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El PSOE retira la enmienda sobre la prostitución que comprometía la ley del ‘solo sí es sí’

Irene Montero había presionado al PSOE para aplazar el debate de la prostitución y abordarlo en otro proyecto legal

Agustín Millánhttp://pompona22.wixsite.com/agustinmillan
Foto periodista especializado en manifestaciones y actos sindicales. Desde 2011 fotografiando la crisis más dura de la historia moderna. Responsable de redes sociales de la Cumbre Social España. Fotógrafo con 5 campañas electorales entre ellas la de Manuela Carmena y la de Enrique Santiago en IU Madrid.
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El PSOE ha retirado la enmienda sobre la prostitución de la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como ley del ‘solo sí es sí‘, con el fin de salvar esta norma.

El debate de la prostitución

Fuentes socialistas, que argumentan que “se trata de un ejercicio de responsabilidad, ya que el Partido Popular (PP) iba a votar en contra del dictamen”.

Esta controvertida decisión llega mientras la Comisión de Igualdad del Congreso debate su dictamen sobre esta normativa. Previsiblemente saldrá adelante a pesar del voto en contra del PP, y que ha provocado que haya discrepancias entre el PSOE y Unidas Podemos ante el debate de la prostitución.

Los socialistas querían avanzar hacia su abolición, mientras que varios de sus socios rechazan esos límites.

Vetos cruzados entre partidos por la prostitución

“La actitud improductiva y los vetos cruzados de los grupos solo logra postergar la aprobación de este texto. Además, dejan muy dañada una ley que aborda el consentimiento sexual pero que no aplicará ninguna medida para impedir una de las peores formas de violencia contra las mujeres”, aseguran desde el PSOE, que considera que la ley “tenía que tipificar penalmente el proxenetismo y la tercería locativa de forma que enfrentase la impunidad que existe ante el lucro de la prostitución de mujeres”.

Proposición de ley para abarcar la prostitución

Fuentes socialistas han avanzado a RTVE que el jueves van a registrar una proposición de ley para abarcar la prostitución y la tercera locativa. Consideran que se está perdiendo una oportunidad con esta ley para abordar este enfoque, pero apuntan que con esta decisión se demuestra que son los únicos que no están «instrumentalizando la causa».

Proxenetismo no coactivo

El proyecto que diseñó Igualdad plantea penalizar el proxenetismo no coactivo (no violento) y también a quien se lucre con el alquiler de locales destinados a favorecer la explotación de la prostitución (tercería locativa).

El PSOE, que considera que la prostitución es una forma de violencia sobre las mujeres, y quiere ir más allá y en sus enmiendas. Pide que se castigue a todo aquel que se lucre por cualquier vía ajena, sin necesidad de que haya una relación de explotación.

Libertad sexual de las mujeres

Desde ERC, Bildu, En Comú Podem, Junts o la CUP apuestan por suprimir los artículos controvertidos, al poner el énfasis en la libertad sexual de las mujeres que deciden prostituirse.

Las enmiendas al proyecto

Las enmiendas socialistas a este punto podrían salir adelante con apoyo del PP. Según fuentes del grupo parlamentario popular, aún no ha decidido su voto. La derecha se oponen a varios de los ejes centrales de la norma.

El informe redactado por la ponencia que se debate este miércoles en la Comisión mantiene los ejes del proyecto: eliminar en el Código Penal la distinción entre abuso y agresión sexual, hacer del consentimiento expreso la clave para juzgar los delitos sexuales y garantizar una atención integral a las víctimas.

Reconocer a las víctimas de violencia sexual en situación irregular

Entre las enmiendas que se han introducido en el texto tras meses de negociaciones, destaca una para reconocer el derecho a la residencia y al trabajo a las víctimas de violencia sexual en situación irregular, en el marco de las autorizaciones excepcionales recogidas en la ley de extranjería.

Violencia vicaria

Se reconoce el derecho a recibir ayudas a las madres de los menores asesinados por sus parejas o exparejas, como víctimas de la violencia vicaria, y se ha blindado la financiación de las medidas incluidas en el Pacto de Estado contra la violencia de género, al establecerse que el gobierno deberá aprobar las partidas presupuestarias necesarias.

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