz Ayuso.
Durante su declaración defendió la legalidad de la adjudicación y la tramitación del acuerdo que alcanzó la administración autonómica.
Según fuentes cercanas al consejero, el máximo responsable de la Sanidad madrileña acudió a declarar testigo en relación al contrato por valor de más de 1,5 millones de euros para la adquisición de mascarillas FFP2 y FFP3 que fue adjudicado en abril de 2020 a la Priviet Sportive, S.L., cuyo administrador único es Daniel Alcázar, al que se relaciona con el hermano de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
La Comunidad reconoció que el hermano cobró 283.000 €
La propia Comunidad de Madrid admitió la cifra total de dinero que cobró el hermano de la presidenta regional de la empresa Priviet Sportive al beneficiarse de un contrato público para adquirir mascarillas.
Recordando la información publicada por Diario16 y otros medios, según la cual, la Comunidad de Madrid informó que Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, facturó a la empresa Priviet Sportive un montante total de 283.000 euros en 2020. Esta cifra se queda muy lejos de los 55.850 euros que la lideresa populista madrileña detalló al conocerse el escándalo.
Contratos
El consejero madrileño explicó que se actuó “en todo momento de forma honrada y todos los contratos de emergencia se tramitaron con transparencia y fueron acordes a la legislación sobre contratación en el sector público, siempre ajustados a procedimiento”.
Defendió que desde la Consejería de Sanidad se contactó únicamente con la empresa adjudicataria del contrato de emergencia con el que se relaciona al hermano de la presidenta regional pero “no se podía conocer la vinculación posterior que esta pudiera tener con sus proveedores”. Él se enteró “meses después por la prensa de la posible relación familiar”.
Situación extremadamente grave
“Tomás Díaz Ayuso (hermano de la presidenta) no influye en que el Sermas cierre esa contratación con la empresa. Estábamos viviendo una situación extremadamente grave cuando se formalizó ese contrato. Estábamos por encima de los 15.000 ingresados y por encima de los 4.000 fallecidos”, aseguró Ruiz Escudero.
Fiscalía Anticorrupción
La Consejería de Sanidad ya remitió a la Fiscalía toda la documentación relacionada con este contrato, desde la contratación y recepción de la oferta a cómo pasó valoración del secretario general del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), aprobación de la viceconsejera, las cifras de la intervención o la dación de cuentas al Consejo de Gobierno.
La Fiscalía Anticorrupción abrió en febrero diligencias preprocésales al entender que sí resultaba procedente la práctica de determinadas pesquisas, a pesar de que no se dirigía inicialmente contra personas físicas o jurídicas.
De hecho apuntaba que no trasladaba el asunto a la Fiscalía del Supremo, donde es aforada Ayuso, porque de los hechos denunciados no apreciaba de momento indicio verosímil de delito por parte de ella.
Tráfico de influencias
En este sentido, investiga la parte referida a delitos relacionados con el tráfico de influencias, la posible falsedad en la factura emitida por Tomás Ayuso, la prevaricación y las negociaciones prohibidas a los funcionarios.
La Fiscalía Europea
La Fiscalía Europea, por su parte, sostiene que el contrato fue financiado íntegramente con fondos europeos y que por tanto el perjuicio ocasionado al patrimonio de la Unión Europea ascendería a 1.512.500 euros. Entiende así que puede haber dos delitos, uno de fraude a los presupuestos de la UE y un delito de malversación.
Las diferentes denuncias interpuestas para iniciar una investigación judicial sobre los contratos por los que el hermano de Isabel Díaz Ayuso cobró una serie de comisiones ha llegado incluso a que la Fiscalía Europea se haya pronunciado sobre el asunto, sobre todo porque, presuntamente, se utilizaron fondos europeos para la adjudicación de esos contratos.
La Fiscalía Europea emitió un comunicado en el que resalta que debe ser esta institución la que debe hacerse cargo de la investigación. Sin embargo, también deja en el aire la posibilidad de que sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el que deba decidir que organismo debe hacerse cargo de dicha investigación, si la Fiscalía Europea o la española. La propia fiscal general del Estado, Dolores Delgado, reunió ayer a la junta de fiscales para decidir si lucha contra Europa para mantener en España la investigación de la adjudicación y de las comisiones cobradas por el hermano de Ayuso o si lo deja en manos de la Fiscalía Europea.
