Los sindicatos y la patronal han alcanzado un preacuerdo de subida salarial fija de en torno al 2% más una parte variable del 1% ligada a conceptos como la productividad, los resultados o el absentismo injustificado.
UGT, CCOO, CEOE y CEPYME en el marco de las negociaciones del Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC) para los años 2018, 2019 y 2020, han alcanzado Principio de Acuerdo que deberá ser ratificado en los próximos días por los órganos de gobierno de las cuatro organizaciones.
El texto del preacuerdo establece que durante la vigencia del mismo, y de manera progresiva, se establecerá un salario mínimo de convenio de 14.000 euros anuales (1.000 euros en 14 pagas).
En 2010, se firmó el primer Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva (AENC) en plena crisis. Esta primera edición se remozó en 2012
y en 2015 (con la reforma laboral del Partido Popular y el rescate de la banca). El criterio que se seguía en esos acuerdos era el de la moderación salarial o la devaluación salarial.
El preacuerdo actual llega tras el fracaso de las negociaciones del AENC en el año 2017. En está ocasión se asegura que el incremento gradual «deberá enmarcarse en los propios convenios colectivos existentes, vinculándose a su renovación». Lo que se pacta no son cláusulas obligatorias sino recomendaciones para los negociadores de convenios.
Ultraactividad y procedimiento negociador
Se podrán establecer cláusulas de revisión salarial que estarán abiertas a que las redacten las partes negociadoras en cada uno de los convenios. En el texto se asegura “que se tendrá que impulsar la renovación y actualización de los convenios articulando reglas sobre vigencia, ultraactividad y procedimiento negociador”, -la prórroga automática de un convenio en ausencia de otro que lo sustituya-. Actualmente, la continuidad de los convenios estaba limitada a un año con la reforma laboral de 2012.
Tanto sindicatos como empresarios creen necesario que se mantenga “la vigencia de los convenios durante los periodos de negociación”, ambas partes proponen la “renovación y actualización de los mismos”, respectando la «autonomía de la voluntad de las unidades de negociación”. Además, cada una de las partes puede decidir que “la negociación está agotada y, por tanto, instar la mediación obligatoria o el arbitraje voluntario”.
En caso de bloqueo en las negociaciones, el acuerdo establece que las partes negociadoras deben “acudir a los sistemas de solución autónoma de conflictos establecidos en el ámbito del Estado y de carácter autonómico” para intentar desbloquearlas.
Estatuto de los trabajadores
Los firmantes del preacuerdo, los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Unai Sordo y los presidentes de CEOE, Juan Rosell, y Cepyme, Antonio Garamendi, han instado a la “modificación del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores”. Consideran que la “regularización de los procesos de descentralización no debe incentivar la competencia desleal entre empresas, ni deteriorar las condiciones de empleo”. Con ello se conseguiría que no se empeoren las condiciones laborales de los trabajadores de las empresas que deciden externalizan una parte de su trabajo, contratando otras empresas.
Para el mantenimiento del empleo, y como alternativas al despido, los agentes sociales proponen adaptar “la jornada y propiciar reducciones temporales de la misma”, favoreciendo que “el trabajador no se vea perjudicado en su protección social, ni en su retribución, favoreciendo que la empresa mantenga su plantilla y que se habiliten procesos de formación”, señala el preacuerdo.
Formación Profesional
Respecto a la Formación Profesional, el acuerdo pide “que se establezca un marco de diálogo para alcanzar un acuerdo en esta materia” y se contribuya a “proporcionar a los trabajadores las competencias, conocimientos y prácticas necesarias para mejorar su cualificación profesional”.
Reforma Laboral
UGT, CCOO, CEOE y CEPYME, se han comprometido a impulsar una reforma del actual marco legal regulador en esta área para “reforzar el carácter laboral del sistema, definir con mayor concreción las tareas y funciones a realizar por los interlocutores sociales, administraciones públicas y entidades de formación, que asegure su financiación y la reanulización automática de los excedentes”, señala el texto.
Mantenimiento del empleo
Los agentes quieren que se adopten medidas destinadas al mantenimiento del empleo en empresas con dificultades económicas, “de modo que se favorezcan alternativas al despido en la empresa, propiciando reducciones temporales de jornada o procesos de formación para una mayor cualificación de las plantillas”, señala el preacuerdo. Es decir, que se promuevan «modelos de flexibilidad interna pactada, frente a la flexibilidad externa basada en la temporalidad y extinción del contrato», y que al tiempo las empresas puedan «ajustar costes laborales«.
Absentismo y jubilación
Respecto al absentismo, abogan por la “creación de un observatorio que en el plazo de seis meses emita un informe para realizar pruebas piloto con el fin de mejorar las situaciones de absentismo no deseado”.
En materia de jubilación instan a la Administración a “realizar los cambios legales que permitan que los convenios colectivos posibiliten la extinción del contrato de trabajo por cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación”, siempre que el trabajador afectado “tenga derecho a la pensión completa de jubilación”.
Contrato relevo
El objetivo de esta medida es facilitar “el relevo generacional y vincularlo a objetivos de políticas de empleo”. Negociarán con el Gobierno, la necesidad de “recuperar el contrato relevo en las condiciones de su puesta en marcha”.
Igualdad laboral
Los agentes piden medidas para “favorecer la igualdad laboral y salarial entre hombres y mujeres”, entre ellas “que las mujeres no se ven afectadas por la atención a menores y dependientes”, y “la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad” y que estos “sean iguales e intransferibles, y el estudio del impacto de género de los pluses y complementos salariales”.
Formación para el empleo
Proponen una reforma del actual marco legal en materia de formación para el empleo en el ámbito laboral, que tenga en cuenta que son empresas y trabajadores los que financian el sistema a través de las cuotas sociales.
Ratificación por los órganos de gobierno de las organizaciones
Tras alcanzar este preacuerdo, las partes lo someterán para su ratificación en sus correspondientes órganos de dirección.
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