La derechas siguen frivolizando sobre la derogación de las medidas anticontaminación que ciudades como Madrid han puesto en marcha en los últimos años. El “trifachito” municipal formado por PP, Ciudadanos y Vox ha prometido abolir el plan de Manuela Carmena alegando que no es eficaz contra las emisiones contaminantes y que va contra los intereses de los comerciantes del centro de la capital. Sin embargo, expertos juristas consultados por Diario16 aseguran que cualquier normativa que vaya en ese sentido podría enfrentarse a un posible delito contra la salud pública por el riesgo que entrañaría.
Pese a lo que diga el nuevo alcalde madrileño, José Luis Martínez Almeida, Madrid Central ha logrado reducir la contaminación hasta en un 40 por ciento según los días y revertir esa situación devolviendo a los ciudadanos a la situación anterior podría ser considerado por un tribunal como una imprudencia temeraria con efectos perniciosos para la salud de millones de personas. Está demostrado científicamente, por los informes elaborados hasta la fecha, que la contaminación atmosférica genera enfermedades pulmonares, cardiorrespiratorias y cáncer, por lo que el consistorio de Almeida debería pensárselo antes de meterse en un lío con la Justicia.
El “trifachito” ha prometido alegremente a los madrileños que abolirá la ordenanza municipal de Carmena, pero quizá lo que ha ofrecido a los ciudadanos de Madrid no sea tan fácil de llevar a cabo sin enfrentarse a un procedimiento judicial que podría terminar mal para el equipo de gobierno municipal.
Mientras tanto, los organismos internacionales advierten de que acabar con Madrid Central es una grave negligencia. Así, la directora del departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), María Neira, ha defendido los beneficios para las ciudades de medidas como Madrid Central, y ha reivindicado que “todo lo que proteja la salud no se puede tocar”, en referencia a su posible paralización por parte del Ayuntamiento de Madrid, informa Europa Press.
“Esperamos que en todas las ciudades, sobre todo las que tienen muchos habitantes, los planes que se pongan en marcha sean irreversibles, que avancen y sean cada vez más potentes para proteger la salud de los ciudadanos”, señaló Neira en declaraciones a los medios antes de la jornada Salud y Cambio Climático: aire limpio, ciudades saludables, celebrada el pasado martes en el Ministerio de Sanidad.
En esta misma línea, Neira ha defendido que iniciativas como Madrid Central, que restringen la entrada de los vehículos más contaminantes al centro de las grandes ciudades, “generan medidas económicas muy positivas, menos accidentes, una vida menos sedentaria y menos enfermedades como la obesidad”.
“Solo hay beneficios en políticas a favor de ciudades sostenibles, que van a favor del ciudadano y no del coche. Todo lo que proteja la salud no se puede tocar, hay que mejorarlo siempre”, apostilló la dirigente de la Organización Mundial de la Salud.
Más de 45 millones de personas, el 97% de la población, estuvieron expuestas en 2018 a niveles de contaminación que superan las recomendaciones de la OMS, a pesar de las abundantes lluvias del pasado año, según el informe.
En este sentido, la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha defendido que la retirada de Madrid Central “no parece mínimamente razonable ni tampoco respetuosa con la calidad de vida de las personas y su salud”. “Nos preocupa mucho su paralización”, ha resumido.
Así, ha lamentado que, mientras “la mayoría de países desarrollados están sensibilizados con los impactos del cambio climático en la salud”, su retirada “pretende caminar en dirección contraria”. Sobre si esto podría constituir un delito contra la salud pública, Carcedo ha puntualizado que resulta “prematuro”, a la espera de si Madrid Central “se sustituye o no por otras medidas”.
En cualquier caso, ha avanzado que el próximo Plan de Salud y Medio Ambiente, en el que vienen trabajando durante seis meses los ministerios de Sanidad y Transición Ecológica, recogerá “responsabilidades” para las ciudades en materia de calidad del aire. “Tendrán objetivos que deberán alcanzar no solo la Administración General del Estado, sino también comunidades autónomas y municipios”, ha apostillado.
La ministra ha avanzado que el plan está “bastante avanzado”, aunque no ha puesto fecha a su implementación. Por el momento, se está trabajando con comunidades autónomas y con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ya que “su aplicación entra de lleno en competencias autonómicas y locales, como ordenación del tráfico, diseño de la ciudad o sostenibilidad de los edificios”.
