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Publicado el documento que tumbó a Casado: “El hermano de Ayuso cobró 300.000 euros”

Agustín Millán
Agustín Millánhttp://pompona22.wixsite.com/agustinmillan
Foto periodista especializado en manifestaciones y actos sindicales. Desde 2011 fotografiando la crisis más dura de la historia moderna. Responsable de redes sociales de la Cumbre Social España. Fotógrafo con 5 campañas electorales entre ellas la de Manuela Carmena y la de Enrique Santiago en IU Madrid.
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análisis

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El diario ‘El Mundo’ ha publicado una fotografía de una nota de página y media, escrita en letras mayúsculas. Este documento ha sido el detonante de la caída de Pablo Casado, presidente todavía del Partido Popular. El diario ha publicado este lunes el documento que llegó a la mesa del despacho del aún presidente popular y que luego fue filtrado a los medios a través de la oficina de prensa de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. 

El documento 

Este corto texto le puso sobre aviso: “En el peor momento de la pandemia, en abril de 2020, la Comunidad de Madrid (CAM) adjudicó un contrato (Expediente A-SUM-011335-2020) para mascarillas y EPIs (Equipos de Protección Individual) para el hospital de IFEMA. Fue a la empresa Priviet Sportive, de Daniel Alcázar, amigo de Isabel Díaz Ayuso de Sotillo de la Adrada (Ávila), que se dedica al calzado y a la confección, pero que días antes cambió su CNAE (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) para poder vender material sanitario”, se puede leer en el texto.

La entrevista 

Casado, en una entrevista en la COPE, explicó que le llegó una información con datos bancarios y fiscales. “La llamé para preguntarle. Yo le pido a Isabel Díaz Ayuso que venga al despacho, no para hablar del Congreso de Madrid, sino para hablar. Y al final le digo con absoluto respeto, y además con pesar: ‘Oye, Isabel, me ha llegado esto, por favor dime si es cierto y a ver qué se puede hacer’”.

Según Casado, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, nunca le da una respuesta sobre el contrato bajo sospecha con la supuesta comisión al hermano de la dirigente.

“El problema es si después de ese contrato ha habido una transferencia de comisiones a un familiar”

El líder conservador negó que la información le llegará de la Moncloa.“La información no viene de una persona determinada. Este tipo de informaciones llegan a veces de la propia Administración involucrada”, ha dicho sobre la fuente que supuestamente dio al PP el contrato que la Comunidad de Madrid firmó con un amigo de la familia Ayuso durante la primera ola de la pandemia.

“Absolutamente”, ha afirmado Casado al ser preguntado sobre si confirma que no fue alguien de La Moncloa quien le dio la información. Desde la Puerta del Sol se nos dice que le han dicho en la Moncloa que se lo hemos pasado desde Génova», dijo en referencia al contrato. “Es absolutamente falso”.

El hermano de Ayuso cobró 285.000 € en cuatro contratos

Casado tenía información de que el hermano de Ayuso había cobrado en torno a 286.000 euros. En realidad, 283.000, como reconoció la propia Comunidad.

“Cuando presida el Gobierno de España, no permitiría que un hermano mío cobrara 300.000 euros por un contrato adjudicado desde el Consejo de Ministros”, ha afirmado Casado. “Nadie ha defendido más en España a Isabel Díaz Ayuso que yo. Pero creo que tengo derecho a velar por la ejemplaridad de la formación política que presido pidiendo en privado una información”.

Casado insistió en la idea de que Ayuso jamás aportó a la dirección del partido el contrato otorgado por la Comunidad de Madrid a un amigo de la familia Ayuso y por el que el hermano de la dirigente se llevó una supuesta comisión de 285.000 euros durante la primera ola de la pandemia: “Muchas veces hay que ir más allá. No estoy diciendo que no opere la presunción de inocencia, por supuesto. Los españoles no pueden admitir que haya trato de favor”.

Y añadió: “Si yo presidiera esa institución, debería inhibirme a la hora de conceder el contrato. Y si esa institución ha usado a una empresa de un amigo para lograr un contrato, habrá quien pueda pensar que está usando un testaferro para no aparecer en el contrato adjudicado”.

“Más allá de que sea ilegal, la información es que la comisión es de 286.000 euros. Un importe relevante como para que alguien pueda pensar que ha habido tráfico de influencias. Pero yo no estoy acusando, estoy preguntando. La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 286.000€ de beneficio por vender mascarillas”, censuró Casado ante Carlos Herrera.

La Comunidad reconoce que cobró 283.000 €

La propia Comunidad de Madrid ha admitido por primera vez la cifra total de dinero que cobró el hermano de la presidenta regional de la empresa Priviet Sportive al beneficiarse de un contrato público para adquirir mascarillas. 

Recordando la información publicada por Diario16 y otros medios, según la cual, la Comunidad de Madrid informó que Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, facturó a la empresa Priviet Sportive un montante total de 283.000 euros en 2020 -justamente la misma cantidad de la que habló Pablo Casado en su entrevista en la Cope. 

Esta cifra se queda muy lejos de los 55.850 euros que la lideresa populista madrileña detalló hace días. Así, la nueva cifra es muy similar a la que difundió la dirección nacional del PP, encabezada por Pablo Casado y el dimitido Teodoro García Egea, que abrieron una investigación ante las sospechas de corrupción para frenar la carrera de la dirigente hacia el liderazgo del PP madrileño.

Faltan contratos 

De los 227.150 euros, la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha querido dar detalles porque no guardan relación con su administración. “Sobre las informaciones que siguen saliendo relativas al contrato Priviet Sportive: Tomás Díaz Ayuso factura a esta empresa un montante total de 283.000 euros en 2020. Eso se sustenta en cuatro facturas, correspondientes a cuatro trabajos diferentes”, aseguró en una comunicación oficial.

La nota publicada por El Mundo denuncia que “solo este contrato supondría prevaricación, malversación, tráfico de influencias y otros delitos de corrupción”. Y, alerta de que el Gobierno regional estaría “tratando de ocultar las pruebas fabricando facturas falsas para justificar los pagos”.

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