El candidato de Podemos a la Alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, ha presentado un escrito en el Juzgado de Instrucción nº47, solicitando adoptar nuevas diligencias por un posible delito de prevaricación y malversación de dinero público de la responsable de compras del Ayuntamiento de Madrid, por el caso mascarillas.
Podemos y el caso mascarillas
Podemos, como acusación popular del caso, vuelve a solicitar que Elena Collado, responsable de compras del Ayuntamiento, sea citada a declarar como investigada por posible delito de prevaricación administrativa y de malversación de caudales públicos.
Esta petición se realiza porque siendo Collado la encargada de las contrataciones, y aun conociendo su incumplimiento por parte de los dos comisionistas, Luceño y Medina, y de la empresa Leno, suministradora de los guantes defectuosos, no hizo nada por proteger el dinero público del Consistorio.
Roberto Sotomayor: “Vamos a ir hasta el final”
“Ante la corrupción no puede haber paños calientes. A día de hoy el Ayuntamiento de Madrid con Almeida a la cabeza sigue sin rendir cuentas ni depurar responsabilidades”, afirma Roberto Sotomayor. “Por nuestra parte, vamos a ir hasta el final. Saben que nosotros la corrupción no la dejamos pasar”, añade el candidato de Podemos a la alcaldía de Madrid.
El 8 de abril de 2020, Collado y Luceño intercambiaron mensajes de “WhatsApp” que revelan que la alto cargo del Ayuntamiento aceptó una devolución parcial del dinero por el material sanitario defectuoso recibido sin seguir ningún tipo de formalismo, sin exigir el cumplimiento del contrato o sin reclamar por su incumplimiento. Se desconoce si Collado consultó con sus superiores esta decisión que adoptó en 15 minutos.
A día de hoy, tal y como recoge el escrito registrado hoy por Sotomayor, los responsables del Ayuntamiento de Madrid no han realizado ni la devolución de los guantes y los test defectuosos adquiridos, ni la reclamación del dinero que realizaron por los mismos.
La delegada del Área de Gobierno de Hacienda del Ayuntamiento
En mayo del 2022, la acusación popular que representa a Podemos solicitó al juez del caso de las mascarillas que investigase a la delegada del Área de Gobierno de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Engracia Hidalgo, “por un delito de prevaricación en relación a presuntas ilegalidades en el proceso de contratación previo a la operación de compra de mascarillas a Luis Medina y Alberto Luceño”.
En un escrito remitido al juzgado número 47, solicitaba al magistrado imputar por el citado ilícito penal a Hidalgo “por ser quien firmó el 20 de marzo de 2020 el convenio con la Empresa Municipal de Servicios Funerarios (EMSFCM) para la adquisición de material sanitario durante la pandemia”.
Reclaman la declaración en calidad de investigada a Elena Collado
Hoy la formación morada ha vuelto a solicitar que se tome declaración en calidad de investigada a Elena Collado, coordinadora general de Personal y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, cuya declaración prevista para el 9 de mayo de 2022 se suspendió para decidir el juez la condición en la que debe comparecer.
El escrito, Podemos denuncia que “se trató de eludir la normativa de control aplicable a las contrataciones efectuadas por el Ayuntamiento mediante el artificio del Convenio con la empresa mercantil de él dependiente, lo que supone un evidente y grosero apartamiento de la legalidad cuyas nefastas consecuencias han salido ahora, al menos parcialmente, a la luz”.
Engracia Hidalgo era la última responsable de la comunicación “sobre la tramitación de expedientes de contratación de emergencia emitida un día antes de la firma del primero de los contratos objeto del presente proceso”, señalaba en el escrito.
Para la formación morada “debía tener conocimiento de que las instrucciones de contratación que salieron de su departamento, así como la Ley de Contratos del Sector Público, quedaban incumplidas como consecuencia del convenio que ella misma firmó con la EMSFCM”.
Podemos destaca en su escrito “que se utilizó a la EMSFCM para la sustracción del control previo a la labor de la Intervención y, no por una cuestión de posibilidad de anticipo de fondos” como sostuvo en su declaración ante la Fiscalía, Elena Collado.
La posibilidad de libramiento de fondos a justificar viene recogida en el art. 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, reguladora de los contratos de emergencia, que le es de aplicación también al Ayuntamiento, por lo que no era necesario trasladar las contrataciones a una empresa mercantil.
Por eso denunció que “resulta evidente el nexo causal entre las ilegalidades del proceso de contratación analizado y el perjuicio que con dicha contratación se ha causado a las arcas del Ayuntamiento”.
