La resolución del Banco Popular se realizó bajo la normativa del Marco Único de Resolución (MUR). Este hecho no tiene precedentes en Europa y las propias instituciones de la Unión están reconociendo que el Popular sirvió como experimento para comprobar que el mecanismo funciona. Por tanto, tomaron a los 1,2 millones de personas arruinadas como cobayas de laboratorio para verificar el supuestamente correcto funcionamiento del mecanismo.
En medio de toda esta situación en la que está en juego la credibilidad de la propia Unión Europea, del Gobierno de España y de sus instituciones supervisoras, la auditora PwC realizó el preceptivo informe de auditoría de las cuentas del Banco Popular y, tras el análisis del documento, se detectan cambios de criterio contable muy drásticos respecto al ejercicio 2.016 y que sólo se explican en el intento de cuadrar las cuentas y los argumentos del Banco de Santander a la hora de justificar la resolución, la compra por un euro y la ruina de más de 305.000 familias españolas.
Estos cambios de criterio contable son una parte importante de la demanda interpuesta contra el Santander por enriquecimiento ilícito por la Asociación Independiente de Afectados del Popular (AIAP).
Los resultados sin efecto fiscal de 5.458 millones de euros se justifican, por un lado, por la no activación de los créditos por bases imponibles negativas durante el ejercicio 2017, por 3.487 millones de euros; y, por otro lado, tal y como se explica en el apartado e) de esta misma nota, se registran 1.970 millones de euros derivados de los ajustes de naturaleza fiscal realizados como consecuencia de la resolución de Banco Popular y posterior adquisición por Santander, que motivaron la desactivación de créditos fiscales por bases imponibles negativas y deducciones en cuota no aplicadas, así como el reconocimiento de nuevos activos fiscales diferidos por diferencias temporarias, y finalmente la baja de los activos fiscales diferidos por deterioros de participaciones y por insolvencias de créditos con sociedades vinculadas.
Con motivo del acuerdo de resolución del Popular, se constituyeron en el primer semestre del ejercicio 2017 reservas voluntarias indisponibles por importe de 3.444,9 millones de euros, 2.098,4 por la reducción del capital social mediante la amortización de las acciones que se encontraban en circulación al 6 de junio de 2017 y 1.346,5 millones por la reducción de capital derivada del incremento del capital con exclusión del derecho de suscripción preferente para la conversión de la totalidad de los instrumentos de capital adicional de nivel 1 y posterior reducción a cero mediante la amortización de las acciones resultantes de la conversión de los instrumentos de capital adicional de nivel 1.
Por otro lado, PwC introdujo en el balance casi 3.500 millones de reservas constituidas con capital social de accionistas y bonitas, algo que ya lo pusieron en la resolución, pero visto en el balance es chocante dado que convirtieron el capital de accionistas y bonistas en reservas del Santander, algo que es increíble. El resultado de este movimiento contable es que el Santander, sin hacer nada, dispone de 8.000 millones de euros de reservas que eran de accionistas y bonistas del Popular.
Un punto clave del informe de PwC es la quita del 50% del patrimonio del Popular ubicado en el apartado Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociados: 5.186,2 millones de euros.
Resulta chocante que se le paguen 46 millones al fondo de resolución de la JUR: el gasto incurrido por la aportación realizada al Fondo de Resolución Nacional y al Fondo Único de Resolución ascendió a 46,3 millones de euros (45.933.000 de euros en el ejercicio 2016), que se encuentran registrados en el epígrafe Otros gastos de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias.
El siguiente punto demuestra cómo PwC, la auditora del Popular y del Santander intenta justificar lo injustificable. El artículo 20 del MUR establece, entre otros aspectos, que la valoración económica podrá ser completada por un análisis y una estimación del valor de los activos y pasivos según su valor de mercado, por lo que difiere de las estimaciones aplicadas por el Popular hasta la fecha de la resolución, de acuerdo con la normativa aplicable. Adicionalmente, se establece en sus apartados 5.g y 11 que una de las finalidades de la valoración es garantizar que las eventuales pérdidas sobre los activos se consignen plenamente en la contabilidad de la entidad. Asimismo, los aspectos considerados en la compra del Popular por parte del Santander en el proceso de resolución deben ser, excepcionalmente, tomados en consideración en la contabilidad del Banco.
Por tanto, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 20 del Reglamento 806/2014, el Popular realizó la estimación del valor de los activos y pasivos considerando la resolución y venta del Banco; adicionalmente, las estimaciones tuvieron en cuenta la venta acelerada en bloque y en mercado mayorista de determinados activos relacionados con el sector inmobiliario de Banco Popular y filiales.
En consecuencia, las estimaciones y circunstancias aplicadas difieren significativamente de los empleados en el ejercicio 2016. Los criterios aplicados por el Popular hasta la resolución y después de los ajustes realizados con motivo de la misma, se fijaron de acuerdo con la normativa aplicable en dicho momento, la cual contemplaba para la mayor parte de los activos del Popular su registro en base al coste histórico o coste amortizado corregido por el deterioro estimado de acuerdo con la normativa aplicable y las circunstancias a dicha fecha: entre otros Préstamos y partidas a cobrar, Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas e Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.
En esto resume PwC dónde se ha perjudicado a los afectados del Popular: para la auditora simples ajustes a valor de mercado, como si 10.000 millones desaparecieran por un cambio de criterio contable.
A continuación, el informe de PwC recoge un detalle de los principales impactos, registrados ya al cierre del primer semestre de 2017, que han supuesto pérdidas, por cambios de estimación con respecto a los aplicados al 31 de diciembre de 2016, todos ellos como consecuencia del proceso de resolución del Banco y de nuevos acontecimientos del primer semestre del ejercicio 2017 (en millones de euros):
- Inversión crediticia: 3.146
- Activos no corrientes en venta: 1.145
- Inversiones en empresas del Grupo: 3.488
- Otras provisiones: 872
- Activos fiscales diferidos: 982
- Fondo de comercio y Otros activos intangibles: 1.137
- Cartera de inversión a vencimiento y otros: 411
Según PwC, debido a la resolución existen criterios significativos que debieron ser aplicados de forma extraordinaria en las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2017, que difieren significativamente de los aplicables en la formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2016.
Como consecuencia de la resolución de la Entidad, en la formulación de las cuentas anuales los Administradores tuvieron en cuenta lo establecido en la normativa de resolución aplicable recogida en el Reglamento 806/2014 para la estimación del valor de los activos y pasivos. Además, en la formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2017 se ha considerado la venta acelerada en bloque y en mercado mayorista de determinados activos relacionados con el sector inmobiliario de Banco Popular y filiales acordada el 8 de agosto de 2017.
Excelente trabajo de investigación D.Esteban, no sé como agradecerle todo el trabajo que está haciendo en pos de sacar a la luz todas las opacidades e irregularidades que llevaron a cabo todos los actores que participaron en ésta turbia trama en la que se nos expropió las acciones del B.Popular sin ninguna explicación creíble ni compensación alguna. Le envío un fuerte abrazo y le animo a seguir con su excelente labor, los afectados le estaremos eternamente agradecidos por todo lo que ha hecho.
Enhorabuena, gran trabajo. Pensaba que solo la justicia española era lenta pero veo que no, la Europea le sigue a la zaga.
Gracias Diario 16 por todos los informes de este salvaje robo a la ciudadania cometido por » personas » ,bueno no personas,sino terroristas financieros que robaron la propiedad privada a mas de 1200.000 españoles.Esperemos que no haya muchos jueces comprados por esta pandilla de ladrones,y se consigue que nos devuelvan lo ROBADO. GRACIAS DIARIO 16.No dogo nombres de los larones porque todos ya sabemos quienes son: M. R.,L. B.,J. P.,L. G. S., S. A., y muchos mas esperemos que algun dia lo paguen junto con sus familias el daña que han hecho a mas de 300.000 FAMILIAS y a España.