Ha salido a la luz un nuevo documento que prueba los “criterios de exclusión” que el Gobierno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estableció para no hospitalizar a las personas mayores que se encontraban en diferentes grados de enfermedad en de mayores.

Según publica el diario Infolibre, el Protocolo de la Comunidad de Madrid, fue recibido por hospitales y residencias geriátricas seis días después de decretarse el estado de alarma. En él se establecen los “criterios de exclusión” que impedían llevar a pacientes mayores a los hospitales, entre ellos discapacidad física o mental del residente

En el documento conocido hoy, se puede leer que “NO se derivarán al hospital a los pacientes que cumplan con los siguientes criterios”, “Se procederá a derivar al hospital a los pacientes que NO tengan las siguientes características, serían CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Las residencias señalaron que durante la etapa más dura del Covid-19, desde los hospitales se les trasladó que “no podían derivar pacientes”.

¿Tampoco era rentable para la sanidad privada?

En época normal, cuando no existía una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, la sanidad pública madrileña derivaba pacientes a la sanidad privada para que fueran tratados. Pero en este caso tampoco se derivó a ningún mayor. ¿por qué? Esa es la pregunta que se hacen desde las asociaciones medidas y desde los sindicatos madrileños.

El documento publicado por InfoLibre también explica “cómo medicar en los geriátricos a los pacientes que tienen criterios de exclusión de derivación. Esta instrucción afectó tanto a enfermos con infección respiratoria como a los que tenían otra patología”.

El pasado 11 de mayo ‘La Marea de Residencias’, que agrupa a familiares de personas mayores en residencias, presentó una querella criminal colectiva contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y 10 directores de residencias con fallecidos o mal atendidos durante esta crisis sanitaria.

Ahora, tras conocerse este documento, tanto el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, como el Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero del Partido Popular, deberán dar explicaciones, el primero se desmarca y el segundo no responde.

La Fiscalía General del Estado (FGE) inició diligencias de investigación penal abiertas a residencias de mayores, sin perjuicio de las investigaciones previas ya abiertas en diferentes juzgados de las comunidades autónomas, a por lo menos 80, sólo en la Comunidad de Madrid. También se han realizado 124 informes de seguimiento en el ámbito civil, referentes a procedimientos de protección de derechos fundamentales.

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2 Comentarios

  1. Que fuerte y estos son losque selesllenaban lavoca diciendo mentiras culpando al gobierno y poco apoco están desenmascaradolos cuanto mealegro

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