Los ecologistas y vecinos de la localidad onubense de Nerva, en la cuenca minera de Riotinto, vienen denunciando reiteradamente desde hace años que la capacidad legal de almacenaje de residuos tóxicos y peligrosos del polémico vertedero, en funcionamiento desde hace 25 años, está superada con creces, lo que supone un peligro real y constante para los vecinos de la localidad onubense, cuyo núcleo urbano se encuentra a apenas 700 metros de distancia de las instalaciones, protagonistas de incontables incidentes medioambientales.
Ahora, la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul ha acordado imponer una multa de más de 1,6 millones de euros a la empresa que gestiona estas instalaciones, Diseño de Soluciones Medioambientales (DSM), y ha ordenado también el cierre inmediato de dos tercios de las instalaciones, las que corresponden sólo al almacenaje de los residuos no tóxicos ni peligrosos, por haber “falseado los datos exigidos por la normativa aplicable” de manera “intencionada”, con lo que se ha generado, según la Junta, “un riesgo para la salud e integridad de los trabajadores del vertedero” debido a la “posible falta de seguridad” por la “insuficiencia de garantías de estabilidad del dique de contención”, según ha avanzado El País.
Los vecinos acogen con alivio la decisión de la Junta pero ven una clara intencionalidad electoralista a escasos dos meses de las elecciones del 28-M
El Gobierno andaluz ha iniciado un procedimiento sancionador, documento que la Consejería de Sostenibilidad no ha querido facilitar, por el que se obliga a la empresa al cese inmediato de la actividad en los vasos II y III, por lo que actualmente solo quedan ya en activo los vasos IV y V, precisamente los que acogen residuos tóxicos y peligrosos, muchos de ellos procedentes de otras comunidades autónomas, como el recibido recientemente desde Menorca, o incluso de países de la Unión Europea, caso también de los recientes traslados procedentes de Italia, o de estados extracomunitarios como el que llegó de Montenegro, finalmente frenado por el Gobierno central tras constatar numerosas irregularidades.
El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, anunció el pasado 2022 la clausura definitiva del vaso I, ordenado más de tres lustros antes, en 2005. En los primeros meses de 2020, recién iniciada la pandemia del Covid-19, la empresa solicitó a la Junta una modificación de autorización ambiental integrada, con la que intentaba ampliar sus instalaciones. Pero una batería incontable de alegaciones tanto individuales como colectivas ha mantenido en un limbo administrativo todo este proceso hasta ahora que la Administración autonómica ha decidido iniciar un proceso sancionador a la empresa tras constatar numerosas irregularidades en la empresa que gestiona este vertedero. Tanto asociaciones vecinales, ecologistas e incluso todos los ayuntamientos de la cuenca minera han reclamado el cierre inmediato de unas instalaciones que ya han sido calificadas como el “basurero de Europa”.
Los vecinos de Nerva han acogido con satisfacción y alivio la decisión de la Junta, aunque también ven un claro tinte electoralista en este cierre parcial, ya que la denuncia de la saturación de las instalaciones en uso la vienen realizando desde hace años sin que ninguna administración haya actuado hasta ahora, a escasos dos meses de las próximas elecciones municipales del 28 de mayo.
