Miles de personas convocadas por más de 50 organizaciones han salido a la calle para decirle alto y claro a Ayuso, NO Ley Ómnibus. Esta norma es un comodín que se ha sacado el PP madrileño, para entre otras cacicadas, un cambio legal que permitiría al PP y a Vox controlar la Cámara de Cuentas, el organismo que fiscaliza sus contratos y gastos, un atentado a la democracia que perjudicará a toda la ciudadanía.
Ayuso Dimisión
Ayer se supo que la Comunidad de Madrid, a través de un mensaje de Watssap restringido entre periodistas amigos de la presidenta, informó que Tomás Díaz Ayuso, hermano de Isabel Díaz Ayuso, facturó a la empresa Priviet Sportive un montante total de 283.000 euros en 2020 -justamente la misma cantidad de la que habló Pablo Casado en su entrevista en la Cope.
Por eso se ha pedido insistentemente su dimisión. Carolina Alonsos, portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid ha afirmado al inicio de la manifestación que “la ley Ómnibus además de continuar atacando los servicios públicos supondrá el control de la Cámara de cuentas que vigila los contratos públicos No es casualidad que el PP esté tan interesado en sacar esta ley adelante. Hoy tocaba salir a la calle contra esta barbaridad”. “Merecemos un Madrid sin mafia”.
Ley Ómnibus de Ayuso
El pasado 16 de febrero el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el proyecto de la Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad económica y la modernización de la Administración de la región, conocida como Ley Ómnibus. Tras este paso, el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha remitido el texto a la Asamblea de Madrid para su debate y votación durante el mes de marzo.
Nadie entiende las prisas del ejecutivo en aprobar una norma que, recordemos, modificará 33 leyes y 5 decretos e introduce 15 nuevas disposiciones de muy diversos ámbitos.
Apenas han pasado dos meses desde que La Consejería de Presidencia, Justicia e Interior hiciera público el anteproyecto de la ley , un texto que se sometió a consulta pública durante un escaso período de 7 días, en plena Navidad y en pleno desarrollo de la sexta ola del Covid 19. Esta decisión se basó en una supuesta urgencia que a día de hoy no se ha justificado. A pesar de las dificultades la ciudadanía se movilizó y se llegaron a presentar hasta 600 alegaciones y más de 50.000 firmas solicitando la paralización de la nueva norma.
Después de todo el esfuerzo realizado, los colectivos sociales consideran muy grave que ni las alegaciones ciudadanas ni las 51.700 firmas presentadas formen parte del expediente que se ha remitido a la Asamblea de Madrid. Es decir, los grupos parlamentarios no tendrán acceso a esa documentación. Es una muestra más de la opacidad con la que se está tramitando esta nueva ley.
Amplio consenso
Ante la inminencia de la aprobación de esta la Ley Ómnibus de Ayuso, las entidades convocantes de la marcha del sábado, -entre las que se encuentran asociaciones vecinales, ecologistas, juveniles, de transporte, sindicatos, ONG, colectivos por la sanidad pública y por el derecho a la vivienda y asociaciones en defensa del patrimonio-, redoblan sus esfuerzos para convertirla en un grito multitudinario de protesta.
Una norma tan importante requiere de un amplio consenso, no solo político sino también social.La Ley Ómnibus afecta a temas tan dispares e importantes como hacienda, ordenación del territorio y urbanismo. También a la regulación de la flora y fauna, vías pecuarias, parques regionales. A la ordenación del transporte urbano, Ley del Juego, carreteras, policías locales.
Otra de las medidas afectadas es la Renta Mínima de Inserción (RMI), menores, uniones de hecho, transparencia y participación. Por último, la sanidad pública, igualdad, lucha contra los incendios, emergencias o deporte.
