No será ésta la mejor semana para el PP. Mientras en la Audiencia Nacional se inicia hoy el juicio por el pago en negro de la financiación ilegal de su sede en Génova, desde la Audiencia Provincial de Salamanca se estima parcialmente el recurso de apelación de Foro de Izquierda-Los Verdes en el caso de la presunta financiación ilegal del partido para que el hoy presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ganara las Primarias del partido y pudiera concurrir como candidato al gobierno de esta comunidad. Como así fue. Así, tendrá que declarar «acompañado de letrado», el presidente de los populares en Salamanca, Javier Iglesias.
Sorprende que el juez no incluya la palabra «investigado» en el caso de la declaración del presidente del PP en Salamanca, puesto que la ley de enjuiciamiento criminal no entiende que un testigo acuda con letrado salvo que esté siendo investigado.
El proceso judicial investiga si Mañueco exigía, según la denuncia anónima que se aceptó a trámite, dinero negro a los cargos electos para financiar las cuotas de afiliados y garantizarse el voto en las Primarias.
Cargos nacionales
Entre las personas que la Audiencia Provincial acepta que presten declaración se encuentran 32 cargos electos, entre ellos algunos que forman parte de la lista de diputados y senadores del Parlamento en la actual legislatura que tiene a Pablo Casado como jefe de la oposición. Así, se encuentra el senador Gonzalo Robles y el diputado José Antonio Bermúdez De Castro. También están el procurador a Cortes de Castilla y León por el PP, Salvador Cruz, o, entre otros, el Director General de Análisis y Planificación , Xavier Domínguez Gabiña, quien ejerció como director de comunicación durante la etapa de Alfonso Fernández Mañueco como alcalde del Ayuntamiento de Salamanca.
Según el auto de la Audiencia Provincial de Salamanca, al que ha tenido acceso Diario16, se acepta el recurso de la acción popular para que declaren en calidad de testigos, asistidos de letrado, el presidente del PP en esta provincia y presidente de la Diputación, Javier Iglesias García, así como quien fuera en el momento de los hechos el presidente de Nuevas Generaciones del PP, César Gómez Barthe y Celada, quien actualmente forma parte de la dirección del PP de Salamanca, como secretario de coordinación de grupos institucionales.
Cotejar las donaciones con los ingresos en el banco
El juez también pide al PP que, una vez facilitados por el partido los datos de las cuentas bancarias abiertas para ingresos de cuotas de afiliados, donaciones y otras aportaciones, las entidades bancarias faciliten esa documentación de forma reservada para que el Letrado de la Administración de Justicia proceda a su cotejo con la facilitada por el partido y a la anonimización de los datos de los afiliados, que quedarán identificados con sus iniciales y el último número y letra de su DNI.
Además, acepta también la Audiencia Provincial que testifiquen, para que la Acción Popular pueda interrogarles, las 32 personas identificadas como donantes para que el PP de Salamanca, después ocurriría lo mismo en Castilla y León, creara una entramado que permitiera votar a miles de militantes que llevaban años sin estar al día en las cuotas del partido.
Una denuncia anónima presentada antes de que Mañueco tomara posesión como presidente de Castilla y León, gracias al apoyo de Ciudadanos, ya que las elecciones las ganó el PSOE de Luis Tudanca, señalaba que Mañueco exigió una contribución económica en dinero negro a concejales, diputados provinciales y cargos de confianza para poder pagar las cuotas de afiliados que llevaban años sin contribuir económicamente, y muchos sin relación ya con el PP. De esa manera, se garantizaba el apoyo en las Primarias contra el otro candidato, el entonces alcalde de León, Antonio Silván.
Foro de Izquierdas-Los Verdes, agrupación hoy dentro de Podemos, recurrieron el archivo que fue revocado y en el que se especificaba que Mañueco financió ilegalmente al partido para conseguir el respaldo suficiente en las Primarias que le permitiera presidir el PP de Castilla y León y así ser el candidato a la Presidencia de la comunidad. Y esta acusación es la que ahora tendrá la Justicia que investigar.
