Denuncian la presunta manipulación de informes para proteger a Ayuso

La grave situación que se vive en la localidad de San Fernando de Henares por las trágicas consecuencias de las obras de la línea 7B de Metro ha degenerado nuevamente en una auténtica pesadilla para los afectados en las últimas semanas.

A lo largo del verano la Comunidad de Madrid continuó analizando las zonas afectadas previamente marcadas. Los afectados denuncian que el estudio inconcluso de los desalojos en los impares de la calle Pablo Olavide, la resolución final para el derribo de los edificios de los impares de la calle Presa y la finalización del derribo del primer edificio desalojado en los pares de la calle Presa y Rafael Alberti 1 y 3 no parece ser suficiente para la Comunidad de Madrid.

En las últimas semanas los trabajos de auscultación de la consejería de Transporte, desarrollados por la empresa INTEMAC, han arrojado cierta información técnica que poco o nada tiene que ver con las declaraciones políticas de los responsables ni con la realidad.

De «leves y moderados» a «colapso» en una semana

Los afectados, además de señalar que hay tres nuevos edificios en grave peligro, denuncian que los informes, emitidos el 8 de septiembre por la Comunidad de Madrid definen los daños estructurales estudiados como de tendencia «leve y moderada» planteando además que los daños «son compatibles (pero no necesariamente atribuibles) con tales movimientos» del suelo y la cimentación de los edificios estudiados.

Esta misma retórica fue apoyada poco antes de la emisión de dichos informes por la Consejería de Transporte de la Comunidad de Madrid que, «con pleno conocimiento técnico de la situación, atribuyó el desprendimiento de varios cascotes de la cornisa del edificio Rafael Alberti número 7 a un defecto en la construcción del mismo edifico y por tanto no imputable a un potencial daño estructural provocado por la infraestructura de Metro», denuncian los afectados en un comunicado de la Plataforma.

Toda esta rápida sucesión de acontecimientos se desencadenó, casualmente, coincidiendo con el Debate sobre el estado de la Región celebrado durante los días 12 y 13 de septiembre. En este punto, hay que recordar las palabras de Isabel Díaz Ayuso cuando se refirió a la situación en San Fernando de Henares, cuando afirmó que tan solo había «32 familias desalojadas, 76 expedientes de responsabilidad patrimonial que afectan a garajes y otras circunstancias. Nosotros no podemos hacer otra cosa que solidarizarnos».

¿Cómo se puede ser tan insensible con unas familias que están viendo que sus casas se les pueden caer encima? Un afectado afirmó a Diario16 que estas palabras de Ayuso «rozan la sociopatía». ¿Cómo se puede hacer una dejación de responsabilidad cuando los gravísimos problemas ya está demostrado que fueron provocados por las obras del Metro durante la época de Esperanza Aguirre?  

Sin embargo, la Comunidad de Madrid no da esperanzas a los afectados de que vaya a arreglar de manera real y efectiva la situación. David Pérez, consejero de Transportes e Infraestructuras de Ayuso, ha cargado contra el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, culpando al consistorio de demora en la confección de algunos informes, y, lo que absolutamente impropio, contra las víctimas señalando que no están colaborando y que el principal problema para resolver esta grave situación es que los afectados han recurrido al asesoramiento jurídico. ¿Pretende el gobierno de Isabel Díaz Ayuso que estas familias acudan a las reuniones con la Consejería a pecho descubierto, sin haber sido asesorados?

Sin embargo, lo sorprendente es que, tan solo dos días después del Debate sobre el estado de la Región, la Consejería de Transporte emitió al consistorio municipal un nuevo informe que alertaba de un potencial riesgo de colapso de uno de los edificios de la «Zona 0». Esto ha llevado a una situación que nadie pensaba que podría volver a suceder: el desalojo forzoso de 16 familias de sus hogares.

Las víctimas de esta tragedia se enteraron a través de los medios de comunicación, ya que los próximos desalojados no habían recibido notificación ni de la Comunidad de Madrid ni de TRAGSA, empresa semipública de obras y servicios contratada por la Consejería de Transporte para gestionar el realojo de los damnificados.

Los afectados denuncian que la Comunidad de Madrid y sus técnicos, no contentos con semejante tragedia, han defendido el desalojo parcial del edificio, solicitando al ayuntamiento que no emita una orden de ruina para otras 16 familias del inmueble. Esto significa que habría más de una decena de familias conviviendo con las próximas obras de consolidación del suelo y poniendo en riesgo sus vidas. Tanto los afectados como el Ayuntamiento de San Fernando de Henares ha exigido el desalojo completo en condiciones dignas de todas y cada una de las familias.

«De nuevo, la historia se repite y 32 familias deben abandonar en un plazo máximo de 72 horas sus hogares, sin saber si podrán volver algún día. La situación en sí es dramática, pero no deja de ser sorprendente que, a falta de cuatro días para que se cumpla en año del primer desalojo, el trato a las víctimas sea igual de vejatorio, penoso y negligente», afirman desde la Plataforma de Afectados.

Esta situación da a entender que, presuntamente, pudo haber existido una presunta manipulación en los informes para que en apenas una semana haya cambiado la situación de los daños estructurales de «leve y moderada» a tener que desalojar a 16 familias con la intención de proteger a Ayuso frente a una situación insostenible.

«¿Qué ha cambiado técnicamente para que en una semana se ordene desalojar un edificio que teóricamente sufría daños leves o moderados y estos se podían deber a defectos en la construcción? ¿Cómo es posible que si la situación actual es tan grave como apuntan se hayan planteado dejar en el mismo edificio a 16 familias? ¿Qué han hecho las familias trabajadoras de este municipio para recibir un trato inhumano? ¿Hasta dónde vamos a llegar?», se preguntan los afectados.

La realidad es que la política del gobierno de Díaz Ayuso respecto a la situación en San Fernando de Henares sigue sin responder a las necesidades reales de las víctimas. Los afectados denuncian que en la Comunidad de Madrid «siguen con su política de parches, una probada política de opacidad y una incapacidad manifiesta para responder a un problema que parece no tener fin».

Las primeras familias desalojadas, en la calle

La realidad es que el día 20 de septiembre las primeras 20 familias desalojadas, las que llevan más de un año viviendo en un aparthotel, acabarán en la calle. La orden de emergencia que sustenta su alternativa habitacional finaliza y la oferta de realojo planteada por la Consejería de Transporte es definida por los afectados como «poco más que una burla», afirma el comunicado.

En concreto, denuncian que la solución para el gobierno de Ayuso es ingresar 798 euros a las familias, sin aclarar la repercusión fiscal que pueden tener estos ingresos extraordinarios, y, aún más importante, sin ser una alternativa real ya que el pago es irrisorio en comparación con el precio de mercado de una vivienda adaptada y amueblada para unas familias que lo han perdido todo.

Los afectados están hartos de la política de parches, contratos de emergencia y del gasto millonario que pagan todos los contribuyentes. Por esta razón insisten en que la única salida para afrontar este problema es un Plan Integral con un presupuesto fijo que sea capaz de trabajar en todos los sentidos.

La situación es muy grave y Ayuso ni siquiera se ha dignado a ir a visitar la zona. Hay 411 viviendas dañadas, censadas oficialmente, sus 18 calles afectadas y miles de viviendas devaluadas. Las víctimas de la Línea 7B del Metro de Madrid merecen algo más que la negligencia y el desprecio del gobierno de Ayuso.