Mucho celo tiene el Gobierno de Castilla y León, con Alfonso Fernández Mañueco a la cabeza, de no politizar la escuela pública y por ello prohibe, como denunció CCOO, fomentar la matriculación en los colegios, pero hizo la vista gorda cuando los centros concertados colocaron pancartas contra la Ley Celaá.
Así, por ejemplo, en el Colegio Ponce de León, la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Educación, obligan al centro a contratar a una empresa externa para que retire la pancarta que la AMPA puso, y que se ha negado a retirar.
Contra la Ley Celaá
En este sentido, la Confederación de Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Castilla y León (Confapacal) defiende a través de un comunicado la libertad de expresión para que las Ampas cuelguen en las fachadas de los colegios carteles que defienden la educación pública. En concreto, el mensaje es ‘Yo quiero la escuela pública. «Porque es nuestra, porque es de todos’ y que la Consejería de Educación ha demandado a las asociaciones que retiren esas pancartas al ser un edificio público y no contar con la autorización», afirman.
El presidente de Confapacal, David Moya, calificó ayer la decisión de la Junta de “muy muy absurda” al entender que el mensaje colgado en esas pancartas no va en contra de nadie sino que solo pide una defensa de la educación pública, algo por lo que debe “velar” la administración autonómica.
“Parece que nos sentimos obligados a hacer estas cosas por que la Junta no defiende la escuela pública, que es la de todos y la que garantiza la igualdad y la equidad, sobre todo en el medio rural, ni favorece la matriculación en este tipo de centros”, afirmó Moya.
