Nuevo caso de presunta parcialidad judicial a favor del Santander

Hace unos días Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, recién estrenado su cargo, denunció la poca fiabilidad de la Justicia española y recordó que la Justicia europea le ha enmendado la plana en demasiadas ocasiones. En Diario16 hemos publicado varios artículos sobre denuncias presentadas a la Unión Europea contra España por corrupción judicial sistémica. En alguna de ellas se pone como ejemplo de esa presunta corrupción al Banco Santander.

Meses atrás salieron a la luz las grabaciones del excomisario Villarejo de las que se podía deducir los supuestos favores políticos y judiciales prestados por la ex vicepresidenta del gobierno y ex secretaria de Estado de Justicia, María Teresa Fernández de la Vega, al entonces presidente del Santander, Emilio Botín, y sus directivos Rodrigo Echenique Gordillo, Ignacio Uclés Romero y Ricardo Alonso Clavel, para librarles de la cárcel por el caso de las cesiones de crédito en el que estaban acusados de delito fiscal y falsedad documental.

También hemos contado el escándalo de una finca en Mijas y la causa judicial en la que los acreedores de la promotora inmobiliaria Inversión Hogar reclaman al Santander una indemnización de daños y perjuicios de 270 millones de euros.

Precisamente, tras las últimas actuaciones judiciales llevadas a cabo en este caso por la Sección 14ª de la Audiencia Provincial de Madrid —compuesta por los magistrados Pablo Quecedo Aracil, Juan Uceda Ojeda y Sagrario Arroyo García— responsable del recurso de apelación, hemos sabido a través de fuentes cercanas al caso de las dudas que acucian a los acreedores que no confían en la imparcialidad de la sección.

Los acreedores afectados, que llevan esperando cobrar sus créditos desde 1991, no comprenden cómo el magistrado ponente no se ha abstenido o no ha sido apartado de la causa tras la recusación planteada y que ha sido inadmitida a trámite por la sección declarándola extemporánea cuando, según manifiestan los afectados, fue correctamente interpuesta antes incluso de que el magistrado se reincorporase a la sección tras una baja por enfermedad.

Según fuentes de los afectados consultadas, las partes han denunciado estos hechos en diversos escritos, a los que ha tenido acceso Diario16, en los que han solicitado la nulidad por infracciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Orgánica del Poder Judicial. El magistrado recusado, Sagrario Arroyo García, habría revocado, en un recurso de apelación anterior, una sentencia en la que se condenaba al Santander a pagar más de 80 millones de euros, intervención que los afectados consideran que es causa objetiva de recusación conforme a la LOPJ.

La incertidumbre de los afectados se acrecienta porque han tenido conocimiento de que el presidente de la sección, Pablo Quecedo Aracil, fue el juez encargado de la quiebra de Ciudalcampo SA en cuya tramitación se produjo un gran escándalo en el que, según fuentes cercanas al caso, desaparecieron 71 millones de pesetas, y los acreedores afectados llegaron a presentar una queja ante el entonces Ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch, en la que denunciaban «falta de imparcialidad» del juez del caso y haber «soportado durante años todo tipo de irregularidades procesales en perjuicio de los acreedores».

Las quejas de los afectados alcanzaban también al Fiscal. En la quiebra de Ciudalcampo SA también se produjo otra recusación que fue resuelta de manera presuntamente irregular, según denunciaron los acreedores afectados. En la denuncia al Ministerio de Justicia se manifestaba que acontecía un anuncio «que podría denominarse crónica de una prevaricación anunciada» y ponían en conocimiento del ministro Belloch que el juez no había resuelto sus escritos en dos años, lo que representaba «una clara prevaricación».

Los afectados del Caso Inversión Hogar han manifestado a Diario16 que los escritos, tanto de la concursada como de las acreedoras demandantes, también son sistemáticamente rechazados sin siquiera darles el trámite procesal establecido con la consiguiente indefensión.

Los acreedores de Inversión Hogar también han tenido conocimiento de otro escándalo más reciente que afectó a los magistrados Pablo Quecedo Aracil y su concuñado Juan Uceda Ojeda de la Sección 14ª de la Audiencia Provincial, producido en un litigio de los cooperativistas de viviendas «Jardines de Valdebebas» afectados por la aseguradora ASEFA que se negaba a pagarles 5 millones de euros de un seguro de caución que tenían contratado.

En dicha causa la aseguradora fue condenada por el Juzgado de primera instancia nº 96 de Madrid a pagar los 5 millones y en la apelación los magistrados Quecedo Aracil y Uceda Ojeda revocaron la sentencia obligando a los cooperativistas a devolver el dinero a la aseguradora. Los afectados recusaron a los magistrados porque el hermano de uno de ellos era el titular del bufete Quecedo Abogados, despacho que prestaba sus servicios para la demandada ASEFA y en el que también trabajaba una sobrina de ambos magistrados.

Los cooperativistas denunciaron también que se temían que se pudiera estar influyendo en el reparto de los asuntos por la Oficina de la Audiencia Provincial para que los recursos recayesen en la misma Sección, llegando a realizar una concentración en la sede de la Audiencia Provincial de Madrid para protestar por estas irregularidades. La sentencia de los magistrados de la Sección 14ª fue revocada por el Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo y, finalmente, los cooperativistas pudieron recuperar su dinero.

Ante estos antecedentes y las irregularidades que han sufrido los propios acreedores de Inversión Hogar en su suspensión de pagos, en la que se ha llegado a denunciar que el Juzgado de primera instancia nº 20 de Madrid les ocultó el contrato firmado con el Banco Santander que impidió cobrar a los acreedores al permitir al banco hacerse con todo el patrimonio. Además, según fuentes de la promotora inmobiliaria, hubo otras irregularidades sufridas en un procedimiento anterior en el que el Santander fue condenado al pago de más de 80 millones de euros y el Banco de España y el Juzgado de primera instancia nº 19 de Madrid se negaron, irregularmente, según los acreedores, a ejecutar provisionalmente la sentencia por un aval firmado por Jaime Pérez Renovales, hoy secretario general del Santander y entonces en Banesto.

Los acreedores temen que se vuelva a producir otra irregularidad judicial en la que se absuelva al Santander pese a que en el procedimiento anterior reconoció que la finalidad del contrato era el pago de su crédito ordinario lo que, según anticipó el Tribunal Supremo, implicaría la nulidad del contrato y consiguiente condena del Santander a devolver el valor de las fincas que se apropió y daños y perjuicios que podrían ascender hasta los 270 millones de euros.