Los escándalos del rey Juan Carlos, un caso en el que se juntan la presunta corrupción y la elusión fiscal, han provocado una reacción unitaria del bloque de partidos de la Transición (PSOE, PP, Ciudadanos y Vox) para intentar separar los negocios por los que el emérito ocultó rentas a Hacienda, y que ya ha regularizado en dos ocasiones, de la figura Felipe VI.

El propio presidente del Gobierno, que en teoría debería ser un defensor de la celebración de un referéndum sobre el modelo de Estado por ser el máximo dirigente de un partido republicano, volvió a insistir el pasado viernes que no se cuestiona a la Corona, pero sí se reprocha lo que hizo Juan Carlos I. Absurdo.

¿Acaso se puede separar una cosa de la otra? Evidentemente, no, porque, además, pretender hacerlo no es más que comprar el argumento del Partido Popular cuando defendió los distintos casos de corrupción.

En todos los casos y desde todos los ámbitos, tanto desde el Gobierno como desde la oposición, se defiende a la Monarquía en base a la defensa del pacto constitucional. Es decir, que lo que vuelven a plantear, como ya hicieron en 1978, es la utilización de la institución que ocupa la Jefatura de Estado como el paradigma de supervivencia de la democracia española. Absurdo e incomprensible en el Partido Socialista.

Además, desde que empezaron a saltar los escándalos de Juan Carlos I, todos los partidos del bloque de la Transición están apelando a la diferenciación de la institución de los actos del rey emérito, cuando, en realidad, los monarcas, hayan abdicado o no, son los que representan a la dinastía y, en consecuencia, a la institución. Sorprende, cuanto menos, que sean los partidos políticos los que se conviertan en el muro de contención de la indignación del pueblo mientras en el Palacio de la Zarzuela se mantienen en el más absoluto silencio, es decir, en la opacidad que siempre ha caracterizado a la Monarquía.

La elusión fiscal ya ha sido reconocida en dos ocasiones al regularizar con Hacienda su situación. Sin embargo, lo grave está en que alguno de los presuntos delitos de corrupción que cometió el rey emérito se produjeron mientras ostentaba la Jefatura del Estado, es decir, mientras representaba a España por el mundo. Por tanto, no se puede deslindar la responsabilidad personal de la institucional, sobre todo cuando Juan Carlos I no negó en la carta que envió a Felipe VI cuando huyó de España los hechos por los que está siendo investigado y los enmarcó dentro de su ámbito privado.

El pacto constitucional que pretenden utilizar como escudo de la Monarquía tanto el PSOE como el PP, Ciudadanos o Vox se sostiene sobre la base del engaño y la manipulación que se aplicó al pueblo español durante la Transición. Hay que partir de la base de que la Monarquía es el último legado vivo del franquismo y es la propia historia la que determina que esta afirmación es cierta.  

En la Ley de Sucesión de 1947, además de convertir en vitalicia la Jefatura del Estado en la persona de Franco («La Jefatura del Estado corresponde al Caudillo de España y de la Cruzada, Generalísimo de los Ejércitos, don Francisco Franco Bahamonde»), se indicaba claramente que «En cualquier momento el Jefe del Estado podrá proponer a las Cortes la persona que estime deba ser llamada en su día a sucederle, a título de Rey o de Regente, con las condiciones exigidas por esta Ley, y podrá, asimismo, someter a la aprobación de aquéllas la revocación de la que hubiere propuesto, aunque ya hubiese sido aceptada por las Cortes». La persona elegida por el dictador fue Juan Carlos de Borbón y Borbón.

La sola presencia en la Jefatura del Estado de un ciudadano que está siguiendo la línea de sucesión marcada por Franco es el reconocimiento de que la Ley de Sucesión de 1947 sigue vigente «ad hoc», por más que se haya pretendido justificar desde las élites políticas, tanto conservadoras como liberales o socialdemócratas, una legitimidad democrática a lo que no la tiene porque Felipe VI y Juan Carlos I no han recibido la aprobación del pueblo soberano con su voto dado que, en realidad, sólo existe un modo de legitimación democrática: la elección libre por medio del sufragio universal. Eso no ha ocurrido en España.

Si a todo eso añadimos la manipulación que se hizo desde el poder para hacer ver que sí se votó la Monarquía, nos encontramos con una Jefatura del Estado que, además de estar sólo «legitimada» por la voluntad de Franco, se mantuvo gracias a la mentira.

Adolfo Suárez reconoció en una entrevista cómo había manipulado las cosas en el referéndum para la reforma política de diciembre de 1976. En concreto, el expresidente dijo que «cuando la mayor parte de los jefes de Gobierno extranjeros me pedían un referéndum sobre monarquía o república…, hacíamos encuestas y perdíamos». Para evitar dar la voz al pueblo español incluyeron la palabra rey y monarquía en la Ley de Reforma Política y así justificaron que ya se había hecho un referéndum, algo que, como se ve, no fue así.

En segundo término, para terminar de culminar la manipulación, no dieron la oportunidad de que los y las ciudadanas españolas pudieran elegir el modelo de Estado en el referéndum de 1978 sobre la Constitución. Esto fue un trágala en toda regla porque se metió en el paquete de la Carta Magna también a la Monarquía. Es decir, se puso a la ciudadanía entre la espada y la pared: «si queréis democracia, tendrá que ser con un rey», con el mismo que eligió Franco. ¿Ese es el pacto constitucional que defienden desde el bloque de la Transición?

Estas dos consultas son las que utilizan como argumento quienes defienden a los Borbones y su permanencia en la Jefatura de Estado. Un argumento que es falso porque en ningún momento el pueblo español ha tenido la oportunidad de decidir libremente sobre la permanencia del modelo monárquico y la instauración de la República. Tras esa consulta, si Felipe VI contara con el apoyo mayoritario de la ciudadanía, entonces sí que tendría una legitimidad democrática plena. Entonces sí que se podría hablar de pacto constitucional. Hasta que esto no ocurra, sólo se estará haciendo referencia a una operación de Estado en la que se manipuló al pueblo para proteger a la Monarquía.

Por otro lado, se pretende hacer ver que el cuestionamiento de la Corona es poner en duda el régimen político surgido durante la Transición. Esto también es falso. La Monarquía, como cualquier otra institución del Estado, está sujeta a ser cuestionada porque, de no ser así, estaríamos ante una verdadera dictadura que impide la libre expresión o la libre discrepancia. Más bien es lo contrario. El cuestionamiento de la Monarquía es el mejor acto de patriotismo que puede hacer la ciudadanía porque, en primer lugar, se pone en duda a una institución sin legitimidad democrática y, en segundo término, porque no se puede pretender que el pueblo calle.

El llamado Régimen del 78 no se sostiene porque haya un rey en la Jefatura del Estado porque su principal pilar está en las reformas incompletas que se hicieron tras la muerte del dictador. Lo que sí es indiscutible es que la democracia española jamás estará completa hasta que el pueblo dé legitimidad a su modelo de Estado porque un régimen democrático no puede estar encabezado por la institución que decidió un dictador. Eso es algo que tienen que entender tanto el PP como Vox, Ciudadanos y, sobre todo, el PSOE que con su defensa a la Monarquía está dando un paso más al abandono definitivo de las esencias ideológicas que le deberían sustentar. Alguien en Ferraz debería empezar a reflexionar sobre esto…, cuando Ferraz vuelva a ser de verdad la casa del socialismo.

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1 Comentario

  1. Estoy totalmente de acuerdo en lo que respecta a nuestra Constitución. Franco designó al rey ( en su momento príncipe para la Jefatura del Estado, lo que hizo fue dar continuidad a la Dictadura; quiere ello decir que adolecemos de una verdadera democracia.

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