Rubén Sánchez, secretario general de Facua, es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Sevilla. Siempre se ha caracterizado por llamar a las cosas por su nombre y su combatividad contra los fraudes que sufren los consumidores en España le han convertido en el portavoz, no sólo de su asociación, sino de las demandas y reivindicaciones de muchas personas que han sido víctimas de los abusos constantes de las compañías de todos los sectores empresariales.
La razón de esta entrevista está enmarcada en la histórica decisión de la Dirección General de Consumo de Baleares de sancionar a una entidad financiera por el IRPH, algo inédito en España, y por la situación de las víctimas de los abusos bancarios que, en el caso del IRPH, tendrá un punto de inflexión el próximo jueves en el Congreso de los Diputados en el debate de la proposición no de ley presentada por EH-Bildu para que el Gobierno no defienda en los tribunales europeos a la banca sino los de los afectados o que mantenga una posición neutral y no se persone en la causa.
Cuando hablamos con un representante de la defensa de los derechos de los consumidores en referencia a la banca, siempre hay una pregunta que flota en el aire: ¿por qué?, ¿por qué en España los bancos tienen el poder, incluso, de condicionar la acción de la Justicia en contra de los intereses de las personas a las que han defraudado o han vendido productos con cláusulas abusivas? En este sentido, Rubén Sánchez da algunas respuestas muy interesantes.
¿Qué representa la decisión que ayer anunció Consumo Baleares sobre el IRPH?
Es la primera multa que una administración hace pública por infracciones relacionadas con el IRPH. Creemos que debería ser algo habitual por las autoridades de consumo, el que dieran a conocer resoluciones sancionadoras, bien por denuncias individuales, bien por prácticas que entiendan que hay que sancionarlas de oficio ante la comisión de un fraude masivo. Lamentablemente, esto es un caso aislado en España. Baleares es la autoridad de consumo que está destacando más por anunciar expedientes sancionadores y multas a empresas por fraudes de envergadura, mientras que el resto de las administraciones de consumo rarísimas veces hacen pública una multa. Esto pone de manifiesto el escaso interés y la poca entidad que le dan a las políticas de protección a los consumidores en las distintas comunidades autónomas.
El anuncio de esta sanción llega en un momento en que mañana se debatirá en el Congreso de los Diputados la PNL sobre el IRPH en la que se reclama al Gobierno que no defienda los intereses de la banca ante los tribunales europeos, como ya ha hecho en anteriores ocasiones.
Efectivamente, es algo que nos encontramos con frecuencia. Cuando el Abogado del Estado se tiene que posicionar sobre algo, lo hace del lado de la banca. Es correcta la iniciativa de Bildu y lo que se va a debatir en el Congreso, es decir, darle importancia a este tema, que lo tiene. Ayer, además, nos encontramos con un mensaje del Banco de España en el que trasladaba a los bancos que “hombre, no subáis tanto las comisiones, que eso está muy feo”, es decir, un mensaje absolutamente naif por parte del Banco de España cuando poco se ha hecho desde el BdE poco se ha hecho para frenar prácticas bancarias contrarias a los intereses de los consumidores, cuando, hoy por hoy, nos deberíamos encontrar en el ámbito de las comisiones de la banca son multas de las autoridades de consumo por aplicación o subida de comisiones sin una causa justificada, que es un requisito que establece la legislación de defensa de los consumidores que no se cumple. Hace unos meses el Ministerio de Consumo lanzó un comunicado de prensa en el que anunciaba que se había puesto de acuerdo con todas las comunidades autónomas para entender que si la banca aplicaba nuevas comisiones o subidas que no cumplieran los 3 requisitos elementales, entre los que se encuentra que la causa esté justificada, se iban a llevar a cabo actuaciones por las autoridades autonómicas. Sin embargo, no ha habido ningún anuncio de sanción ante subida de comisiones. La laxitud que nos encontramos en relación a los fraudes bancarios es generalizada, tanto por el Banco de España como por parte de las autoridades de defensa del consumidor que cada una tiene sus competencias diferenciadas.
Respecto al IRPH, a diferencia de otras cláusulas abusivas de la banca, es un índice legal, que se publica en el BOE. Sorprende que después de las sentencias del Supremo y del TJUE que reconocen la falta de transparencia del IRPH, sorprende que el Gobierno no haya adoptado aún ninguna decisión al respecto.
Ni el gobierno central ni los autonómicos. Con la cláusula suelo ocurrió algo parecido, aunque se dieron muchas más reclamaciones que con el IRPH porque hay más hipotecas con cláusula suelo. No se pusieron en marcha protocolos contundentes de sanción a la banca, ni hoy en día tampoco se aplica. La cláusula suelo que en más del 90% de los casos los jueces dan la razón al consumidor, y está demostrado que hubo falta de transparencia en todos los casos, no nos hemos encontrado con ninguna autoridad de consumo autonómica, porque son las que tienen competencia de sancionar, que hayan puesto una multa milmillonaria a ningún banco, similar a las que pone la Comisión Europea a las grandes entidades cuando observa prácticas contrarias a la legislación de competencia. No ha habido multas de cientos o miles de millones de euros contra los bancos por aplicar masivamente la cláusula suelo y no haber devuelto de oficio el dinero a los consumidores. Sin embargo, nos encontramos a la banca en una posición de fuerza frente al consumidor diciéndole a veces que no les devuelve nada o les ofrece una quita del dinero a devolver. En lugar de que las administraciones de consumo hagan una campaña en la que digan que si el banco no devuelve íntegramente el dinero más los intereses de demora, impondrá una multa por cuatro o cinco veces el valor del dinero defraudado. No impulsan las autoridades de consumo las denuncias de los consumidores, no abren expedientes de oficio. Por eso, la banca se siente muy tranquila porque de un dinero que sabe tendría que devolver, porque así lo dice la jurisprudencia, en cantidades de decenas de miles de millones, está devolviendo cifras muy inferiores porque hay gente que no ha denunciado o porque la convence para que se conforme con cantidades muy inferiores.
En el auto de la prejudicial que envió la magistrada Robles respecto al IRPH se señalaba que la sentencia del Supremo está hecha para satisfacer los intereses de las entidades financieras, ¿por qué una parte de la Justicia se ha convertido en el mejor activo que tiene la banca española?
Eso es algo que también nos preguntamos nosotros. Por qué hay tantas decisiones del Supremo que van desde la aberración de la sentencia original de la cláusula suelo en la que se decía que ellos bancos se podían quedar con todo el dinero defraudado hasta la fecha de la sentencia, que luego el TJUE les enmendó y obligó que se tuviera que devolver el dinero desde el minuto 1, hasta otras sentencias como las que hemos visto en las que la decisión es muy ambigua, poco concreta, muy laxa, que termina favoreciendo los intereses de la banca y que obliga a jueces españoles a elevar cuestiones prejudiciales al TJUE que, en determinados casos, a enmendar la plana al Supremo. Lamentablemente es así. Hay jueces que son pro-banca y otros pro defensa de los intereses de los consumidores. Nosotros lo que queremos es que se aplique el derecho y que con la legislación comunitaria y español hay elementos suficientes como para que, por ejemplo, en el caso del IRPH, se tumbara el interés y que el préstamo quedara sólo con capital a devolver. El consumidor recuperaría todo el dinero de los intereses pagados. Ni siquiera consideramos que se sustituya el IRPH por el Euribor. Habría que eliminar los intereses de esos préstamos hipotecarios. Sin embargo, los jueces del Supremo no piensan así.
Este es el mismo planteamiento de la sentencia sobre IRPH de la Audiencia Provincial de Toledo…
Por ejemplo, cuando un juez detecta usura en un préstamo ahí la decisión es anular los intereses del crédito y devolver sólo el capital. ¿Por qué no hacer lo mismo con el IRPH? No es esta la decisión que están tomando la mayoría de los juzgados. Si no es transparente el IRPH, la abusividad implica que sólo te cobren capital. Pero tenemos la barrera a nivel bancario que en el Supremo no ve las cosas así. A ver qué dice el TJUE.
La sentencia del IRPH del Supremo presuntamente incumple directiva europea, su propia doctrina que aplicó en la cláusula suelo y la propia ley española de protección a los consumidores. ¿Cómo se puede explicar que se incumplan todas esas cosas en una sentencia?
A nosotros nos sorprende e indigna. No tenemos problema con ser críticos cada vez que ocurre algo así con las aberraciones que en alguna ocasión ha cometido el Supremo con sentencias relacionadas con el sector bancario. Es lo que tenemos y lo que provoca que los jueces en primera instancia y en las audiencias provinciales sigan esos dictados del Supremo.
Ahora mismo en el caso del IRPH, todas estas sentencias ya quedan los casos como causa juzgada. El propio Supremo genera indefensión. ¿Cómo valora este hecho?
Efectivamente. Es un elemento que va en contra de los usuarios que fueron los primeros en lanzarse a batallar por sus derechos en los tribunales y se encuentran con que decisiones que les han afectado en negativo y cuando llega una decisión judicial totalmente diferente no pueden recurrir a ella. Sólo lo podrían hacer aquellos que se comprometieron a una solución intermedia o a no reclamar. En el tema de la causa juzgada el consumidor no tiene nada que hacer.
La semana pasada, el TJUE sacó una sentencia sobre la prescripción de las reclamaciones de gastos hipotecarios. ¿Esto el Supremo lo aceptará o seguirá actuando por libre?
Nosotros no tenemos confianza en sentencias revolucionarias por parte del Supremo en defensa de los derechos de los consumidores frente a la banca. No sabemos qué va a ocurrir. Lo que nos preocupa que es que se traslade la idea de que los problemas de los consumidores son responsabilidad del estamento judicial cuando las administraciones, sobre todo las que tienen las competencias de protección al consumidor y de sancionar, podrían resolver mucho los problemas. Si bien las autoridades de consumo no tienen capacidad par a obligar a cumplir a algo, pero sí tienen capacidad con acciones sancionadoras para tener un efecto disuasorio de seguir cometiendo fraudes, incluso disuasorio de cuando les abren un expediente sancionador siguen negándose a devolver el dinero que es del usuario. Sin embargo, si el banco ve que el riesgo que tiene es que le pongan una multa que multiplique por mucho el dinero defraudado, al final, la entidad puede reaccionar devolviendo el dinero para evitar la sanción, sobre todo si son multas continuadas o de oficio por fraude masivo en el que la sanción sería por el conjunto de afectados. Ese papel que podrían tener perfectamente las administraciones, porque tienen la competencia, pero no la usan, si hubiera un apolítica distinta de consumo en España todo sería muy diferente y no estaríamos tan preocupados por decisiones de los jueces exclusivamente, sino que serían las administraciones las que estarían forzando al sector financiero a cumplir las leyes. El problema es que parece que tenemos leyes que son papel mojado, que están de adorno, que no pasa nada si se incumplen y que todo queda en manos de un grupo de consumidores víctimas de esos fraudes se lancen a los tribunales, y luego ya veremos qué ocurre allí.
La banca ha campado a sus anchas durante muchos años y no se les pone freno. Cláusulas abusivas, modificaciones unilaterales de condiciones o aumento de comisiones. Insisto en la pregunta, ¿por qué nadie actúa en España contra la banca?
La banca tiene una enorme capacidad de presión. Se podría hablar de incapacidad o temor a actuar contra la banca porque, posiblemente, es el sector empresarial más poderoso. Nosotros, por la experiencia que tenemos, vemos miedo o falta de decisión, contundencia o valentía a sancionar a cualquier sector empresarial. En España no nos encontramos con macromultas a las telecos o a las eléctricas por parte de las administraciones de protección al consumidor que más competencias tienen. Hay una pasividad enorme de las autoridades que tienen que velar por el control del mercado en cuanto a la actuación ante los fraudes a los consumidores. La banca es el sector más importante, porque la envergadura de los fraudes de la banca es muy superiores, aunque también son muy importantes en las telecos y las eléctricas por el volumen de consumidores que contratan sus servicios. Entonces, ¿por qué? Hay quien dice que no se hace porque los políticos quieren terminar trabajando en esas empresas. Puede haber casos, pero yo dudo que un director general de Consumo de una Comunidad Autónoma tiene la perspectiva de terminar siendo ejecutivo de un banco o una teleco. Hay mucha tibieza. No hay mano dura como la hay en los delitos de sangre, porque tiene que haberla. En cambio, en el delito del fraude contra el consumidor, que son prácticas que pueden provocar un «robo» de decenas de miles de euros, como ocurrió con la cláusula suelo, pues no pasa nada, no hay que castigar al infractor. El castigo es la sentencia, pero no sasnción económica por parte de las administraciones. No entendemos esa tibieza porque no se puede decir que no existen organismos o que no existe un marco legal que establezca la capacidad sancionadora. Es que eso existe. El problema es que nadie hace uso de la capacidad y esas competencias.
El presidente del Gobierno, tras la polémica de la sentencia del impuesto de actos jurídicos documentados, afirmó que a partir de ese momento sería la banca quien lo pagara. Sin embargo, el Estado defendió a la banca en el TJUE respecto al IRPH o el Caso Banco Popular…
Es complicado. Es una tradición en nuestra democracia el que no haya mensajes contundentes de responsables políticos contra los fraudes empresariales. No es algo que metan en su agenda, el ser contundente, están cometiendo prácticas que están deteriorando nuestra economía, que están provocando que los consumidores tengan pérdidas millonarias por culpa de empresas que incumplan las leyes. Es necesario un cambio de la mentalidad política. Sin embargo, en muchas ocasiones, esos políticos no quieren llevarse mal con el poder económico que, al fin y al cabo, es otro poder y da la sensación de que se les tiene un respecto desproporcionado a esos poderes económicos y hasta miedo por nuestros gobernantes y no se atreven a lanzar mensajes contundentes frente a sus prácticas fraudulentas. Igual que hay que valorar en positivo lo que el tejido empresarial hace bien, también hay que lanzar mensajes críticos y, evidentemente, desarrollar todo lo que nuestro marco legislativo permite en cuanto a las sanciones frente a los que hacen las cosas mal o defraudan a la gente. Hay poca valentía o poca coherencia con el papel que tienen que desempeñar desde la clase política frente a los que incumplen las leyes.
Con el cambio de gobierno, ¿ha habido algún cambio en la interlocución de las asociaciones de defensa de los consumidores con el Ejecutivo?
Depende con qué parte del Gobierno hablemos. Nosotros con la vicepresidencia de Derechos Sociales y el Ministerio de Consumo tenemos una interlocución bastante consolidada y hablamos con responsables de ambos ministerios para trasladarles reivindicaciones que en muchos casos se ha trasladado el BOE. Tenemos una interlocución que con los gobiernos anteriores no teníamos, pero no tenemos la interlocución que nos gustaría tener con todos los ministerios. Es lógico que no tengamos reuniones con el Ministerio de Defensa, pero no lo es tanto que no hayamos tenido encuentros con el de Transporte, respecto a los fraudes de las aerolíneas, o con Economía que tiene las competencias respecto al sector bancario. Aunque en los ministerios de Unidas Podemos hemos encontrado mayor sensibilidad hacia nuestras reivindicaciones, también es cierto que el Ministerio de Consumo tiene todavía mucho camino por recorrer y tiene que ser más contundente contra el fraude. Echamos de menos más mensajes del ministro Garzón contra los fraudes de la banca o de otras empresas a través de su cuenta de Twitter, de sus discursos o de sus posicionamientos públicos.
