El Senado dio ayer el respaldo definitivo a la nueva Ley de Educación, conocida como Ley Celaá, y en pocas semanas entra en vigor la norma educativa más progresista de la historia de España.
Con escaso consenso ante la oposición de una derecha que ve peligrar los beneficios de la Educación privada o concertada frente a la pública, la octava norma educativa de la democracia, ya es una realidad.
El nuevo texto que ayer aprobó el Senado empodera la escuela pública, modifica el Bachillerato y convierte la repetición de curso en algo excepcional. Además, con la nueva ley, el castellano dejará de ser el idioma vehicular en los centros educativos y los centros sostenidos con fondos públicos no podrán separar al alumnado por sexos.
Los colegios concertados, cuyo acceso del alumnado debería de ser completamente gratuito, encontrarán a partir de ahora más dificultades en cobrar, a través de opacas fundaciones, mensualidades a los padres de los niños y niñas que acudan a sus centros educativos.
Bronca
Como previa, el Senado protagonizó un pleno largo y con bronca, con duras descalificaciones y frecuentes interrupciones. Una imagen que produce rechazo en la ciudadanía y que sólo consigue ruido y crispación en una sociedad que, ahora más que nunca, necesita confiar en sus instituciones y cargos públicos.
Los dos partidos del Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, la izquierda y nacionalistas de ERC y PNV dieron el ‘sí’ a la Ley Celaá y PP, Ciudadanos y Vox en ‘no’ más bronco y rotundo.
Finalmente, la ley se aprobó con 142 votos a favor -nueve por encima de la mayoría absoluta necesaria-,112 en contra y las abstenciones de JxCat y EH Bildu.
El PP se saltará la ley
El líder de la oposición, Pablo Casado, lo dejó muy claro días antes, y en cuanto tuvo la certeza de que el texto saldría adelante en el Senado, advirtió que las comunidades del PP adelantarán la matriculación para sortear la Ley Celaá. Madrid ya lo ha hecho de forma oficial.
Una forma de burlar la ley por el que, por ejemplo, los presos del proceso están en prisión.
Cabe recordar que la LOMCE o Ley Wert, fue aprobada por el partido Popular, de forma unilateral, sin el consenso de ninguna fuerza política, ni de ningún sindicato. Tampoco contó con el apoyo de los padres y madres.
