Banco Popular: principales claves de la declaración de Albella en la Audiencia Nacional

Hoy, a las 9 de la mañana, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está citado a testificar en el Juzgado Central de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional por el Caso Popular. Sebastián Albella es una de las personas clave de la operación que terminó con la sexta entidad financiera vendida por un euro al Santander y que tuvo un coste social verdaderamente trágico: 1,2 millones de personas arruinadas.

La declaración de Albella será muy importante, no sólo para desvelar detalles sólo conocidos por él, sino para dar explicaciones sobre determinados comportamientos y decisiones de la CNMV que pudieron afectar directamente en el proceso de generación de pánico en los mercados que se contagió a los clientes, todo ello, además, unido a la política de comunicación de transmitir noticias negativas que implementó Emilio Saracho, política que fue supervisada directamente por el despacho de abogados de cabecera del Santander.

La operación bajista, ¿por qué no la paró?

La actitud adoptada por la CNMV, una vez que Albella accedió a la presidencia, respecto al Banco Popular fue muy hostil. El supervisor tuvo en su mano frenar toda la operación desde el primer momento, pero, sobre todo, cuando permitió la actuación de las posiciones bajistas AQR Capital Management; Oceanwood Capital Management; Samlyn Capital; Lansdowne Partners; Melqart Asset Management y, sobre todo, BlackRock (máximo accionista del Santander tras la resolución) y Marshall Wace (que forma parte de JP Morgan, el banco de inversión del que fue vicepresidente Emilio Saracho). Unos días después de la resolución del Banco Popular, se suspendió la cotización de Liberbank por el exceso de posiciones en corto que, por otro lado, no alcanzaron en ningún momento la magnitud de los ataques al valor del Popular.

¿Qué habría pasado si Albella hubiese hecho como con Liberbank y hubiera prohibido las operaciones a corto? El mercado habría frenado la caída y, además, habría tenido tiempo para recuperar el valor evitando, de este modo, el pánico en los clientes particulares e institucionales, además de la bajada del rating por parte de las agencias de calificación. El Popular habría tenido tiempo de aplicar suficientes medidas para frenar la crisis de liquidez si quien estaba al frente del banco hubiera poseído la intención real de hacerlo y no torpedear al Popular desde dentro. No obstante, eso no interesaba porque el Santander estaba esperando con los brazos abiertos a que Europa interviniera. Su salvación estaba en juego.

Ampliación de capital del Santander

Albella tendrá que dar explicaciones las razones por las que la CNMV no investigó la ampliación de capital del Santander de 2017, una operación de refuerzo que, en teoría, estaba destinada a «reforzar y optimizar la estructura de recursos propios del banco para dar adecuada cobertura a la adquisición del 100% del capital social del Popular». Eso fue lo que el banco cántabro comunicó al mercado. Sin embargo, y en base a las conclusiones de un informe pericial que obra en poder de los tribunales y que no ha sido impugnado por la entidad presidida por Ana Patricia Botín, esa ampliación de capital de 2017 de 7.072 millones de euros fue destinada a reforzar el capital de Santander y no solo a cubrir la adquisición de Popular.

Sin el Banco Popular y esa ampliación de capital el Santander, según indica el informe, hubiera dado unos resultados muy diferentes a los hechos públicos en la presentación de cuentas del Ejercicio 2017. La cuenta de pérdidas y ganancias (PyG) y de patrimonio contable del Santander, a 31 de diciembre de 2017, indicaba que en el ejercicio se habían obtenido unos beneficios después de impuestos de 8.207 millones de euros y que el resultado atribuido a los accionistas minoritarios (aquellos que tienen participadas y que logran directamente el beneficio que debe ser deducido del resultado global del banco) era de 1.558 millones. Por tanto, el resultado atribuible a los accionistas del Santander fue de 6.619 millones.

Sin embargo, en ese mismo informe se indicaban unas pérdidas de 7.320 millones de euros. En la misma página de ese documento que hizo público el Santander aparece otro apartado al que denominan «Resultado Global Total del Ejercicio» y que da una cifra de 887 millones de euros con un atribuido a los minoritarios de 1.005 millones. Por tanto, el resultado total para los accionistas del Santander en el ejercicio 2017 fue de -118 millones.

El Santander decidió no incluir estas pérdidas en las cuentas ordinarias y los trató de forma separada en el apartado Otros resultados globales, lo que indica, según el informe pericial, el Santander decidió no incluir estas pérdidas en las cuentas ordinarias y los trató de forma separada en el apartado Otros resultados globales.

La CNMV tuvo acceso a esa información publicada por el Santander y si hubiese analizado dichas cuentas debería haber iniciado una investigación o abrir un expediente al banco presidido por Ana Patricia Botín por haber, presuntamente, realizado una comunicación que no se correspondía con la realidad. Sin embargo, no hizo nada y tendrá que explicar al juez Calama el porqué.

Los 400 millones de la operación bajista

En su declaración en la Audiencia Nacional, uno de los consejeros «fichados» por Saracho, Antonio González Adalid, hizo una afirmación que debería hacer remover los cimientos del Estado, sobre todo en los responsables de la lucha contra la corrupción y en la administración de Justicia. Según fuentes cercanas a la declaración, González Adalid afirmó que la causa de la resolución de la sexta entidad financiera fue el ataque de los cortos (posiciones bajistas) y que «algunos ganaron 400 millones de euros». ¿Quiénes son esos «algunos»? ¿Quién o quiénes llevaron la ignominia hasta el punto de aprovecharse de la ruina de 305.000 familias para ganar 400 millones?

Lo afirmado por el ex consejero del Popular es muy grave y debería movilizar a todos los organismos implicados porque, de confirmarse que la persona, personas, empresas, bancos o instituciones que presuntamente especularon con el Popular estaban implicadas directamente en la operación que llevó a la sexta entidad financiera de España a la resolución, estaríamos hablando de la comisión de delitos muy graves con penas de cárcel elevadas: estafa, manipulación de los mercados, organización criminal, y, sobre todo, en el caso del silencio connivente de los organismos públicos, presunta prevaricación y malversación de fondos.

Tras la confesión de González Adalid, el organismo presidido por Sebastián Albella estaba en la obligación ética y profesional de haber iniciado una investigación de quién o quiénes especularon para ganar esos 400 millones de euros. Sin embargo, como ocurrió con la ampliación del Santander, no se ha hecho nada.

Informes sin tener en cuenta la normativa del Banco de España

Uno de los puntos que Albella deberá aclarar al juez Calama Teixeira es el informe por el que abrió expediente al equipo anterior a Saracho respecto a los activos inmobiliarios del Popular que no fueron vendidos por el Santander a BlackStone que tiene dudas respecto a la minusvaloración de estos inmuebles ya que, según el supervisor, «podría deberse» a la antigüedad en la actualización de las tasaciones.

Para sostener este argumento, realizó una valoración llena de incongruencias impropias de un organismo que está al cargo de la supervisión del mercado de valores en España. Ese informe de la CNMV no tuvo en cuenta que, según la normativa del Banco de España, las tasaciones pueden tener una antigüedad de hasta 3 años y, de manera progresiva, habría que disminuir esa antigüedad a los 12 meses, según consta en la circular 4/2016.

Banco Popular cumplía al cierre de 2016 con la norma de antigüedad vigente en ese momento, tal como constataron las auditorías y revisiones tanto de PwC como de Ernst&Young, además de los trabajos al respecto de Auditoría Interna, estos dos últimos realizados voluntariamente a iniciativa y requerimiento de la Comisión de Auditoría y del Consejo de Administración.

Por otro lado, la CNMV también realiza una valoración errónea al afirmar que la reducción de valoración de dichos activos inmobiliarios «en un contexto económico de recuperación del valor inmobiliario» es «un claro indicio» de errores materiales en las cuentas del Popular, puesto que no se puede determinar el valor de unos inmuebles concretos por el valor medio general de los índices de precios.

Por este método no serían necesarias las tasaciones específicas. Cada inmueble tiene un valor, que puede ser muy distinto de la media y variar de manera diferente en el tiempo, que depende de su tipología, su grado de terminación, su ubicación, el rango de precios en el que está, el sector de compradores al que se dirige, el carácter industrial, comercial o residencial que pueda tener, etc.