El Congreso de los Diputados debatirá el 29 de abril una proposición no de ley (PNL) de EH-Bildu que exige al Gobierno que, tras la admisión a trámite de dos nuevas cuestiones prejudiciales después de la bochornosa decisión del Tribunal Supremo sobre el IRPH, defienda a los afectados por esta cláusula o que, al menos, adopte una postura neutral y no se persone en defensa de la banca ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En concreto, la PNL pide al Ejecutivo defender ante la Justicia europea que la falta de transparencia de este índice «comporta de manera automática el abuso y consecuente nulidad de la cláusula» y será debatida el próximo jueves en la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso.

La proposición se justifica después de que el TJUE admitiera a trámite las dos cuestiones prejudiciales del magistrado Francisco González de Audicana (Barcelona) y de la magistrada Carmen Robles (Ibiza).

El pasado 3 de marzo de 2020 el máximo Tribunal Europeo determinó que el IRPH debía estar sujeto al control de transparencia. Sin embargo, el Tribunal Supremo español dictaminó que el índice se había comercializado sin transparencia pero que ello implicara que la cláusula fuese abusiva, lo que impedía su anulación, algo que diferentes audiencias provinciales no han tomado como doctrina y siguen anulando el IRPH. Las sentencias del Supremo fueron un nuevo ejemplo de «trabajo fino» en favor de la banca.  

La PNL de Bildu va en consonancia con la petición que hizo el pasado mes de marzo la Plataforma IRPH Stop Gipuzkoa, donde recordó que en aquel primer procedimiento los gobiernos del PP y del PSOE defend      ieron los intereses de la banca y atacaron los derechos de la ciudadanía. Por este motivo, la plataforma ha remitió un escrito dirigido a todos los grupos parlamentarios del Congreso. Al PSOE y Unidas Podemos se les pedía que el gobierno español se presentara en las nuevas causas y defendiera a la ciudadanía o, como mínimo, que se mantuviera neutral y no presentara alegaciones. Al resto de grupos les proponía presentar una Proposición No de Ley que instara al gobierno a adoptar esta postura, tal y como pide EH-Bildu en su PNL.

En el escrito remitido, al que tuvo acceso Diario16, la plataforma recordaba que después de que numerosos juzgados declararan nula por abusiva la cláusula IRPH, el Tribunal Supremo se pronunció el 14 de diciembre de 2017 y descartó que la cláusula IRPH pueda ser abusiva porque, según los magistrados firmantes, a dicha cláusula no cabía aplicarle ningún control de transparencia. Sin embargo, tal y como hemos publicado en Diario16, la sentencia contaba con un voto particular que afirmaba sin ningún género de dudas que el fallo era contrario a la jurisprudencia del TJUE.

Ante esta disparidad de criterios en el seno del Tribunal Supremo el litigio llegó a Europa, mediante una cuestión prejudicial remitida por un juzgado de Barcelona, el TJUE emitió sentencia el 3 de marzo de 2020 corrigiendo una vez más al Tribunal Supremo y determinando que la cláusula IRPH sí está sujeta al control de transparencia.

No obstante, antes de que se hiciera público dicho fallo, el procedimiento tuvo una fase de alegaciones escritas y se celebró una vista oral. El Estado español decidió participar en el procedimiento, y el 7 de junio de 2018 presentó un escrito firmado por la Abogacía del Estado ante el TJUE, que depende de la Secretaría de Estado para la UE.

En el escrito el gobierno del Partido Popular defendió ante el TJUE los intereses de la banca, afirmando que no es necesario examinar si la cláusula IRPH es o no transparente y añadiendo que «no tiene sentido suministrar las fórmulas de estos tipos oficiales porque el consumidor medio no va a entenderlas». Además, y para el caso de que el IRPH fuera declarado nulo, el gobierno de Rajoy solicitó que la nulidad no tuviera efectos retroactivos, por el impacto que esta medida tendría en la cuenta de resultados de las entidades bancarias.

Durante la vista oral, celebrada en Luxemburgo el 25 de febrero de 2019, ya con Pedro Sánchez en la Moncloa, la representante de la Abogacía del Estado español defendió esta misma postura y lo hizo de un modo beligerante, lo que provocó duros enfrentamientos con el Tribunal y con el representante de la Comisión Europea.

Tras la sentencia del TJUE, y en medio de una guerra de sentencias en juzgados y audiencias provinciales, el Supremo se pronunció el 12 de noviembre de 2020 y admitió que el IRPH no supera el control de transparencia dictado por Europa pero afirmó que, a pesar de ello, la cláusula no es abusiva. De nuevo, esta decisión del Supremo contó con un voto particular discrepante y numerosos juristas de contrastado prestigio afirman que la decisión del Alto Tribunal español es contraria a la directiva europea de protección de los consumidores.

El caso del IRPH ha sido nuevamente elevado a Europa. El mismo juzgado de Barcelona que elevó la cuestión en 2017 y un juzgado de Ibiza han remitido nuevas cuestiones prejudiciales, y ambas han sido admitidas a trámite.

Las personas afectadas por IRPH no entenderían que su gobierno volviera a atacar sus derechos ante el TJUE. Esta es la razón por la que la plataforma IRPH Stop Gipuzkoa instó al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos a:

  1. Personarse ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en los asuntos C655-20 y C-79/21 relativos al uso del índice IRPH en préstamos hipotecarios para defender los intereses de las personas afectadas, defendiendo que la falta de transparencia comporta de manera automática la abusividad y consecuente nulidad de la cláusula.
  2. Para el hipotético caso en el que el Gobierno de España decida no defender a su ciudadanía, adoptar al menos una postura neutral, no personándose en los asuntos C655-20 y C-79/21.

Todo esto se debatirá el próximo jueves. Será el momento en que se verá si las fuerzas políticas con representación parlamentaria y el Gobierno trabajan para el pueblo o para la banca.

3 Comentarios

  1. El gobierno ya todas sabemos que trabaja para la banca,demostrado está cuando el gobierno del cobarde Rajoy,robó el Banco Popular y arruinaron a más de 1200.000 españoles .

  2. El gobierno tiene como extensión de su propio brazo a los lobbys de la Banca permitiendo una atrocidad tras otra contra los consumidores. La última es permitiendo que Bankia y Caixa se fusionen esfumandose asi la probabilidad (aunque remota ) de que devolvieran una parte de los miles de millones que se han inyectado a la banca para salvarse. En fin no veo horizonte para tantos atracos por parte de las entidades hacia los clientes afectados.

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