El 2 de abril de 2020, en pleno confinamiento domiciliario impuesto por el estado de alarma, el Gobierno bipartito andaluz de PP y Ciudadanos inició el proyecto de ampliación del saturado y polémico vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Nerva, en Huelva. Un año después, el mutismo de la Administración autonómica es total y ni siquiera ha informado públicamente sobre las numerosas alegaciones presentadas al proyecto de ampliación presentado por la empresa Ditecsa, que gestiona este recinto. Diario16 ha solicitado insistentemente a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible esta información, pero el silencio ha sido la única respuesta, en una estrategia paralela a la opacidad que el departamento que dirige la popular Carmen Crespo ha mantenido a nivel parlamentario durante todo este año pese a las solicitudes de información de los grupos de la oposición.
Tampoco se conocen las intenciones reales del ejecutivo andaluz sobre este polémico vertedero de residuos peligrosos, colmatado desde hace años y ubicado a escasos 700 metros del núcleo poblacional y del río Tinto. Tanto es así que mientras los concejales del PP local han iniciado una recogida de firmas para exigir la fecha de cierre definitiva de este recinto, protagonista de incontables incidentes medioambientales en más de dos décadas de existencia, los dirigentes del PP de Huelva ya dan por hecho el futuro “cierre ordenado” y plantean una inconcreta “hoja de ruta”.
Situaciones paradójicas
A esta paradójica situación se suma que el pasado junio PP, Ciudadanos y Vox sumaron sus votos para tumbar una Proposición No de Ley de Adelante Andalucía en la que solicitaban la paralización del proyecto de ampliación y abogaban por el cierre del vertedero. El Grupo Parlamentario Socialista votó por primera vez a favor del cierre de este recinto, pese a que fue el principal impulsor de su apertura a finales de los años noventa durante el Gobierno de Manuel Chaves.
En más de dos décadas de existencia del polémico vertedero apenas se han creado unos 40 puestos de trabajo en una comarca con alto desempleo
Una paradoja más que sumar a todo el entuerto que rodea los planes de ampliación de este vertedero, que acoge residuos muy peligrosos procedentes de varios países de la UE y también de otros del continente como Montenegro –pese a que inicialmente sólo estaba contemplado recibirlos únicamente de la comunidad andaluza–, es la iniciativa a la que se han sumado los siete alcaldes de la cuenca minera, socialistas todos ellos incluido el de Nerva, para recoger firmas que incluirán en las alegaciones a otro proyecto de una planta de tecnosoles que también la Junta tiene previsto conceder a la empresa Green Soil Solutions en el cercano municipio de Minas de Riotinto, en un intento soterrado de convertir la cuenca minera en el centro neurálgico de distintas empresas relacionadas con los residuos, pese a que las promesas iniciales de empleo y prosperidad para la comarca no solo no se han cumplido sino que la mantienen en la actualidad como una de las zonas con más paro estructural de toda Andalucía. En cambio, y sorprendentemente, todos estos regidores han obviado el problema latente del vertedero de Nerva, que lleva un año ya desde que trascendieron los planes de la ampliación.
Tampoco el consistorio nervense ha vuelto a convocar la mesa de seguimiento creada para promover la clausura ordenada de las instalaciones y también la promulgación de una consulta popular vinculante para conocer el sentir de los vecinos de Nerva, conscientes de que en ningún momento, durante las más de dos décadas de vida de este recinto, ha generado puestos de trabajo para la zona, apenas unos 40 en total.
