El grupo municipal socialista de Madrid denuncia ante los tribunales el acuerdo mediante el que se suspende Madrid Central y solicita que cautelarmente no se aplique.
A través de sus concejales Pepu Hernández y Alfredo González, los socialistas del Ayuntamiento de Madrid ha impugnado el Acuerdo adoptado por el nuevo equipo de gobierno municipal de Madrid, de no sancionar a los conductores que accedan sin autorización a la Zona de Bajas Emisiones “Madrid Central”.
El recurso interpuesto solicita la medida cautelar de suspensión de dicho Acuerdo por considerarlo ilegal y lesionar gravemente los derechos constitucionales de los ciudadanos madrileños a la protección de la salud y a disfrutar de un medio ambiente adecuado.
“Consideran el acuerdo ilegal y que lesiona gravemente los derechos constitucionales de los ciudadanos madrileños a la protección de la salud y a disfrutar de un medio ambiente adecuado”
Conforme a los datos ofrecidos por las estaciones de medición disponibles en la propia web del Ayuntamiento de Madrid, el Grupo Municipal Socialista considera probado que durante la vigencia del sistema de sanciones en Madrid Central han disminuido los niveles de dióxido de nitrógeno y que estos se han incrementado desde que dicho sistema ha sido suspendido.
Además, según los datos ofrecidos en el propio Acuerdo municipal impugnado y el Informe emitido por la Dirección General de Sostenibilidad y Movilidad que lo acompaña, la eliminación de sanciones por acceso indebido a Madrid Central carece de fundamento, pues ni existen los problemas técnicos sobre los dispositivos de control de acceso, ni los problemas jurídicos que originaron, pues todos ellos fueron efectivamente solucionados.
El escrito presentado considera que el Acuerdo impugnado constituye un auténtico trampantojo jurídico del perverso compromiso electoral de revertir Madrid Central. Así, se emplea el mecanismo previsto en el artículo 247 de la Ordenanza de Movilidad Sostenible, que no ampara la medida adoptada de suspender cautelarmente las sanciones, al estar pensada para el momento previo a la puesta en funcionamiento de la ZBE o, alternativamente, una vez se haya producido una modificación substancial de los dispositivos de control.
Ni estamos ante la puesta en funcionamiento de “Madrid Central”, ni se ha producido modificación alguna (y mucho menos, de carácter substancial) de los sistemas de control. Por todo ello, el Acuerdo incurre en una causa de nulidad radical por afectar al principio de inderogabilidad singular de los reglamentos, contemplado en el artículo 37 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común y, además, puesto que la Ordenanza sí prevé la posibilidad de suspensión general de toda la ZBE en su artículo 23, al no haberse acogido a este mecanismo, el gobierno de la ciudad ha incurrido en una manifiesta desviación de poder, prohibida por la Constitución Española en su artículo 106.
“El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid considera que la protección de la salud pública y el derecho al medio ambiente en la ciudad de Madrid constituyen un interés público a preservar”
Además, el recurso recopila parte de la jurisprudencia existente sobre la materia y hace un repaso de la legislación europea y nacional en materia de control de emisiones, calidad del aire y protección del medio ambiente, recordando que fue precisamente la puesta en marcha de medidas como Madrid Central las que paralizaron provisionalmente el procedimiento sancionador de la Comisión Europea contra España Finalmente, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid considera en su recurso que la protección de la salud pública y el derecho al medio ambiente en la ciudad de Madrid constituyen un interés público a preservar y que en ningún caso puede verse desplazado por una decisión pública arbitraria, que nace jurídicamente viciada, que carece de la más mínima fundamentación jurídica, y que se aleja flagrantemente de la deseable racionalidad que debe caracterizar la actuación de las Administraciones Públicas.
