Banco Popular: la declaración de inviabilidad partió de un acta presuntamente falsificada

La decisión del magistrado José Luis Calama Teixeira de reclamar todas las comunicaciones del FROB puede activar una espita que finalice, en el órgano correspondiente, con la anulación de todo el proceso de resolución y la devolución de los activos del Banco Popular a sus legítimos propietarios.

Aunque la causa que se está instruyendo en la Audiencia Nacional está centrada en aspectos penales que nada tienen que ver con la operación o la resolución (aunque, en algunos casos, relacionados con la misma), el magistrado Calama Teixeira sí que tiene la potestad de, una vez terminada la instrucción y antes de abrir juicio oral, abrir el abanico de presuntos delitos a enjuiciar si detecta que se ha producido una actividad supuestamente delictiva.

Una vez que Calama ha reclamado todas las comunicaciones del FROB, junto con la documentación de la que ya dispone, se puede sacar la conclusión de que el proceso de resolución partió de varias situaciones anómalas que se dieron en la reunión del Consejo de Administración del Popular del 6 de junio de 2016.

Tal y como publicábamos en el día de ayer, el FROB pudo haber ejecutado la resolución de Banco Popular tras una declaración de inviabilidad supuestamente aprobada en un Consejo de Administración lleno de irregularidades, lo que es una nueva causa de nulidad de la decisión. En esa reunión que provocó el inicio de la resolución Saracho y los abogados de Uría y Menéndez no dijeron la verdad a los consejeros al decirles que el envío de la carta pre redactada al BCE no iba a tener más consecuencia que una comunicación informativa e, incluso, los consejeros fueron convocados a una nueva reunión para el día siguiente a las 7 de la mañana. Cuando salieron del Edificio Beatriz no sospechaban que cuando despertaran se iban a encontrar con el banco resuelto y vendido al Santander por un euro.

Sin embargo, ahí no acabaron las irregularidades, puesto que, en el acta parcial, de la que los consejeros no tuvieron noticia hasta dos semanas después, se incluyeron aspectos que no fueron debatidos ni tratados en la reunión. Así lo indica el acta notarial de Jaime Ruiz Sacristán.

Según el documento, el borrador del acta no fue mostrada ni leída ni entregada hasta el día 28 de junio de 2017, algo que es una irregularidad. A esto hay que unir un hecho que es clave y que es indicado por el acta notarial: «Los consejeros no precedieron, al final de la reunión del Consejo del Banco de 6 de junio de 2017, a aprobar ni el acta parcial […] ni ninguna otra acta. Únicamente se firmó, al comienzo de la sesión, una lista de asistentes que, en el caso de los consejeros que asistieron por teléfono, fue suscrita por el propio ex secretario del Consejo de Administración del banco».

Por otro lado, según se indica en el documento notarial, el acta de la reunión del Consejo «no refleja la realidad de los debates, manifestaciones y cuestiones tratadas en la reunión y ello no sólo porque la misma haya sido calificada de parcial. Así, se incorporan en el acta parcial numerosas referencias, manifestaciones, datos e informaciones que no fueron objeto de análisis, debate ni aprobación por parte del Consejo de Administración del banco».

En concreto, el acta notarial afirma que no se recogen ninguna de las manifestaciones de Jaime Ruiz Sacristán en las que «reiteradamente, manifestó que el Banco Popular presentaba un problema de liquidez, pero no de solvencia».

«El acuerdo que se refleja en el acta parcial como aprobado por unanimidad por el Consejo de Administración no refleja el contenido de lo acordado. Lo único que el Consejo aprobó (ante las reiteradas advertencias de los abogados externos asistentes a la reunión de potenciales responsabilidades en las que podían incurrir los consejeros) fue dirigir al Banco Central Europeo la carta en inglés leída por el secretario Sr. Hervada», afirma el acta notarial de Ruiz Sacristán que añade, más adelante, que ni los abogados de Uría y Menéndez, ni Saracho ni Hervada «explicaron, advirtieron o aclararon a los consejeros el impacto o los efectos que la carta dirigida al Banco Central Europeo podían tener, más allá de constituirse como una mera notificación formal advirtiendo problemas de liquidez».          

Si el contenido del acta fue manipulado, se incluyeron afirmaciones que no se dieron en la reunión y se omitieron las objeciones de los consejeros, además de remitir la carta en la que se declaraba la inviabilidad y cuyas consecuencias no fueron comunicadas al Consejo, nos enfrentamos ante una nueva causa de nulidad de la resolución ejecutada por el FROB y de la posterior venta al Santander.

Por tanto, ante esta situación, fuentes jurídicas afirman a Diario16 que Calama podría concluir que, conforme a las diligencias de instrucción practicadas, aparecen indicios de que la declaración de inviabilidad se pudo haber adoptado en el consejo de administración bajo engaños, falsas promesas y supuestas amenazas a los consejeros y que permitieron el envío de la carta al BCE en la creencia de que no iba a llevar consigo la resolución inmediata, sino que se continuaría con el proceso de venta privada. No en vano, habían sido citados a una reunión del Consejo al día siguiente a las 7 de la mañana.