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La investigación del contrato del hermano de Ayuso provoca un peligroso conflicto con la Unión Europea

La entrada de la Fiscalía Europea ha provocado un verdadero terremoto jurídico en España, el primero de muchos, porque el Ministerio Público español va a intentar quedarse por todos los medios con la causa de los contratos del hermano de Ayuso a pesar de la preeminencia de Europa

José Antonio Gómez
Director de Diario16. Escritor y analista político. Autor de los ensayos políticos "Gobernar es repartir dolor", "Regeneración", "El líder que marchitó a la Rosa", "IRPH: Operación de Estado" y de las novelas "Josaphat" y "El futuro nos espera".
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Las diferentes denuncias interpuestas para iniciar una investigación judicial sobre los contratos por los que el hermano de Isabel Díaz Ayuso cobró una serie de comisiones ha llegado incluso a que la Fiscalía Europea se haya pronunciado sobre el asunto, sobre todo porque, presuntamente, se utilizaron fondos europeos para la adjudicación de esos contratos.

La Fiscalía Europea emitió un comunicado en el que resalta que debe ser esta institución la que debe hacerse cargo de la investigación. Sin embargo, también deja en el aire la posibilidad de que sea el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el que deba decidir que organismo debe hacerse cargo de dicha investigación, si la Fiscalía Europea o la española. La propia fiscal general del Estado, Dolores Delgado, reunió ayer a la junta de fiscales para decidir si lucha contra Europa para mantener en España la investigación de la adjudicación y de las comisiones cobradas por el hermano de Ayuso o si lo deja en manos de la Fiscalía Europea.

La junta de fiscales decidió finalmente seguir apoyando que la Fiscalía Anticorrupción española siguiera al frente de la investigación de los contratos por los que el hermano de Ayuso cobró comisiones. El propio decreto firmado por Dolores Delgado es un desafío a Europa. Además, la propia Fiscalía Europea ya dejó claro a España que «a la Fiscalía española no le está legalmente reconocida la potestad de examinar la competencia de esta Fiscalía Europea, sino que debe atender a la petición de remisión de la información sin dilación». A pesar de esto, Dolores Delgado y Alejandro Luzón han vuelto a anteponer el narcisismo y la prepotencia de la Administración de Justicia española a lo que señala el Reglamento europeo.

Además, el organismo europeo ha sido tajante al defender su competencia: «El Reglamento de la Fiscalía Europea establece una competencia preferente para que la Fiscalía Europea investigue todos los hechos relacionados con un posible fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea». Esta preeminencia de los organismos judiciales europeos es algo que no se ha asimilado bien en la Administración de Justicia y no hay más que ver las constantes sentencias del Tribunal Supremo en la que obvian o interpretan las resoluciones dictadas en Luxemburgo.

La Fiscalía Europea señala también que «en una situación de conflicto de competencias siempre debe considerarse la posibilidad de recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por ello, esta mañana la Fiscalía Europea ha solicitado a la Fiscal General del Estado que considere esta opción».

Sin embargo, según han señalado a Diario16 fuentes jurídicas expertas en Derecho de la Unión, la realidad es que la Fiscalía española no puede en ningún caso elevar ningún tipo de cuestión prejudicial al TJUE porque no es un órgano judicial. Sólo los jueces tienen esa capacidad y, en consecuencia, si la Fiscalía Europea decide hacerse con el mando de la investigación del contrato por el que el hermano de Isabel Díaz Ayuso cobró comisiones para verificar si presuntamente hubo malversación de fondos europeos, por mucho que Dolores Delgado o Luzón se resistan, tendrán que abandonar dicha investigación.

Si la Fiscalía española quisiera elevar esa cuestión prejudicial, entonces tendría que remitirlo a un juzgado de instrucción para que fuese éste quien lo hiciera.

Independientemente del caso concreto del contrato de la Comunidad de Madrid por el que el hermano de Isabel Díaz Ayuso cobró comisiones, la realidad es que es buena noticia para la ciudadanía española que sea la justicia europea la que se involucre en las investigaciones, puesto que sería un duro golpe para una Administración de Justicia, la española, más pendiente en defender los intereses de las élites que los de la ciudadanía.

Corrupción judicial sistémica y consentida

La mayoría de la ciudadanía española considera necesaria una reforma profunda y urgente de la Justicia por su corrupción sistémica. A medida que va pasando el tiempo el pueblo español desconfía cada vez más de su Administración de Justicia, sobre todo después de sentencias escandalosas en las que se ponen del lado del más fuerte o más poderoso aunque haya pruebas suficientes como para haber dictado una sentencia condenatoria en favor del pueblo. Sin embargo, en España pasa al revés: a pesar de haber pruebas las causas que implican a las clases dominantes se archivan o, directamente, se condena al débil.

Eso ocurre también en el sector empresarial, donde existe una percepción muy negativa de la independencia de los jueces y los tribunales por las presiones por intereses económicos de las entidades involucradas en las causas judiciales.

Por otro lado, existen denuncias presentadas ante los tribunales y los organismos europeos que, directamente, señalan que los propios profesionales de la Administración de Justicia han reconocido la existencia de presiones y sobornos para orientar la resolución de asuntos en una dirección determinada. Así se refleja, por ejemplo, en el resumen de los informes 2016‐2017 de la Red Europea de Consejos Judiciales sobre las encuestas sobre percepción de independencia realizadas entre jueces europeos.

el mal funcionamiento sistémico de la Justicia española y del Tribunal Supremo ha sido constatado por el Servicio de Compliance de la Unión que ha detectado más de sesenta casos en los que el Tribunal Supremo omitió su deber de instar cuestiones prejudiciales ante el TJUE, tal y como publicamos en Diario16.

Por tanto, el hecho de que la Fiscalía Europea haya entrado en un asunto español no es más que una buena noticia para la ciudadanía porque servirá para que determinados sectores de la Justicia española se sientan vigilados de cara a posibles decisiones adoptadas con apariencia de legalidad cuando, en realidad, no hace más que alejarse de la ley.

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1 Comentario

  1. El juntaletras que escribe este editorial tiene el serio problema de confundir deseos con realidad. En su deposición mañanera habla de la «Fiscalía Europea» como si esa institución, creada hace 19 meses y con una conocida socialista como Concepción Sabadell al frente tuviera un largo e ilustre recorrido y fuera un órgano que tuviera alguna posibilidad de meter sus narices en el caso, cosa que, según los juristas que se reunieron ayer con la Fiscal General del Estado, y ella misma, dijeron en un comunicado que no es viable ya que ni siquiera aprecian delito de cohecho como pretende la fiscal europea para ampararse en ello y quedarse con la causa. Es por esto que tal vez el juntaletras debería informarse primero antes de escribir lo que su ensoñación le dicta y así tal vez tendría un mínimo de credibilidad.

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