domingo, 20junio, 2021
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UGT reclama la urgencia de una mesa de diálogo para frenar la epidemia de muertes en el trabajo

La Secretaria de Salud laboral y Medio Ambiente pide más inversiones por parte de las empresas y administraciones y extremar la vigilancia en el cumplimiento de la normativa

Agustín Millánhttp://pompona22.wixsite.com/agustinmillan
Foto periodista especializado en manifestaciones y actos sindicales. Desde 2011 fotografiando la crisis más dura de la historia moderna. Responsable de redes sociales de la Cumbre Social España. Fotógrafo con 5 campañas electorales entre ellas la de Manuela Carmena y la de Enrique Santiago en IU Madrid
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La secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT, Ana García de la Torre, ha urgido al Gobierno a abrir, cuanto antes, “una mesa de diálogo social específica sobre Prevención de Riesgos Laborales, para atajar una epidemia que, frente a otras como el coronavirus, pasa desapercibida, la de la siniestralidad laboral”. En este sentido, ha dicho hay que “articular un plan de choque para acabar con los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con medidas concretas y urgentes”.

La secretaria de Salud laboral y Medio Ambiente de UGT ha denunciado el incremento de accidentes graves y mortales en el inicio de este año, como los que se han producido en el vertedero de Zaldíbar, en el País Vasco, o en la empresa IQOXE, industria petroquímica de Tarragona (accidente que ha motivado la huelga general convocada hoy en el sector químico) “Unas cifras que hay que atajar y que siguen siendo intolerables”, ha insistido García de la Torre.

En 2019 se registraron 1.359.548 accidentes de trabajo, de los cuales 695 fueron mortales. La responsable de Salud Laboral de UGT ha recordado que “cada día 3.725 personas sufren un accidente laboral y 2 mueren como consecuencia de su trabajo”.

Ana García ha analizado los últimos datos de siniestralidad laboral y su evolución en todos los sectores, junto los responsables de Salud Laboral de las Federaciones del sindicato, José Mesa Ortega (FICA-UGT), Álvaro Vicioso (FeSMC-UGT), y Mª José Díez Capdepón (Técnico de la FeSP-UGT).

La Secretaria de Salud Laboral ha señalado que más allá de derogar el artículo 52 d) del Estatuto de los Trabajadores, (que permitía despedir, aunque hubiera bajas justificadas, algo que atentaba contra la salud de los trabajadores) “es necesario derogar las reformas laborales, porque han empeorado las condiciones de trabajo y disparado la precariedad laboral, lo que repercute directamente en un incremento de la siniestralidad laboral”.

Más inversiones en prevención

La responsable de Salud Laboral ha solicitado más inversiones en prevención por parte de las empresas, “ya que en un tercio de los accidentes de trabajo con baja en jornada laboral ocurridos en 2018 no se había realizado la evaluación de riesgos, y por parte de las Administraciones”. También ha reclamado “mayor dotación de recursos para las políticas preventivas para que sean eficaces”. En este sentido, ha criticado que “no puede ser que el Plan de Acción 2019-2020 de la estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo esté aprobado desde febrero del año pasado, y no se esté ejecutando a día de hoy”.

Le ha pedido al nuevo Gobierno de coalición “que inicie ya las negociaciones de una nueva Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues la vigencia de la actual termina este año”. También ha pedido “más recursos para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, no solo para vigilar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, sino también para combatir la contratación temporal injustificada, el tiempo parcial fraudulento y las horas extraordinarias no pagadas”, ha dicho García de la Torre.

La figura del Delegado Territorial y Sectorial

La responsable de Salud laboral de UGT ha incidido en que, dado el tejido empresarial de nuestro país, conformado sobre todo por pymes y micro pymes, “es preciso crear la figura del Delegado Territorial o Sectorial para asegurar que la prevención llega a todas las empresas, pues está demostrado que los centros de trabajo que cuentan con representación sindical son centros de trabajo más seguros”.

Un diagnóstico común: la precariedad laboral mata

Todos los participantes en esta rueda de prensa han constatado que a mayor precariedad laboral y peores condiciones de trabajo mayor riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, y que ha habido un repunte de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales desde la reforma laboral de 2012 hasta 2018, último año del que disponemos de datos definitivos.

Por su parte José Mesa Ortega, de FICA-UGT, ha destacado que los accidentes de trabajo han aumento un 64% en el sector de la construcción, de 2015 a 2019, y que el año pasado fallecieron 117 personas en esta actividad.

Hay un “incumplimiento flagrante de la normativa de prevención de riesgos laborales en nuestro sector y que es necesario establecer mecanismos desde la Inspección de Trabajo para atajar esta lacra” y ha anunciado que desde la Federación quiere poner en marcha una campaña específica para concienciar a las empresas y a los trabajadores y ha demandado más implicación por parte de las administraciones.

Álvaro Vicioso, de la FeSMC-UGT ha querido denunciar la lacra de la subcontratación laboral y la proliferación de las empresas multiservicios en el sector servicios, lo que lastra a la baja las condiciones laborales de los trabajadores con el consiguiente riesgo para su seguridad y salud laboral. Asimismo, ha hecho hincapié en la abusiva digitalización de las actividades laborales asociadas a este sector, que carecen de control, como sucede con las actividades de reparto.

Mª José Díez Capdepón, de la FeSP-UGT, ha resaltado entre otras cifras el aumento de los accidentes laborales en jornada dentro de las administraciones públicas, en el periodo 2016-2019, en distintas actividades y ha puesto como ejemplo lo que ocurre en el sector de la silvicultura y explotación forestal, donde aumentaron un 25% los accidentes en jornada. Algo que se ha visto favorecido por “la corta duración de los contratos de trabajo y la rotación de la mano de obra que se realiza sobre todo en la época estival, lo que dificulta la labor de vigilancia de la Inspección de Trabajo”.

Una de las deficiencias del sector público es “que, si la Administración incumple sus obligaciones preventivas, no se sanciona a sí misma”. Por eso “ha criticado la falta de evaluaciones de riesgos psicosociales en la mayoría de los centros de trabajo”, ha concluido.

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