Hasta el mes de noviembre de 2019 han fallecido 644 trabajadores y trabajadoras en accidentes de trabajo. Además, se han producido un total de 1.261.157 accidentes laborales, de los cuales 590.027 causaron la baja de la persona trabajadora y 671.130 (el 53% del total) fueron sin baja. Estos datos reflejan que las enfermedades profesionales registradas han ascendido hasta las 27.343, un 13,54% más que en el mismo periodo de 2018, de las cuales 14.409 fueron sin baja y 12.934 sí causaron baja, aunque aún siguen sin aflorar muchas de ellas.

UGT alerta del escaso reconocimiento de aquellas enfermedades profesionales causadas por agentes cancerígenos

La secretaria de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT, Ana García de la Torre sigue siendo “inaceptable el continuo aumento de muertes y enfermedades por el hecho de acudir a un puesto de trabajo. Mes tras mes, esta cifra no deja de aumentar, así como el hecho de que siguen siendo mayoritarios los accidentes laborales sin baja”. Para la responsable de Salud Laboral “sigue existiendo la infradeclaración de las enfermedades profesionales, sobre todo aquellas relacionadas con los cánceres ocupacionales”.

Ana García de la Torre alerta que “sigue siendo inaceptable el continuo aumento de muertes y enfermedades por el hecho de acudir a un puesto de trabajo. Mes tras mes, esta cifra no deja de aumentar, así como el hecho de que siguen siendo mayoritarios los accidentes laborales sin baja y, que sigue existiendo la infradeclaración de las enfermedades profesionales, sobre todo aquellas relacionadas con los cánceres ocupacionales”.

Otro aspecto urgente para la responsable de Salud Laboral de UGT es la derogación de las reformas laborales. “El aumento de la temporalidad, la alta parcialidad existente y los empleos cada vez más precarios están produciendo un incremento de la siniestralidad laboral, debido a que los empresarios obvian los derechos de información, formación, vigilancia de la salud, etc. de los trabajadores, todos ellos obligaciones empresariales. Hay que apostar de manera inmediata por trabajos decentes, de calidad y con derechos para acabar con esta lacra social, porque la precariedad laboral mata”, ha señalado.

Ana García de la Torre demanda, además, la prevención de riesgos laborales “es fundamental para minimizar los daños a la salud. Hay que dejar de considerar la prevención como un coste y pasar a verla como lo que realmente es, una inversión. En este sentido, el sindicato quiere recordar el coste de la no prevención, un coste personal, económico y social. Un coste no solo para el que se accidenta y enferma, sino también para las empresas y para el sistema público de salud. Por ello, tanto las empresas como las Administraciones Públicas deben invertir también en la prevención.

Por último, exige el desarrollo de la figura del delegado de prevención, única manera de llevar la cultura de la prevención a las empresas más pequeñas en las que no existe representación sindical.

Perspectiva de género en la prevención

Los datos también ponen de manifiesto, según Ana García de la Torre “la necesidad de culminar la introducción de la perspectiva de género en todos los aspectos que tengan relación con la prevención de riesgos laborales, ya que en muchos sectores hay una mayoría de accidentes y enfermedades sufridos por mujeres”. Se ha de abandonar el tradicional enfoque neutro para que la prevención de riesgos laborales sea efectiva para las mujeres. Los daños que sufren por motivo del trabajo solo se podrán atajar, si se tienen en cuentas las diferencias de género, al realizar la evaluación de riesgos laborales y tomar las medidas preventivas adecuadas para la persona.

Prevención frente a cancerígenos en el entorno laboral

Durante 2019, únicamente han sido registradas 63 enfermedades profesionales causadas por agentes cancerígenos, de las cuales 35 fueron provocadas por el amianto. Es evidente la infradeclaración de los cánceres de origen laboral en el sistema español. Por ello, es necesario abordar este tema de forma inmediata debido a las graves consecuencias derivadas de padecer un cáncer, tanto para la persona enferma como para sus familiares.

Por eso la responsable de Salud Laboral de UGT reclama “que se transponga al ordenamiento jurídico español la modificación de la Directiva de cancerígenos, pero manteniendo los límites de exposición de la normativa española para tres sustancias, debido a su mayor protección frente a la exposición”, entre ellos¡: sílice cristalina, valor vigente desde 2015; bromoetileno, causante de cáncer de hígado, vigente desde 2000; y el de la acrilamida, vinculada a tumores de páncreas, vigente desde 1999.

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