La JUR y el FROB sabían a la perfección que el día 6 de junio de 2017 Banco Popular cumplía con la normativa de solvencia y, por lo tanto, la resolución del banco sólo tuvo una causa: la crisis de liquidez que se provocó durante la presidencia de Emilio Saracho, principalmente a partir del mes de abril cuando el ex presidente anunció la reexpresión de las cuentas y tras su discurso de la Junta General de Accionistas que, según diferentes juristas consultados por Diario16, debió provocar que el Banco de España o el Banco Central Europeo destituyeran a Saracho por el daño que hizo a la entidad.

Sin embargo, los organismos europeos conocían a la perfección que el Popular era solvente desde mucho antes. El día 26 de noviembre de 2016 asistieron a la última reunión del Consejo de Administración bajo la presidencia de Ángel Ron miembros del Banco Central Europeo (BCE), del Banco de España (BdE) y del Banco de Portugal (BdP) para presentar las conclusiones del proceso de Revisión y Evaluación supervisora del Banco Popular.

Según el BCE, el Banco de España y el Banco de Portugal había capital y liquidez de sobra para afrontar los retos futuros

El resultado de la supervisión fue que se redujeron las exigencias de requerimientos mínimos de recursos propios. La principal conclusión fue que había capital y liquidez de sobra para afrontar los retos futuros. Los representantes de los tres organismos se mostraron muy satisfechos con la ampliación, dejando claro que la ratio de capital exigible del 10,5% bajaría al 10% si el Popular hacía provisiones a final de año por valor de 4.400 millones. Estos hechos quedaron reflejados en el Acta de dicho Consejo de Administración.

Por otro lado, el informe de Deloitte realizado para la Junta Única de Resolución (JUR) revela un valor del patrimonio del Banco Popular de más de 11.000 millones de euros, algo que coincide con lo indicado por los peritos del Banco de España.

Sin embargo, dicho informe era de liquidación y no de valoración y, por tanto, partía de una base errónea por que la entidad debía ser liquidada. Por tanto, aunque el Popular tenía solvencia acreditada, se hizo una valoración negativa con la consecuencia de que más de 305.000 familias vieron cómo se amortizaron sus acciones.

Dicho informe es contundente a la hora de calificar las causas de la caída del Popular: una crisis de liquidez generada durante el segundo trimestre del año 2017, es decir, durante la gestión de Emilio Saracho, nada que ver con la ampliación de capital, como bien ha quedado demostrado en estas páginas y en las resoluciones judiciales de varias decenas de audiencias provinciales.

Según la JUR, a día 7 de junio de 2017, el Banco Popular no infringía ninguno de los límites legales de solvencia, además de recalcar que la entidad cumpliría con los niveles de capital hasta el año 2019

En el informe de la JUR se indicaba también que el día 7 de junio no había ningún motivo para retirar la licencia bancaria al Popular para seguir operando ya que no infringía ninguno de los límites legales exigibles de solvencia, recalcando que cumpliría con los niveles de capital hasta el año 2019.

Es importante que el informe de la JUR también recalca que no era necesaria ninguna acción de reforzamiento de capital en el caso de que el Popular redujera su apalancamiento a partir de 2019, algo que estaba previsto en el Plan de Negocio que frenó el Ministerio de Economía de Luis de Guindos a través de la Secretaría General del Tesoro liderada por Emma Navarro y que Emilio Saracho se negó a llevar a efecto. Este hecho fue gravemente censurado por los peritos del Banco de España en el informe presentado ante la Audiencia Nacional.

Por otro lado, el presidente del FROB, Jaime Ponce, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, reconoció que los problemas del Popular no empezaron en la noche del 6 de junio, sino que fueron consecuencia de la «incapacidad de los gestores», es decir, de Saracho. Por otro lado, el propio Saracho, el día antes de recibir las instrucciones finales de Uría y Menéndez para declarar la inviabilidad, confirmó a sus consejeros que el Popular era absolutamente solvente.

3 Comentarios

  1. Tenemos alguna estimación aproximada de cuando el TJUE se pudiera pronunciar o dictar algun tipo de sentencia con respecto a la irregular resolución del Popular? Creo que debería ser la primera en salir, ya que la de la vía penal (Audiencia Nacional) es mas compleja y larga y debería llevar mas tiempo.

  2. Si no se recuerdo mal, el Jaime Ponce Huerta, alias el prevaricador y malversador de fondos, aún no ha sido citado a declarar por el juez Calama. Tal individuo hace mucho tiempo que debería estar imputado por prevaricador y malversador de fondos. A ver si el juez Calama se da para imputarlo, al menos la décima parte de la prisa que se dio para imputar a la directora de auditoría Yolanda García Cagiao. No me gustaría empezar a pensar que al juez Calama le tiembla la mano con los peces gordos.

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