Dicho y hecho. Tras la publicación y análisis por parte de Diario16 de la documentación aportada por el despacho de abogados Linklaters, del que fue presidente Sebastián Albella antes de ser nombrado para dirigir la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el juez Calama Teixeira, a través de una providencia dictada en el día de ayer , ha citado a declarar en calidad de testigo a Jorge Alegre, el socio de Sebastián Albella y el hombre al que el presidente de la CNMV responsabilizó del proyecto de asesoramiento para la ampliación de capital de 2016. «A su vista [en referencia a los documentos] se cita a declarar testigo para el día 19 de noviembre próximo, a las 9 horas, a D. Jorge Alegre, socio de la referida firma», afirma la providencia.

La declaración de Jorge Alegre es muy importante porque puede desmentir lo afirmado por Albella ante el juez Calama y, en consecuencia, al comparecer aquél en calidad de testigo, ser imputado por un delito de falso testimonio, algo que conlleva penas de prisión de 6 meses a 2 años de cárcel, según se recoge en el artículo 458 del Código Penal.

En el artículo publicado en estas páginas en la tarde de ayer,  se hacía referencia clara a que, en base a lo indicado en el documento presentado por Linklaters en la Audiencia Nacional, sorprendía sobremanera el esfuerzo que hacía el bufete para explicar al juez que Sebastián Albella sólo asesoró «unos minutos» cuando, en realidad, según las actas del Consejo de Administración del Popular, sostuvo un largo discurso técnico y jurídico de información favorable hacia la operación, así como a la decisión acertada  del presidente y consejeros de la entidad financiera.

Hay que recordar, por ejemplo, que el actual presidente de la CNMV echó balones fuera y responsabilizó de ese trabajo a su socio, Jorge Alegre. En la declaración, Albella fue preguntado por su participación en el asesoramiento legal para la ampliación de capital de 2016. En aquel instante el actual presidente de la CNMV ocupaba el puesto de socio director del despacho Linklaters, firma contratada por el Banco Popular para tal fin. En concreto, se le cuestionó sobre si él había utilizado la misma documentación relevante de la que disponía el bufete. Albella respondió afirmativamente. Sin embargo, al mostrarle una serie de documentos verdaderamente cualificados entregados por el banco a Linklaters, hecho que despertó la curiosidad del juez Calama, quien preguntó si había contado con toda esa documentación, a lo que Albella, viéndose acorralado, afirmó que, en realidad, lo que él sabía fue lo que Jorge Alegre, el otro socio de Linklaters, le contó 20 minutos antes de acceder al salón del consejo, ya sentados en los sofás de entrada.

En el acta del Consejo de 25 de mayo de 2016 se afirma que Sebastián Albella indicó que «plantearse la posible responsabilidad de los miembros del Consejo de Administración por adoptar un acuerdo en que pretende reforzar la solvencia de un Banco parece algo contradictorio. A continuación, explica que la reciente modificación de la Ley de sociedades de Capital española, que ha recogido de modo expreso en el ordenamiento societario español la llamada regla del juicio empresarial o “Business judgement rule”, facilita el análisis de la cuestión. Bajo el título de protección de la discrecionalidad empresarial, se establece que en el ámbito de las decisiones estratégicas y de negocio se considerará que los consejeros actúan con la diligencia exigible si toman decisiones de buena fe; debidamente informados; conforme a un procedimiento adecuado para tomar la decisión; y sin estar afectados por intereses personales en el asunto objeto de la decisión. Dándose esas circunstancias, los consejeros están protegidos en términos de responsabilidad. En su opinión, que tiene también en cuenta las características de la operación y la información de la que ha dispuesto Linklaters con ocasión de su intervención en ella, todo indica que estamos ante un ejemplo de acuerdo que se toma en al marco de la citada “Business judgement rule”. En su exposición menciona de modo especial la asistencia del Banco de inversión UBS a esta sesión, a fin de compartir su valoración de la conveniencia y momento desde una perspectiva financiera, que considera muy oportuna y que también indica que el Consejo está actuando de modo informado y diligente».

Varios de los exconsejeros que asistieron a esa reunión confirmaron en su declaración en la Audiencia Nacional que la participación de Albella no fue sólo una opinión jurídica, sino que conoció el fundamento de la ampliación de capital porque estaba perfectamente informado y estaba en posesión de todo lo relacionado con la operación, algo que Jorge Alegre podrá corroborar cuando testifique, obligado a decir la verdad, ante el juez Calama Teixeira.

4 Comentarios

  1. dirá la verdad si no quiere comerse el solo el marrón por otra parte la rata de Abella etaria encantado con la ampliación primero por lo que cobraron y segundo por que igual ya sabia que cuanto mas saneado el banco popular mucho mejor para el Santander

  2. Es surrealista y un escándalo q no se frenaran los ataques a corto contra el Popular y en cambio sí q se frenaran en Liberbank después de resuelto el Popular. ¿No hay responsabilidad de la CNMV, que contribuyó al desastroso final que se podría haber evitado? Albella claramente tendría que estar imputado.

  3. Este pajaro no deberia estar imputado sino en la carcel,ya que fue uno de los principalees ladrones del Banco Popular.

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