Banco Popular: el Santander estaba dentro de la JUR y el FROB antes de la resolución

Banco Santander es el beneficiario absoluto de la operación del Popular, el único «éxito teórico» que ha tenido Ana Patricia Botín desde que accedió a la presidencia de la entidad cántabra tras el repentino e inesperado fallecimiento de Emilio Botín. Decimos teórico porque, aunque se está beneficiando desde muchos ámbitos, el Caso Popular aún está dirimiéndose en los tribunales, tanto españoles como europeos y, en consecuencia, la realidad es que la resolución puede ser anulada en cualquier momento.

Según un documento de la Dirección General de Comunicaciones del Banco Central Europeo (BCE), al que ha tenido acceso Diario16, se afirma que «quisiéramos destacar que, una vez determinada la inviabilidad o previsible inviabilidad de Banco Popular Español S.A., el BCE informó debidamente a la Junta Única de Resolución (JUR), que adoptó un dispositivo de resolución consistente en la venta de la entidad a Banco Santander S.A. Permítanos recordarle asimismo que la JUR y el BCE han firmado un Memorándum de Entendimiento en lo que respecta a la cooperación y el intercambio de información entre ambas autoridades, el cual se respeta plenamente». Es decir, el propio BCE reconocía en dicho documento que que la resolución consistía en la venta al Santander.

Este no debe sorprender si tenemos en cuenta que la operación fue ejecutada por la Junta Única de Resolución (JUR) y el Fondo de Reestructuración Bancaria Ordenada (FROB) y que el banco presidido por Ana Patricia Botín tenía presencia en ambos organismos.

Una operación tan compleja como la del Banco Popular no puede dejarse en manos de la casualidad y todos los movimientos son calculados y planificados con precisión de cirujano. Había mucho en juego y los primeros meses del año 2017 eran cruciales a la hora de colocar las piezas necesarias para que la sexta entidad financiera de España fuera vendida al menor precio posible al Santander.

Entre enero y febrero de 2017, en plena transición en la presidencia entre Ángel Ron y Emilio Saracho, se realizó un movimiento que pudo ser fundamental en el futuro: la incorporación de un directivo del Santander al FROB, el organismo que tendría que ejecutar la resolución y el proceso de venta de la entidad.

Según se desprende de la documentación del FROB, Javier Torres Riesco se incorporó al organismo en calidad de director de Resolución y Estrategia en enero de 2017, hecho que fue hecho público el 12 de febrero, sólo ocho días antes de que Saracho accediera oficialmente a la presidencia del Popular. En esos días, además, se firmó el contrato con Uría y Menéndez.

Como decimos, Torres Riesco era un directivo del Santander, un hombre que había desarrollado casi toda su carrera profesional en el banco cántabro, en concreto, en la dirección del modelo de riesgos de la división corporativa. Las funciones para las que el FROB le contrató son:

• Actuaciones en materia de Resolución de entidades financieras atribuidas por la legislación nacional y comunitaria.
• Estrategias de venta de las entidades participadas por el FROB.
• Coordinación de la actividad internacional del FROB.

En el mismo documento del FROB se afirma de Torres Riesco lo siguiente: «Ha desarrollado su carrera fundamentalmente en Banco Santander, donde ha desempeñado diversas responsabilidades en la División de Riesgos, Tesorería Europa, Grupo Industrial, Banca Mayorista, Adjunto al vicepresidente y sociedades filiales de leasing, confirming y factoring».

Por tanto, el Santander ya había colocado una pieza clave en el lugar preciso, la autoridad nacional de resolución, para iniciar la fase final de la operación para adquirir al Popular. Por un lado, tenía a Uría y Menéndez planificando la parte jurídica con el contrato que firmó con Saracho en el mes de febrero y que fue facturado y pagado una vez que la resolución era un hecho. Por otro lado, ¿el señor Torres Riesco realizó alguna función en favor del banco cántabro? Al fin y al cabo, sus funciones en el FROB estaban dirigidas a los procesos de resolución. Diario16 ha consultado a varias asociaciones de afectados y coinciden en que el movimiento es, cuanto menos, sospechoso.

Además, hay que recordar que se produjo otro movimiento, otra «casualidad», tras la dimisión de Ángel Ron: el rechazo por parte del Ministerio de Economía del Proyecto Sunrise que hubiese saneado las cuentas del Popular.

A todo esto hay que sumar la presencia del Santander en el organigrama de la JUR, el otro organismo clave. El banco presidido por Ana Patricia Botín se convertía, por tanto, en juez y parte.

Es cierto que dentro de la organización interna de la JUR hay otras entidades europeas. Sin embargo, en el Caso Popular resulta, cuanto menos extraño, que el banco que se ha beneficiado de una decisión adoptada por la Junta continúe dentro de sus órganos de decisiones, sobre todo en lo referido a la planificación de procesos de resolución que se pudieran dar en España e Irlanda. Por tanto, esto convierte al banco presidido por Ana Patricia Botín en juez y parte de un proceso en el que hay más de un millón de personas afectadas, familias que fueron arruinadas por una decisión injusta que sólo benefició al Santander.